El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias del país. La medida lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques y comprende la eliminación directa de 67 dependencias en actividad, junto con la culminación del cierre de otras cinco oficinas que ya habían sido dadas de baja en una etapa previa y todavía tenían pendiente completar el cese definitivo de sus funciones.
La provincia de San Juan no forma parte de la nómina de jurisdicciones alcanzadas por la reorganización del sistema registral. Las dependencias que prestan servicio en el territorio provincial continúan atendiendo al público con su esquema habitual, lo que significa que ningún trámite en curso debe trasladarse a otra sede ni se producen alteraciones en la gestión de turnos o legajos vehiculares de los conductores locales.
En qué distritos se concentran las dependencias dadas de baja
La reestructuración determinada por la cartera de Justicia involucra a dependencias distribuidas en dieciséis jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. La mayor concentración de oficinas alcanzadas por los cierres se localiza en el territorio bonaerense, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe.
Para instrumentar los cierres, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dispone de un plazo de 60 días hábiles. En ese lapso, el organismo debe reasignar la totalidad de los dominios vehiculares que estaban radicados en las seccionales suprimidas hacia aquellas dependencias que permanezcan en funcionamiento.
El proceso responde a los lineamientos del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, un programa aprobado por el Ministerio de Justicia en julio de 2026 con el propósito de rediseñar la estructura de atención en todo el territorio argentino.
Qué sucederá con los trámites y el personal a cargo
La disposición oficial establece que los trámites iniciados en las sedes que cierran no sufrirán interrupciones. Para asegurar la continuidad de cada expediente, la Dirección Nacional tiene a su cargo la implementación de los mecanismos administrativos, documentales, registrales e informáticos necesarios para el traspaso, aunque la normativa central no detalla de manera individual qué dependencia específica recibirá las carpetas de cada oficina suprimida.
En cuanto a las sedes que continuarán abiertas en el país, el esquema prevé que puedan recibir e inscribir trámites correspondientes a automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, además de prendas con registro sobre bienes muebles no registrables, siempre que cuenten con una orden previa emitida por la Dirección Nacional. Asimismo, los encargados titulares de los registros que absorban tareas de otras dependencias mantendrán sus cargos, y su designación formal se extenderá para cubrir la nueva denominación registral asignada.
