La Cámara de Diputados de San Juan mantiene en estudio dos proyectos destinados a frenar el avance de las estafas virtuales y telefónicas. La discusión parlamentaria tomó fuerza este domingo 8 de noviembre a partir del registro de causas de la Unidad Fiscal de Investigación de Ciberdelitos y Estafas del Ministerio Público Fiscal de San Juan, que en su primer año de funcionamiento superó los 5.300 expedientes.

La dependencia judicial había sido creada el 26 de febrero de 2024 con una proyección inicial estimada entre 2.700 y 2.800 causas anuales. Sin embargo, el volumen real prácticamente duplicó las previsiones oficiales, lo que encendió las alarmas institucionales en toda la provincia.

Qué proponen las iniciativas en la Legislatura

Una de las propuestas corresponde a un proyecto de ley presentado por la diputada Cristina López, integrante del Bloque Justicialista. La iniciativa impulsa la creación del Programa Provincial de Prevención y Asistencia frente a Fraudes o Estafas Telefónicas y Digitales, y establece a la Dirección de Defensa al Consumidor como la autoridad de aplicación encargada de coordinar las acciones.

En paralelo, el Grupo de Investigación de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo elaboró un anteproyecto que plantea un Sistema Provincial de Prevención del Ciberdelito estructurado en cuatro pilares. El trabajo académico fundamenta la necesidad de una respuesta integral ante el crecimiento de las maniobras delictivas que afectan a usuarios de diversas edades en territorio sanjuanino.

El estudio desarrollado por la casa de altos estudios aportó datos concretos sobre la percepción ciudadana en la materia: el 75,6% de las personas consultadas consideró insuficientes las medidas estatales actuales para combatir el fraude digital. A su vez, el 83,2% de los participantes manifestó que nunca recibió ningún tipo de capacitación sobre ciberseguridad.

Cómo actuar y qué pruebas guardar ante una estafa

Para los vecinos que enfrentan un intento de estafa o resultaron víctimas de una maniobra fraudulenta, la recomendación técnica es no borrar los registros y reunir toda la evidencia digital disponible. Entre las pruebas fundamentales se destacan las capturas de pantalla de las conversaciones, los comprobantes de transferencias o pagos bancarios, los números telefónicos intervinientes y los enlaces o correos electrónicos recibidos.

Con ese material probatorio recopilado, la denuncia debe presentarse formalmente ante la Unidad Fiscal de Investigación de Ciberdelitos y Estafas. Mientras los proyectos continúan su curso administrativo en comisiones legislativas, la preservación de los datos informáticos resulta el paso determinante para que los investigadores judiciales puedan rastrear el origen de las operaciones.