El Ministerio Público Fiscal de Bolivia avanzó en la investigación por el ataque sufrido por Nadia Beller y emitió una orden de aprehensión contra María Argentina Rojas Roca, señalada dentro del expediente por una presunta participación en la coordinación con quienes ejecutaron el atentado ocurrido el pasado 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.
La investigación también alcanza al consultor argentino Fernando Cerimedo, expareja de Beller, quien se encuentra involucrado en la causa abierta por el ataque.
Según los elementos mencionados en la investigación y las denuncias públicas realizadas por Beller, Rojas Roca habría mantenido reuniones y realizado transferencias vinculadas con los presuntos autores materiales. Esas circunstancias forman parte de las hipótesis que ahora deberá esclarecer la Justicia.
La orden emitida por la Fiscalía de Santa Cruz busca que Rojas Roca sea conducida ante las autoridades para avanzar con las medidas correspondientes dentro del expediente.
Investigan reuniones y transferencias antes del ataque
Según informaciones difundidas en Bolivia, los investigadores incorporaron elementos relacionados con supuestos contactos entre Rojas Roca y las personas investigadas por el ataque contra Beller, ocurrido cuando la mujer ingresaba al Swiss Hotel de Santa Cruz de la Sierra.
La hipótesis bajo análisis sostiene que la mujer habría participado en reuniones previas destinadas a coordinar el momento del atentado y que también existirían transferencias de dinero que son objeto de investigación.
Beller había vinculado públicamente a Rojas Roca con el expresidente de la Aduana Alberto Soto, a quien también señaló como una persona cercana a Cerimedo.
De acuerdo con la denuncia de Beller, Soto habría intervenido en la designación de Rojas Roca en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. También sostuvo que la mujer tenía antecedentes vinculados con narcotráfico en Brasil, circunstancia que forma parte de sus acusaciones públicas.
Soto renunció a la presidencia de la Aduana un día después del ataque contra Beller. Al anunciar su salida, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó: “Ha sido un trabajo extraordinario el de Alberto Soto”.
Las otras investigaciones que rodean a Cerimedo
El expediente por el ataque contra Beller no es la única investigación que tiene como protagonista a Fernando Cerimedo.
Beller fue convocada a declarar como testigo en otra causa relacionada con un presunto enriquecimiento ilícito, donde anticipó que aportará información sobre operaciones que, según sus denuncias, estarían relacionadas con la comercialización de combustible en el mercado negro.
También señaló presuntas irregularidades vinculadas con un cargamento de 189 kilos de oro que tenía como destino Dubái. La eventual conexión de Cerimedo y otras personas con ese episodio forma parte de las acusaciones que deberán ser analizadas y comprobadas por la investigación judicial.
Otra de las líneas abiertas se encuentra en el departamento de Beni, donde se investigan presuntas irregularidades relacionadas con aterrizajes y despegues de aeronaves que podrían haber estado vinculadas con el transporte de sustancias controladas.
Las distintas acusaciones originaron expedientes independientes y permanecen bajo investigación, por lo que las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Justicia boliviana.
Una causa que continúa sumando nombres
El avance sobre Rojas Roca incorpora una nueva pieza a la investigación del atentado del 17 de agosto.
Los fiscales buscan reconstruir quiénes participaron de la planificación, coordinación y ejecución del ataque contra Beller, además de determinar el origen de los recursos utilizados y las posibles conexiones entre las personas investigadas.
La orden contra Rojas Roca representa así un nuevo avance dentro de una causa que continúa abierta y que, paralelamente, derivó en investigaciones sobre presuntas operaciones económicas y otras actividades denunciadas ante las autoridades bolivianas.
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra María Argentina Rojas Roca en el marco de la investigación por el ataque que sufrió Nadia Beller el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores analizan su presunta vinculación con quienes ejecutaron el atentado, mientras la causa que también involucra al consultor Fernando Cerimedo continúa sumando nuevas líneas de investigación.
El expediente que rodea a Fernando Cerimedo sigue creciendo con una velocidad capaz de convertir cualquier organigrama político en un mapa del subte. Ahora apareció una nueva orden de aprehensión contra María Argentina Rojas Roca, a quien la investigación ubica bajo sospecha por una eventual participación en la coordinación del ataque contra Nadia Beller. Lo que comenzó con un atentado en la puerta de un hotel ya acumula nombres, transferencias investigadas, funcionarios mencionados y causas paralelas suficientes para necesitar una pizarra, veinte metros de hilo rojo y probablemente un contador especializado en geopolítica.
La investigación intenta determinar si Rojas Roca mantuvo contactos con quienes ejecutaron el ataque y si participó en movimientos de dinero vinculados con la operación. Son hipótesis que todavía deberán ser probadas judicialmente, aunque consiguieron algo particularmente difícil: agregar otro capítulo a una trama que ya venía con más ramificaciones que una plataforma de streaming desesperada por renovar una serie.
En paralelo aparecen denuncias sobre combustible, oro, vuelos irregulares y posibles operaciones de enriquecimiento ilícito. Cada una pertenece a investigaciones que deben determinar responsabilidades y donde las acusaciones todavía están sometidas al proceso judicial. Es un detalle fundamental, especialmente porque en estos casos la distancia entre una denuncia y una sentencia suele ser considerablemente mayor que la distancia entre un político latinoamericano y la frase “yo no lo conozco tanto”.
Beller deberá declarar además como testigo en otra causa vinculada con Cerimedo. Allí anticipó que aportará información sobre presuntas operaciones económicas y movimientos de aeronaves en Beni. Así, mientras la Justicia boliviana intenta separar hechos comprobados de acusaciones, versiones y conexiones políticas, el caso continúa expandiéndose. Una investigación que empezó buscando responsables de un ataque y terminó abriendo tantas puertas que a esta altura el verdadero desafío judicial parece consistir en recordar cuál expediente corresponde a cuál escándalo.