El Gobierno nacional modificó el régimen que regula el cobro de derechos y aranceles por el uso del espectro radioeléctrico en Argentina. La medida fue adoptada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mediante la Resolución 481/2026, publicada el lunes 6 de julio en el Boletín Oficial, y reemplaza un sistema vigente desde diciembre de 1995.
La actualización alcanza a un amplio conjunto de usuarios que utilizan frecuencias para desarrollar sus actividades, entre ellos operadores de telecomunicaciones, redes y sistemas de radiocomunicaciones, enlaces de transporte de señales, servicios marítimos y aeronáuticos, además de distintas redes privadas e institucionales.
Un régimen adaptado a las nuevas tecnologías
Según el ENACOM, el esquema anterior había quedado desactualizado frente a la evolución tecnológica registrada durante las últimas tres décadas. La expansión de la telefonía móvil, el desarrollo de Internet, la digitalización de las redes y la aparición de nuevos servicios de radiocomunicaciones derivaron en sucesivas modificaciones parciales que terminaron conformando una normativa fragmentada y compleja.
El organismo sostiene que muchas de las tecnologías actuales no existían cuando fue aprobado el régimen original y que las comunicaciones funcionan hoy en un entorno convergente, donde los contenidos pueden producirse, transportarse y distribuirse sin depender de una única plataforma tecnológica.
En ese contexto, la reforma redefine la forma de calcular los derechos radioeléctricos, vinculando los pagos con las características técnicas de cada servicio, su modalidad de operación y la porción del espectro efectivamente utilizada.
Menos categorías y cambios en la facturación
Entre las principales modificaciones, el nuevo régimen simplifica la cantidad de rubros existentes, incorpora categorías específicas para servicios que anteriormente eran asimilados a otros sistemas y elimina tecnologías que quedaron en desuso.
La resolución también aprueba cuatro anexos que contienen el nuevo Régimen de Derechos y Aranceles Radioeléctricos, los anchos de banda de referencia, los aranceles administrativos y las tablas de valores aplicables para determinados sistemas.
El impacto económico no será uniforme para todos los operadores, ya que dependerá de factores como el tipo de servicio, las frecuencias utilizadas, el ancho de banda asignado y las características técnicas de cada red.
Otro de los cambios relevantes apunta a la periodicidad de los pagos. El ENACOM detectó que una cantidad importante de facturas tenía un valor tan reducido que el costo administrativo de emitirlas, enviarlas y gestionar su cobro resultaba superior o muy cercano a la recaudación obtenida.
Para corregir esa situación, la reforma habilita modificaciones en la frecuencia de facturación de determinados servicios, con el objetivo de disminuir la cantidad de comprobantes emitidos y optimizar los procesos de cobranza.
Derogación de normas y período de transición
La resolución elimina categorías correspondientes a sistemas como los Multicanales Analógicos (MXA), Multicanales Digitales (MXD), Transporte de Programas de Televisión (TPTV) y Transporte de Señales de Video (STSV), cuya estructura había quedado desactualizada frente a los cambios en el uso de las bandas de frecuencia.
Además, deroga una extensa serie de normas dictadas entre 1996 y 2025 con el propósito de concentrar en un único régimen la regulación sobre derechos radioeléctricos.
La reforma también contempla procedimientos simplificados para usuarios de menor escala, como los Servicios de Banda Ciudadana, los sistemas de Reducida Potencia y determinadas estaciones deportivas de barco del Servicio Móvil Marítimo. Asimismo, elimina el derecho anual de mantenimiento que abonaban algunas instituciones sanitarias y de beneficencia, debido a su escasa incidencia recaudatoria.
Las nuevas disposiciones comenzarán a regir a los 90 días de la publicación de la resolución. Durante ese período, el ENACOM deberá adecuar sus sistemas administrativos e informáticos y dictar las normas complementarias necesarias para implementar el nuevo esquema.
Para las empresas alcanzadas por la medida, ese plazo permitirá evaluar el impacto que tendrán las nuevas fórmulas de cálculo, las categorías incorporadas y los cambios en la periodicidad de los pagos sobre sus estructuras de costos.
