El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo punto más discutido habilita modificaciones en el régimen de venta de tierras rurales a extranjeros, permanece frenado en el Senado desde hace más de un mes. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará cerrar durante esta semana un acuerdo con los bloques dialoguistas para llevar la iniciativa al recinto el 16 de julio, junto con la Ley Hojarasca y una nueva tanda de pliegos judiciales.
La estrategia forma parte del intento del Gobierno de mostrar avances en su agenda legislativa mientras continúa la negociación por la reforma electoral, considerada una de las principales prioridades políticas para la segunda mitad del año.
Una semana de negociaciones clave
El Gobierno aprovechará la semana para redefinir su estrategia parlamentaria y política. En ese marco, Karina Milei convocó para el miércoles a las 17 la denominada mesa política, encuentro que inicialmente iba a realizarse el martes pero fue reprogramado por el partido de la Selección Argentina.
Bullrich integra ese espacio, ahora ampliado con el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Antes de esa reunión participará del encuentro de Labor Parlamentaria previsto para el miércoles al mediodía, donde intentará conseguir el consenso necesario para convocar a la sesión del 16 de julio.
La convocatoria incluiría como ejes centrales el tratamiento de la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, los pliegos judiciales pendientes y el proyecto de propiedad privada.
El punto de conflicto: la venta de tierras
La iniciativa ingresó al Senado a fines de marzo y obtuvo dictamen de comisión en mayo, aunque todavía no llegó al recinto. El principal desacuerdo se concentra en el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales al eliminar el límite vigente del 15% del territorio nacional, provincial o departamental para la adquisición de tierras por personas físicas o jurídicas extranjeras.
Con el objetivo de reunir apoyos, el oficialismo aceptó introducir cambios para que las provincias tengan mayores atribuciones sobre las restricciones finales. Sin embargo, persistieron diferencias respecto de quién deberá autorizar las operaciones cuando intervengan Estados extranjeros, empresas con participación estatal o predios ubicados en zonas de frontera o con recursos minerales estratégicos.
Según distintas fuentes parlamentarias, el último borrador establece que, en esos casos, será necesaria una solicitud expresa de la provincia correspondiente y la autorización del Poder Ejecutivo Nacional. No obstante, algunos sectores dialoguistas sostienen que también debería intervenir el Congreso, mientras otros impulsan mantener la prohibición para Estados o empresas con participación estatal.
Presiones políticas y reforma electoral
La reunión de Labor Parlamentaria será determinante para establecer si el oficialismo logra finalmente llevar el proyecto al recinto o si deberá postergar nuevamente su tratamiento hasta después del receso parlamentario.
La discusión también recibió cuestionamientos de la CGT y de distintos espacios de la Iglesia, que expresaron su rechazo al considerar que la modificación afectaría la soberanía nacional. En ese contexto, la central sindical sostuvo: «Eliminar esa restricción (del 15% del territorio para la venta de tierras a extranjeros) significa entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua. De todo aquello que posee la Argentina».
Por su parte, un documento difundido por la Pastoral Social y otras entidades eclesiásticas advirtió: «Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse».
Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con gobernadores y bloques aliados la reforma electoral. La eliminación de las PASO sigue sin reunir los 37 votos necesarios en el Senado debido a la resistencia de sectores de la UCR, el PRO y algunos gobernadores aliados.
En ese escenario, el oficialismo impulsa alternativas para facilitar acuerdos políticos, entre ellas un mecanismo que permitiría que una candidatura presidencial esté acompañada por más de una lista de diputados nacionales, aprovechando el esquema de Boleta Única en Papel.
Con esas negociaciones aún abiertas, la prioridad inmediata de Bullrich pasa por alcanzar un acuerdo que permita aprobar el proyecto de propiedad privada y exhibir un avance legislativo antes de profundizar la discusión sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno.
