El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado cerca de la medianoche del viernes 6 de noviembre desde su residencia en el barrio Santísima Trinidad, en Asunción, hacia el Regimiento Escolta Presidencial. El operativo de seguridad se ejecutó en tres camionetas bajo custodia policial, en medio de disturbios protagonizados por manifestantes que rodeaban la vivienda.
Durante la desconcentración de los vehículos, grupos de manifestantes arrojaron piedras, huevos y otros elementos contundentes contra la comitiva oficial. Efectivos de la Policía Nacional intervinieron en el lugar y reprimieron con balas de goma para dispersar la protesta, que exigía que el exfuncionario cumpliera la medida judicial en una cárcel común y no bajo arresto domiciliario.
Por qué las fuerzas de seguridad ordenaron la evacuación
La orden de traslado fue dispuesta por los equipos de seguridad ante la masiva concentración vecinal y versiones sobre personas infiltradas en la manifestación. De acuerdo con las fuerzas policiales que custodiaban el área, no estaban dadas las condiciones para garantizar el resguardo de la propiedad ni la integridad de sus ocupantes.
Hasta ese momento, Peña permanecía en su vivienda por disposición del Ministerio Público. La fiscalía había establecido que el dirigente debía guardar detención en su domicilio hasta comparecer ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para prestar declaración.
El juicio político y la pérdida de fueros
La situación judicial de Peña se precipitó tras su destitución en el Congreso. El Senado de Paraguay resolvió removerlo de su cargo por mal desempeño de funciones mediante juicio político, con el voto unánime de los 44 legisladores presentes en el recinto. Tras esa votación, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia de la Nación.
La decisión parlamentaria de avanzar con la destitución en lugar de aceptar la renuncia que Peña había presentado tuvo un efecto procesal directo: le impidió acceder a la banca de senador vitalicio y lo dejó sin fueros frente a las investigaciones en curso.
La crisis financiera detrás de las protestas
El descontento social que derivó en las manifestaciones se originó en la crisis financiera vinculada a Ueno bank, entidad de la cual Peña había sido accionista. El martes anterior, el Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de la entidad bancaria, una medida que dejó a unos 2,94 millones de clientes sin acceso a sus cuentas y fondos.
La suspensión de operaciones desató reclamos inmediatos de ahorristas en distintas ciudades del país y aceleró el proceso político en el Congreso, que culminó con el cambio de mando y las medidas cautelares sobre el expresidente.
