El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aceptó reabrir la discusión del dictamen de mayoría sobre discapacidad durante la extensa sesión de este miércoles, con el objetivo de incorporar modificaciones reclamadas por distintos sectores de la oposición y garantizar los votos necesarios para su aprobación.
La decisión representa un cambio respecto del acuerdo que el titular de la Cámara baja había alcanzado con legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), en una negociación que se desarrolló con diferencias respecto de la posición de la Casa Rosada.
El movimiento parlamentario se produjo ante la posibilidad de que algunos bloques inicialmente considerados cercanos al oficialismo terminaran respaldando la propuesta de prorrogar la emergencia en discapacidad impulsada por sectores opositores.
Entre los espacios que podían resultar decisivos se encontraban el bloque de Oscar Zago y los representantes vinculados con los gobiernos provinciales de Misiones y Salta, encabezados por Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, respectivamente.
El escenario obligó al oficialismo a revisar su estrategia para evitar una eventual derrota legislativa.
Los cambios que negocian para la ley de discapacidad
En medio de las conversaciones, el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad acercó una serie de propuestas de modificación al dictamen, que contarían con el acompañamiento de la bancada de Unión por la Patria, presidida por Germán Martínez.
Uno de los principales puntos consiste en identificar expresamente las partidas presupuestarias destinadas a financiar las obligaciones previstas en la ley.
La inclusión de esa precisión busca establecer de qué recursos dispondría el Estado para sostener las medidas contempladas en la normativa.
Otra de las modificaciones plantea garantizar el pago a los prestadores de servicios para personas con discapacidad dentro de un plazo de 90 días, una cuestión central para el funcionamiento de las prestaciones.
También se propone eliminar el esquema de incompatibilidades entre pensiones previsto en el dictamen original impulsado por La Libertad Avanza.
Según los sectores que reclaman esta modificación, esas restricciones podrían afectar el acceso a prestaciones y beneficios de familias con integrantes con discapacidad.
Las propuestas se encuentran vinculadas con la negociación parlamentaria y su incorporación definitiva dependerá del texto que logre reunir los apoyos necesarios.
La oposición y una votación con resultado incierto
La discusión sobre discapacidad enfrenta distintas iniciativas legislativas y posicionamientos dentro de la Cámara de Diputados.
Por un lado, el oficialismo había impulsado un dictamen alternativo acordado con sectores dialoguistas para evitar la aprobación de la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Por otro, la extensión de la emergencia contaba con el respaldo del peronismo, radicales referenciados en Pablo Juliano, legisladores cordobeses, sectores vinculados con Miguel Ángel Pichetto, el socialismo, la Coalición Cívica y la izquierda.
La posibilidad de que otros bloques se sumaran a esa propuesta puso en riesgo la mayoría que Menem buscaba construir.
Ante ese escenario, el titular de Diputados optó por habilitar cambios en el dictamen original, con la expectativa de ampliar el consenso y evitar que prosperara la iniciativa alternativa.
La negociación también estuvo atravesada por un clima de tensión entre oficialismo y oposición.
Según trascendió en la previa de la sesión, Menem pidió a los diputados libertarios evitar provocaciones contra el bloque peronista, con la intención de impedir que los enfrentamientos políticos dificultaran el desarrollo del debate.
“No bardeen a los K”, habría sido la instrucción transmitida a sus legisladores.
Sin embargo, dentro de Unión por la Patria persistían las dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero.
Algunos integrantes de la bancada manifestaban desconfianza respecto de los compromisos asumidos por Menem y de la eventual decisión del presidente Javier Milei frente a una ley sancionada por el Congreso.
En ese contexto, circuló la posibilidad de un veto presidencial, aunque desde el oficialismo parlamentario rechazaron esa hipótesis mientras continuaban las conversaciones para conseguir apoyos.
Las diferencias entre Martín Menem y el equipo económico
La discusión legislativa también dejó expuestas diferencias entre el presidente de la Cámara de Diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Menem había avanzado en un entendimiento con bloques aliados para impulsar una alternativa a la prórroga de la emergencia en discapacidad, mientras el Ministerio de Economía mantenía una orientación presupuestaria más restrictiva para el sector.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había presentado un proyecto de presupuesto que contemplaba ajustes en el área, una posición que contrastaba con las concesiones negociadas por Menem para asegurar respaldo parlamentario.
