El gobernador bonaerense Axel Kicillof trabaja en la implementación de un régimen de Compre Bonaerense para proteger a las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel frente a la reforma del sistema nacional de biocombustibles impulsada por Federico Sturzenegger.

La iniciativa nacional, que ya obtuvo media sanción del Senado, abrió una disputa entre las provincias productoras por la distribución del mercado interno. Mientras las pymes del biodiésel advierten que podrían perder participación frente a las grandes aceiteras, las jurisdicciones dedicadas al bioetanol de caña de azúcar y maíz conservarían mecanismos de protección específicos.

En ese escenario, Buenos Aires busca que las refinerías de La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca prioricen la compra de biodiésel producido por plantas provinciales, mediante beneficios impositivos y contratos de abastecimiento.

Los impulsores del esquema estiman que podrían disputar un mercado cercano a las 500.000 toneladas anuales, aprovechando la proximidad geográfica entre las fábricas y los principales centros de refinación.

Fuentes vinculadas con las conversaciones explicaron el fundamento de la propuesta: «El combustible se refina en Buenos Aires, se consume en Buenos Aires y las diez plantas de biodiésel que la ley nacional deja sin mercado también están en Buenos Aires».

La reforma de biocombustibles enfrenta a las provincias productoras

El eje del conflicto se encuentra en la modificación de los porcentajes obligatorios de mezcla y, especialmente, en la distribución de los cupos entre empresas de distintas características.

De acuerdo con el análisis de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), el proyecto nacional eleva del 7,5% al 10% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil.

Sin embargo, la entidad advierte que el segmento reservado a las empresas no integradas se reduciría progresivamente hasta alcanzar el 4% en 2031 y desaparecer en 2036.

La cámara considera que esa modificación podría afectar la continuidad de numerosas plantas regionales, que actualmente dependen de los mecanismos de participación garantizada para competir en el mercado interno.

La situación sería diferente para el bioetanol utilizado en las naftas. Según CEPREB, el proyecto contempla elevar el corte obligatorio del 12% al 15%, con seis puntos reservados para la producción a partir de caña de azúcar y otros seis para el maíz durante toda la vigencia de la ley.

Esta diferencia de tratamiento generó cuestionamientos entre las empresas productoras de biodiésel, que consideran que el nuevo esquema favorecería a determinadas regiones y sectores industriales.

Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, expresó su rechazo a esa distribución: «No podemos aceptar que para mejorar la situación de las provincias que hacen bioetanol empeoremos la situación de las que hacen biodiésel condenando a la quiebra a sus pymes».

El dirigente sostuvo que las pequeñas y medianas empresas de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos producen el 65% del biodiésel nacional y se oponen a los cambios planteados.

También afirmó que los gobiernos de Buenos Aires, La Pampa y San Luis rechazan el proyecto y cuestionó el respaldo político de la iniciativa: «La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no».

Una disputa que reúne al PRO y al kirchnerismo

La defensa de las empresas regionales generó coincidencias entre sectores políticos habitualmente enfrentados. Mientras el gobierno de Kicillof analiza herramientas de incentivo a la producción provincial, dirigentes del PRO también impulsan medidas para proteger la actividad.

El presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, presentó un proyecto de declaración para solicitar mecanismos de protección de la producción y el empleo, junto con una transición que permita mejorar las condiciones de competitividad de las empresas.

Las conversaciones también habrían despertado interés en La Pampa y San Luis, provincias que cuentan con participación en la industria del biodiésel.

Por su parte, el diputado pampeano del PRO Martín Ardohain reclamó que la Comisión de Agroindustria, que preside, sea incorporada al tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

La controversia también alcanza a la Liga Bioenergética, un espacio que reunió a ocho provincias con el objetivo de promover una legislación común para el sector.

Las diferencias surgieron a partir de los beneficios que, según las pymes del biodiésel, recibirían las provincias del noroeste argentino dedicadas a la producción de bioetanol, junto con Córdoba y Santa Fe por la posibilidad de incorporar a las grandes aceiteras al mercado interno.

El conflicto atraviesa incluso al peronismo, debido a que legisladores santafesinos podrían acompañar la reforma. En Santa Fe conviven productores de bioetanol, pequeñas plantas de biodiésel y grandes compañías aceiteras, cuyos intereses no necesariamente coinciden.

Las pymes advierten que podrían cerrar 14 plantas de biodiésel

Uno de los principales cuestionamientos de CEPREB se relaciona con la posibilidad de que seis grandes aceiteras del polo industrial rosarino ingresen al mercado interno del biodiésel, compitiendo directamente con las empresas regionales.

La entidad señala que estas compañías cuentan con una ventaja estructural porque producen su propio aceite de soja, mientras que numerosas pymes deben adquirir ese insumo a terceros.

Según la cámara, el aceite de soja representa aproximadamente el 80% del costo de producción del biodiésel. A ese gasto, las plantas regionales deben sumar los costos de transporte, mientras que las empresas integradas operan con mayores escalas productivas.

Hasta ahora, las grandes exportadoras tenían restricciones para comercializar su producción en el mercado interno y su actividad estaba vinculada principalmente con los cupos de exportación.

Frente a la apertura propuesta, el gobierno bonaerense busca aprovechar la cercanía entre las plantas productoras y las refinerías provinciales para establecer incentivos fiscales y contratos de abastecimiento a término.

En paralelo, CEPREB presentó una alternativa al esquema nacional. La propuesta consiste en elevar el corte obligatorio de biodiésel al 12,5%, con una distribución diferenciada de los segmentos del mercado.

El planteo contempla reservar cinco puntos porcentuales para las pymes regionales, 2,5 puntos para las empresas no integradas de Rosario y otros cinco puntos para un segmento de libre competencia.

La entidad propone, además, que esos porcentajes se mantengan durante toda la vigencia de la legislación, con el objetivo de ofrecer previsibilidad a las inversiones y a la continuidad de las plantas industriales.

De acuerdo con sus estimaciones, si la participación protegida se reduce al 4%, el volumen anual disponible para las pymes caería de 902.700 a 481.440 toneladas.

Sobre esa base, CEPREB proyecta que podrían cerrar 14 de las 25 plantas de biodiésel existentes en el país, nueve de ellas ubicadas en Buenos Aires. Se trata de una estimación elaborada por la entidad empresaria sobre los posibles efectos de la reforma.

Mientras el proyecto nacional continúa su recorrido legislativo, el gobierno bonaerense analiza instrumentos propios para sostener la demanda de producción local. La discusión mantiene enfrentados distintos intereses industriales y provinciales en torno a la distribución del mercado interno de biocombustibles y las condiciones de competencia entre pequeñas empresas y grandes compañías integradas.