La Justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al considerarlo responsable de participar en la obtención irregular de un cargo en la Diputación de Badajoz. El fallo fue dictado por un tribunal de Extremadura, que lo declaró autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, fue absuelto del delito de tráfico de influencias, por lo que no deberá cumplir una pena de prisión.
El cargo que dio origen a la investigación
La causa se centró en la creación del puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz, cargo que ocupó David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra.
Según la sentencia, ese puesto fue creado para favorecerlo y no respondió a una necesidad real de la administración pública. Los magistrados concluyeron que la designación vulneró los principios de mérito y capacidad, al entender que el proceso estuvo orientado a beneficiar al hermano del entonces líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El fallo también señala que las gestiones para crear ese cargo comenzaron en 2016, antes de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno en 2018, y que David Sánchez permaneció en esa función hasta comienzos de 2025.
En su resolución, el tribunal afirmó que este tipo de prácticas «dañan la salud democrática, fomentan la corrupción y la desigualdad de oportunidades».
Los testimonios incorporados al juicio
Durante el juicio, desarrollado entre el 28 de mayo y el 9 de junio, declararon varios testigos considerados relevantes para la causa.
Entre ellos, el teniente coronel de la Policía Judicial Antonio Balas sostuvo que la creación del cargo no surgió del área de Cultura, sino que fue impulsada desde las máximas autoridades de la Diputación.
También declaró Cristina de Frutos, una de las aspirantes al puesto, quien afirmó que antes de la entrevista le advirtieron que la vacante «era para el hermano de Pedro Sánchez».
Además de David Sánchez, fueron procesadas otras diez personas. El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, recibió una condena de 18 años de inhabilitación, al ser considerado el principal impulsor de la creación del puesto.
La investigación se inició en 2024 tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias.
Impacto político para el Gobierno español
La condena abre un nuevo frente judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez, que enfrenta otros procesos vinculados a personas de su entorno político y familiar.
El mandatario había defendido públicamente la inocencia de su hermano y rechazó los pedidos de la oposición para adelantar las elecciones generales previstas para 2027.
A este expediente se suman las investigaciones que alcanzan a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como la causa en la que está involucrada su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.
En las últimas semanas también trascendió la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una investigación por presunto tráfico de influencias vinculado al cobro de sobornos, ampliando el escenario judicial que rodea al oficialismo español.