Las diferencias quedaron reflejadas durante una intervención del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Al referirse al proyecto de discapacidad, el funcionario reconoció que el Gobierno “hubiera preferido otra cosa”, aunque señaló que “el bloque” había adoptado una decisión diferente.
Las declaraciones evidenciaron que el acuerdo legislativo no coincidía plenamente con las preferencias del equipo económico nacional.
En ese marco, la decisión de Menem de aceptar nuevas modificaciones al dictamen puede interpretarse como otro movimiento de negociación parlamentaria que se aparta de la posición inicialmente sostenida por la Casa Rosada.
El resultado de las conversaciones dependerá de la redacción definitiva del proyecto y de los votos que consiga reunir durante la sesión.
Los principales puntos pendientes se concentran en el financiamiento de la normativa, los plazos de pago a prestadores y las condiciones de acceso a las pensiones, cuestiones que determinarán el alcance efectivo de la legislación sobre discapacidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aceptó revisar el dictamen de mayoría sobre discapacidad durante la sesión de este miércoles, ante el riesgo de perder apoyos legislativos. Las modificaciones propuestas incluyen financiamiento presupuestario, pagos a prestadores en 90 días y cambios en las incompatibilidades de las pensiones. La negociación expone diferencias entre sectores oficialistas y la Casa Rosada.
La política argentina acaba de ofrecer una nueva demostración de su extraordinaria capacidad para convertir una ley en un documento que cambia de forma mientras se lo está discutiendo. Martín Menem llegó a la sesión con un dictamen sobre discapacidad acordado con aliados parlamentarios y terminó aceptando que se revisara sobre la marcha. No porque hubiera aparecido una revelación legislativa inesperada, sino porque la calculadora de votos comenzó a mostrar un panorama bastante menos tranquilizador que el previsto.
El presidente de Diputados había conseguido un entendimiento con sectores del PRO, la UCR y el MID, pero el equilibrio dependía de que otros bloques no decidieran acompañar la propuesta opositora de prorrogar la emergencia en discapacidad. En ese escenario, cada legislador adquirió el valor político de una pieza de colección: difícil de conseguir, indispensable para completar el conjunto y con una capacidad extraordinaria para alterar los planes de quien creía tener todo resuelto.
La solución fue tan parlamentaria como argentina: abrir el dictamen y empezar a modificarlo. Entre las propuestas aparecieron partidas presupuestarias identificadas, garantías de pago a prestadores dentro de los 90 días y la eliminación de incompatibilidades para acceder a pensiones. Es decir, cuestiones que para las personas con discapacidad y sus familias representan condiciones concretas de asistencia, pero que en el Congreso también se convirtieron en variables decisivas para construir una mayoría.
Menem, además, habría impartido una instrucción destinada a conservar la calma durante la sesión: “No bardeen a los K”. La recomendación tiene una profundidad institucional notable para los estándares del debate parlamentario: pedirles a los legisladores que no provoquen a sus adversarios para que una negociación pueda desarrollarse sin transformarse en un campeonato de agravios. Una norma de convivencia que, de prosperar, podría revolucionar varias sesiones futuras.
El problema es que la desconfianza no desaparece porque se cambie el tono de las intervenciones. En Unión por la Patria persisten las dudas sobre el cumplimiento de eventuales acuerdos y sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete una ley aprobada por el Congreso. Los libertarios niegan esa posibilidad mientras buscan respaldo. Así, la negociación tiene un ingrediente adicional: no alcanza con acordar el contenido de una norma; también hay que convencer a los demás de que el acuerdo sobrevivirá a su aprobación.
Por si faltaba complejidad, la discusión dejó al descubierto diferencias entre Menem y el equipo económico. Luis Caputo había enviado un presupuesto con ajustes en el área, mientras el titular de Diputados negociaba una alternativa legislativa. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, terminó reconociendo que el Gobierno “hubiera preferido otra cosa”. Una frase diplomática que resume bastante bien el desconcierto de un oficialismo obligado a convivir con decisiones que no siempre coinciden con sus preferencias.
La sesión, entonces, se convirtió en una negociación donde el texto, los votos y las promesas se revisan simultáneamente. Para quienes dependen de prestaciones y pensiones, lo relevante será el contenido efectivo de la ley y su aplicación. Para la dirigencia política, mientras tanto, quedó una lección elemental: cuando una mayoría parlamentaria parece segura únicamente hasta que alguien vuelve a contar los votos, probablemente todavía no sea una mayoría.
