Un informe técnico de Zentrix Consultora sostiene que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contiene los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sin modificar el resultado fiscal proyectado por el Gobierno.

De acuerdo con el estudio, cumplir con la norma demandaría entre $2 y $3,65 billones durante 2027, mientras que el propio proyecto presupuestario deja $5,93 billones sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro.

La conclusión del informe es que, como esos recursos ya forman parte del gasto total previsto, destinarlos al sistema universitario no implicaría aumentar el gasto ni alterar el resultado financiero contemplado en el Presupuesto.

Cuánto costaría aplicar la ley

La Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, se encuentra vigente desde octubre de 2025, luego de que ambas cámaras del Congreso insistieran con los dos tercios frente al veto presidencial.

El Poder Ejecutivo promulgó la norma, aunque suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025 argumentando que no se había determinado de dónde surgirían los fondos necesarios para financiarla.

Desde entonces, la Justicia ordenó cumplir los artículos vinculados con salarios y becas a través de una medida cautelar que quedó firme en junio. Posteriormente, el 6 de octubre, un juzgado federal ordenó aplicar la ley de manera integral, decisión que fue apelada por el Gobierno.

El análisis de Zentrix toma como base los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales.

Cumplir solamente con las exigencias actualmente contempladas en la medida cautelar, centradas en recomposición salarial y becas, demandaría aproximadamente $2 billones.

En cambio, aplicar la ley en su totalidad, incorporando la actualización de los gastos de funcionamiento y el financiamiento para hospitales universitarios y ciencia, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones, según la base de cálculo utilizada.

En cualquiera de los escenarios, el costo representaría entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado para 2027, equivalente a entre un 0,14% y un 0,26% del PBI.

Dónde estarían los recursos

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un fuerte incremento en las Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasarían de $5,6 a $14,8 billones.

Dentro de ese total, $7,68 billones aparecen bajo el concepto de “Otras asistencias financieras” sin un destino previamente establecido.

Según el informe, incluso descontando los fondos previstos para aumentos salariales del Estado, por $1,45 billones, y el presupuesto universitario actual, por $0,30 billones, quedarían $5,93 billones de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo.

De esta manera, aplicar de forma completa la Ley de Financiamiento Universitario representaría, en el escenario de mayor costo, aproximadamente el 62% de ese fondo sin asignación específica.

El estudio remarca que esta reasignación no alteraría el equilibrio fiscal porque los recursos ya están incorporados al gasto total previsto en el proyecto. Lo que cambiaría sería el destino de esas partidas y, en consecuencia, se reduciría el margen discrecional del Ejecutivo para utilizarlas.

Las herramientas legales y el impacto salarial

El informe sostiene además que no sería necesaria una nueva ley para realizar esa reasignación.

La Ley de Administración Financiera 24.156 permite al jefe de Gabinete reestructurar créditos dentro del monto total aprobado, mientras que el propio proyecto de Presupuesto 2027 otorga al Poder Ejecutivo facultades para reasignar partidas durante el ejercicio.

También se plantea una alternativa de carácter legal. El artículo 5 de la Ley 24.629, utilizado como fundamento para suspender la ejecución de la norma universitaria, establece que una ley de gasto puede quedar frenada “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Por lo tanto, si el Congreso incorpora expresamente esas partidas durante el tratamiento del Presupuesto 2027, el fundamento utilizado por el Decreto 759/2025 para suspender la aplicación de la ley perdería sustento.

El informe también advierte sobre el impacto del desfasaje presupuestario en los ingresos del personal universitario. Según el análisis, nueve de cada diez pesos del presupuesto de las universidades se destinan a salarios, por lo que la diferencia entre el crédito asignado y la inflación repercute directamente sobre docentes y no docentes.

Aunque el acuerdo alcanzado en junio permitió detener 19 meses consecutivos de caída, el salario real permanece un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

De acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, alrededor de 10.000 docentes renunciaron durante este período, mientras que en 2025 la ejecución real del presupuesto universitario destinado a Ciencia y Técnica representó apenas el 38% del nivel registrado en 2023