La Justicia declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Economía que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. El juez federal Alejo Ramos Padilla dejó sin efecto la Resolución 717/2025, impulsada por la cartera que conduce Luis Caputo, al considerar que vulnera el derecho de los consumidores a acceder a información adecuada, veraz y fácilmente comparable.
La medida había derogado el sistema implementado en 2016, que obligaba a las estaciones de servicio a reportar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Esa información alimentaba una base de datos pública que permitía comparar valores entre distintos puntos de venta y denunciar diferencias entre el precio informado y el efectivamente cobrado.
Un retroceso en el acceso a la información
En su fallo, Ramos Padilla sostuvo que reemplazar ese mecanismo por la información publicada en surtidores, aplicaciones o sitios web de las petroleras resulta insuficiente. Según argumentó, esos datos aparecen dispersos, dependen de cada empresa y no ofrecen una herramienta sencilla para que los consumidores comparen precios entre todos los operadores.
El magistrado también rechazó uno de los principales fundamentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios comienzan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado se vuelve aún más relevante. En ese escenario, consideró indispensable la existencia de una ventana única que permita conocer cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.
El combustible, una variable clave de la política económica
La decisión judicial se conoce en un contexto en el que el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria del Gobierno. Durante gran parte de 2025, el Ministerio de Economía postergó o aplicó parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono, generando un atraso tributario que evitó trasladar la totalidad de los aumentos previstos por ley al surtidor y contribuyó a moderar el impacto sobre el índice de precios.
Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el precio internacional del petróleo se incrementó por la escalada del conflicto en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, aunque informó que absorbería parte del incremento para evitar trasladarlo completamente al mercado interno. De ese modo, la petrolera amortiguó parte de la presión internacional sobre los precios locales.
Sin embargo, cuando el barril de Brent inició su descenso desde aquellos máximos, las rebajas no llegaron a los surtidores con la misma velocidad. En ese contexto, y tras la eliminación del sistema oficial de información, el seguimiento de las variaciones de precios quedó exclusivamente en manos de las empresas.
La demanda y los fundamentos del fallo
La presentación judicial fue realizada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba los mecanismos de control estatal y reducía la transparencia del mercado de combustibles.
Por su parte, el Gobierno defendió la medida al señalar que la información continuaba disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, en línea con la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.
El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia normativa de 2016 había considerado insuficiente el anterior sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara esa herramienta sin explicar por qué un mecanismo previamente considerado inadecuado ahora resultaría suficiente para proteger a los consumidores.
Finalmente, Ramos Padilla remarcó que la Constitución exige garantizar información pública, comparable y de fácil acceso, y que esa obligación no se satisface únicamente con la existencia de datos dispersos en plataformas privadas.
