La presentación es un planteo de inhibitoria y quedó registrada como expediente CFP 5004/2026. La investigación continúa en la Justicia de San Juan mientras se reúnen los informes pedidos a la UFI Delitos Especiales y a la jueza de Garantías Mónica Lucero.
Por qué la defensa pide el fuero federal
La defensa argumenta que corresponde intervenir al fuero federal porque la obra recibió fondos nacionales y créditos internacionales avalados por la Nación.
En enero de 2019, el Gobierno nacional informó que un préstamo de US$ 50 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), con contrato de contragarantía firmado por la Nación, aportaría el 25% del financiamiento del proyecto para la adquisición de materiales, según la comunicación oficial de entonces.
Qué busca la causa en San Juan
La investigación provincial busca establecer si hubo irregularidades en las contrataciones, la compra y los precios de las cañerías, su calidad y la ejecución de la obra. En esa causa, la Fiscalía ya notificó a 11 personas.
La audiencia de formalización de esas 11 personas fue fijada para este miércoles 14 de octubre ante la jueza de Garantías Mónica Lucero. En esa audiencia se comunican los hechos que se les atribuyen.
Sergio Fabián Ruiz pidió el fuero federal para el Acueducto Gran Tulum y Rafecas pidió informes el martes 13 de octubre. La defensa del expresidente de OSSE registró el planteo de inhibitoria como expediente CFP 5004/2026. El juez les pidió a la UFI Delitos Especiales y a la jueza Mónica Lucero el objeto y el estado de la investigación, que sigue en San Juan. El argumento de Ruiz apunta a fondos nacionales y a créditos internacionales avalados por la Nación. La audiencia de formalización de 11 personas fue fijada para este miércoles 14 de octubre.
La defensa de Sergio Fabián Ruiz pidió el fuero federal y la causa del Acueducto Gran Tulum sigue en San Juan. El planteo de inhibitoria quedó registrado como expediente CFP 5004/2026. Ruiz es el expresidente de OSSE.
El martes 13 de octubre el juez federal Daniel Rafecas pidió información a la UFI Delitos Especiales y a la jueza de Garantías Mónica Lucero. El pedido abarca el objeto y el estado de la investigación provincial. Con esos informes en trámite, la causa continúa en la Justicia de San Juan.
La defensa argumenta que corresponde el fuero federal porque la obra recibió fondos nacionales y créditos internacionales avalados por la Nación. Ese es el fundamento del escrito de Ruiz.
En enero de 2019 el Gobierno nacional informó un préstamo de US$ 50 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, con contrato de contragarantía firmado por la Nación. Ese préstamo aportaría el 25% del financiamiento del proyecto, destinado a la adquisición de materiales.
La investigación provincial busca establecer si hubo irregularidades en las contrataciones, la compra y los precios de las cañerías, su calidad y la ejecución de la obra. La Fiscalía notificó a 11 personas. La audiencia de formalización fue fijada para este miércoles 14 de octubre ante Lucero. En esa audiencia se comunican los hechos que se les atribuyen.
El trámite que queda por delante es la decisión de Rafecas sobre la competencia, una vez reunidos los informes que pidió el martes 13 de octubre.
