La Libertad Avanza consiguió dictamen favorable en la Cámara de Diputados para el proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal, luego de aceptar una modificación destinada a excluir expresamente a funcionarios públicos de los principales beneficios contemplados por la iniciativa.
La concesión permitió destrabar el respaldo de los bloques aliados y dejó al proyecto en condiciones de llegar al recinto de la Cámara baja el próximo 26 de agosto.
El plenario conjunto estuvo conducido por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal.
El despacho mayoritario introduce modificaciones a la Ley N° 27.799, la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683 y la Ley del Registro del Trabajo Rural N° 25.191. El proyecto será tratado junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La exclusión de los funcionarios destrabó el acuerdo
Uno de los principales puntos de conflicto político estuvo relacionado con el caso del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes reconocieron tener miles de dólares no declarados y adhirieron al régimen simplificado de Ganancias mientras enfrentaban una investigación por enriquecimiento ilícito.
El antecedente generó cuestionamientos entre los aliados parlamentarios del oficialismo y llevó a La Libertad Avanza a incorporar una restricción explícita para evitar interpretaciones que permitieran a quienes ejercen determinadas funciones públicas acceder a los beneficios previstos por la iniciativa.
La solución acordada consistió en incorporar dos artículos. El primero establece el artículo 38 bis de la Ley N° 27.799 y define qué funcionarios quedarán alcanzados por la prohibición.
La exclusión comprende a funcionarios con jerarquía no inferior a secretario de Estado de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También alcanza a legisladores nacionales y provinciales, miembros de la Legislatura porteña, concejales y parlamentarios del Mercosur, además de magistrados del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público de todas las jurisdicciones.
La nómina incluye asimismo a defensores del Pueblo y sus adjuntos, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de Jurados de Enjuiciamiento.
La restricción se aplicará también a quienes hayan ocupado esos cargos durante los cinco años anteriores a la fecha de adhesión al régimen.
“Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”, afirmó Rodríguez Machado durante el plenario.
El segundo cambio corresponde al artículo 42 del proyecto. Allí se establece que los funcionarios comprendidos dentro de la prohibición podrán utilizar el sistema simplificado exclusivamente como herramienta operativa para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente.
Sin embargo, no podrán acceder a la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni ningún otro beneficio o inmunidad tributaria contemplado dentro del régimen.
Menos multas y nuevas condiciones para los contribuyentes
Más allá de la controversia política, el dictamen incorpora modificaciones destinadas a reducir determinadas cargas sobre contribuyentes y el sector productivo.
El proyecto incorpora a la Ley N° 11.683 una reducción permanente del 25% sobre las multas formales contempladas en los artículos 38 y 39 para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
Según el texto, esa reducción operará de pleno derecho, por lo que los contribuyentes alcanzados no necesitarán realizar un trámite adicional para acceder al beneficio.
La iniciativa conserva además una quita del 50% para multas formales correspondientes a infracciones anteriores que todavía no estén firmes ni hayan sido canceladas.
En esos casos, la reducción estará condicionada a que el contribuyente subsane el incumplimiento y se allane.
El dictamen también establece parámetros objetivos para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” que permita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rechazar una declaración simplificada.
La diferencia será considerada significativa cuando una fiscalización determine un incremento del impuesto —o una reducción de quebrantos— no inferior al 15%, o cuando supere el monto contemplado en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, establecido por la Ley N° 27.430.
Al mismo tiempo, las diferencias inferiores al 5% de ese límite quedan expresamente excluidas de esa categoría.
El régimen amplía el universo de personas alcanzadas
Otro de los cambios relevantes consiste en la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos previstos en la versión original.
De esta manera, ya no será necesario que los contribuyentes tengan ingresos anuales inferiores a $1.000 millones ni un patrimonio menor a $10.000 millones para acceder.
El régimen quedará abierto a todas las personas humanas, con una excepción respecto de los Grandes Contribuyentes Nacionales.
Estos últimos no podrán utilizar las presunciones de exactitud, los efectos liberatorios ni los demás beneficios especiales contemplados por el esquema.
“Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”, sostuvo Rodríguez Machado.
Las negociaciones políticas necesarias para alcanzar el dictamen fueron coordinadas desde el ámbito del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El Gobierno descarta que la iniciativa pueda completar las dos sanciones legislativas necesarias para convertirse en ley antes del 27 de agosto, fecha límite para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente a personas humanas.
La estrategia oficialista apunta ahora a conseguir la aprobación de Diputados durante la sesión prevista para el 26 de agosto y posteriormente enviar el proyecto al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.
