El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó el sábado 7 de noviembre la prisión preventiva de Santiago Peña en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción. La decisión judicial se conoció un día después de que el Senado destituyera a Peña mediante un juicio político por mal desempeño y le tomara juramento al vicepresidente Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado.
El Ministerio Público imputó a Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio en la causa por el cierre del Ueno Bank. Según la acusación fiscal, el exmandatario mantuvo una relación económica y corporativa previa con el grupo Ueno Holding, tras haber sido accionista de la entidad bancaria cuya caída provocó el congelamiento de fondos de ahorristas, jubilados e instituciones públicas.
Los cargos contra los exfuncionarios y la respuesta judicial
En el mismo expediente quedó detenido e imputado el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, investigado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y falsificación de documentos públicos. Tanto Peña como Carvallo se abstuvieron de declarar en la sede fiscal al momento de ser indagados.
La defensa de Peña, encabezada por el abogado Ricardo Preda, planteó que el expresidente no determinaba el depósito de los fondos estatales y que no existe riesgo de fuga. La Fiscalía solicitó la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas del exmandatario, medidas patrimoniales que quedaron a la espera de la decisión del juzgado interviniente.
Un juez paraguayo ordenó la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña en una causa por presunta corrupción tras el cierre de Ueno Bank. La medida judicial fue dispuesta tras su destitución en juicio político por el Senado y su imputación por lesión de confianza. Peña cumplirá la detención en una unidad militar de Asunción, mientras la Fiscalía avanza con la investigación.
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En una de las transiciones institucionales más veloces de la historia sudamericana, Santiago Peña descubrió que la distancia entre gobernar una nación y pernoctar en una unidad militar es de exactamente veinticuatro horas. El viernes el Senado le aplicó un juicio político sumario por mal desempeño, invistió al vicepresidente Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado y, para el sábado 7 de noviembre, el juez Humberto Otazú ya había rubricado su prisión preventiva con destino al mismísimo Regimiento Escolta Presidencial de Asunción. Todo cortesía de la implosión del Ueno Bank, la entidad donde el mandatario saliente supo ser accionista del holding corporativo antes de que la quiebra congelara de un plumazo los fondos de jubilados, ahorristas y organismos del propio Estado.
Acompañado en la desventura por el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo —a quien le adjudican cargos por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y falsificación de documentos públicos—, el exmandatario decidió abrazar la doctrina del mutismo absoluto y se abstuvo de declarar en el Ministerio Público. Entretanto, su abogado defensor, Ricardo Preda, desplegó el clásico manual de inocencia procesal jurando que Peña no tenía arte ni parte en la colocación de los fondos públicos y que la posibilidad de una fuga hacia el horizonte era un disparate sin fundamento.
Para redondear un fin de semana decididamente ruinoso, los fiscales exigieron la inhibición general de bienes y el congelamiento patrimonial de todas las cuentas del expresidente, a la espera del veredicto del juzgado. El flamante recluso se encamina así a experimentar en carne propia el desvelo de quedarse sin saldo disponible, en una simetría poética con los depositantes que todavía aguardan respuestas frente a las persianas bajas del banco.
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