La política de discapacidad volvió al centro del Congreso. El 23 de septiembre, La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para avanzar con un régimen permanente que reemplace a la Emergencia Nacional en Discapacidad cuando finalice su vigencia. La propuesta oficialista reunió 42 firmas, mientras que el despacho opositor obtuvo 36 y plantea extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027
La discusión llega después de más de un año de conflictos legislativos, judiciales y administrativos alrededor de la Ley 27.793, que estableció la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por otro año.
Del veto a la reglamentación
La Ley 27.793 creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y fijó su monto en el 70% del haber mínimo jubilatorio. También estableció que puede mantenerse junto con un empleo formal mientras los ingresos de la persona beneficiaria no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El presidente Javier Milei había vetado completamente el proyecto en agosto de 2025 mediante el Decreto 534/2025. El Congreso insistió posteriormente con la sanción y la norma fue promulgada.
La implementación abrió otro conflicto. El Poder Ejecutivo sostuvo que debían definirse las fuentes de financiamiento y la controversia terminó judicializada. Después de una resolución del Juzgado Federal de Campana que ordenó avanzar con su aplicación, el Gobierno reglamentó la ley mediante el Decreto 84/2026, publicado en febrero.
Prestaciones y un nuevo foco de tensión
Durante 2026 comenzó a aplicarse un esquema de actualización mensual del Nomenclador de Prestaciones Básicas vinculado al Índice de Precios al Consumidor. Para septiembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad estableció una suba del 1,7% sobre los valores de agosto; el mes anterior el incremento había sido del 2,1%.
El conflicto volvió a tomar fuerza con la presentación del proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa enviada al Congreso propone cambios sobre el régimen de pensiones y las prestaciones, entre ellos modificaciones a la compatibilidad entre pensión y empleo formal y al esquema del nomenclador. Esas disposiciones todavía no están vigentes porque forman parte de un proyecto que debe ser tratado por el Poder Legislativo.
Ese escenario terminó cruzándose con la discusión sobre qué ocurrirá cuando venza la emergencia. La propuesta que obtuvo dictamen de mayoría busca establecer un régimen permanente y mantiene aspectos centrales del sistema actual, entre ellos la pensión no contributiva, su compatibilidad con determinados niveles de ingresos laborales y la universalidad de los aranceles del nomenclador.
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Dos caminos en Diputados
La diferencia central entre los despachos está en el mecanismo elegido para continuar la política de discapacidad. El oficialismo propone reemplazar la emergencia por una normativa permanente; la oposición impulsa mantener el régimen excepcional durante todo 2027.
Durante la discusión, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el cambio de posición del oficialismo y habló de un “triple castigo” para personas con discapacidad y adultos mayores vulnerables. También afirmó que los legisladores oficialistas “firmaron con ganas el ajuste”. Se trata de críticas políticas de la legisladora; La Libertad Avanza sostiene, en cambio, que su iniciativa busca dar continuidad al sistema mediante un marco permanente, con actualización de prestaciones y previsibilidad presupuestaria.
Uno de los puntos que requiere precisión es el monto de la pensión: el equivalente al 70% de la jubilación mínima no nació con el proyecto de Presupuesto 2027. Ese porcentaje ya forma parte de la Ley 27.793 actualmente vigente.
El dictamen de mayoría tendrá prioridad cuando el tema llegue al recinto de Diputados. Para convertirse en ley deberá completar el trámite parlamentario correspondiente. En paralelo, continúa pendiente la discusión del Presupuesto 2027, cuyo texto deberá resolver las diferencias que mantiene con varios de los puntos incorporados al nuevo proyecto sobre discapacidad.
Hasta que el Congreso defina ese nuevo esquema, la Ley 27.793 continúa vigente y la emergencia se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026. El debate que queda abierto no pasa solamente por las pensiones, sino también por los requisitos de acceso, la compatibilidad con el empleo, la cobertura sanitaria, el financiamiento y la actualización de las prestaciones.
