El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional de Javier Milei a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La resolución alcanza la actualización de los salarios docentes y nodocentes y la recomposición de las becas estudiantiles.
Para Berenguer, la decisión representa un respaldo institucional al reclamo que las universidades públicas sostienen desde el año pasado para que se cumpla la ley aprobada por el Congreso. “Ha sido un gran paso”, afirmó el rector.
La Corte rechazó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no existía una sentencia definitiva y, de ese modo, mantuvo vigente la cautelar dictada en instancias anteriores. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Si bien la resolución no tendría un impacto económico inmediato, debido a que el pasado 10 de junio el Gobierno nacional firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para una suba del 24,33% de la masa salarial, un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios hasta $50.000 millones, en la UNSJ consideran que el fallo constituye una señal política y judicial favorable al financiamiento universitario.
El reclamo de los rectores
Berenguer explicó que el conflicto comenzó tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso. La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, aunque posteriormente el veto fue rechazado por ambas cámaras. Según sostuvo, pese a ese recorrido institucional, el Gobierno nacional decidió no aplicar la ley en los términos reclamados por las universidades.
“Hay una ley de financiamiento universitario que fue promulgada por el Congreso Nacional el año pasado, fue vetada, el veto fue rechazado por ambas cámaras. El Poder Ejecutivo decidió no cumplir con una ley marcada por el Congreso Nacional”, señaló.
Ante esa situación, 49 rectores de universidades nacionales impulsaron una demanda judicial contra el Estado nacional. Berenguer indicó que el objetivo fue exigir el cumplimiento de una ley vigente, ya que desde el sistema universitario entendían que el Gobierno se encontraba “en rebeldía”.
El rector recordó que la presentación obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia, hasta que el Poder Ejecutivo llevó el caso ante la Corte Suprema. “El día de ayer la Suprema ha refrendado los dictámenes de las cámaras anteriores”, indicó.
Salarios y becas, los puntos alcanzados por la cautelar
Berenguer remarcó que la medida cautelar comprende los artículos quinto y sexto de la ley, que establecen la actualización de los salarios docentes y nodocentes desde 2023 y la recomposición de las becas estudiantiles.
“Eso sí, categóricamente, lo deben cumplir. Y ponen en análisis el resto de la ley”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el debate trasciende la cuestión presupuestaria y debe entenderse como parte de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación pública. “No es un capricho, es sustentar un derecho constitucional, que es el derecho a la educación. Por lo tanto, el Gobierno Nacional no puede ir contra la Constitución Argentina”, expresó.
Para el rector, la decisión de la Corte también representa un reconocimiento al trabajo sostenido por la comunidad universitaria durante el conflicto. Según afirmó, la continuidad del reclamo y el acompañamiento de distintos sectores sociales fueron determinantes para llegar a esta instancia.
“Esto demuestra que si la comunidad se organiza como se organizó la comunidad universitaria, que atrajo al resto de la comunidad argentina, cuando nadie se calla, se tiene el logro”, manifestó.
Con este escenario, la UNSJ considera que el fallo no resuelve el debate de fondo sobre el financiamiento universitario, aunque mantiene vigente una obligación concreta para el Gobierno nacional: avanzar con la actualización salarial y la recomposición de las becas estudiantiles mientras continúa el análisis del resto de la Ley de Financiamiento Universitario.
