Los hermanos Emanuel y Ezequiel Campillay fueron condenados a un año de prisión efectiva luego de admitir su responsabilidad en una serie de robos domiciliarios cometidos en distintos departamentos de San Juan mediante una modalidad que llamó la atención de los investigadores.
La resolución fue dictada este lunes durante un juicio abreviado, instancia en la que ambos acusados aceptaron los cargos en su contra. Debido a sus antecedentes y reincidencia, el juez ordenó que cumplan la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.
Una investigación que permitió reconstruir la maniobra
La causa se originó a partir de una investigación desarrollada por la Brigada de Investigaciones Oeste, que logró desarticular la banda en abril de este año.
Según establecieron los investigadores, los hermanos Campillay habrían actuado en conjunto con un hombre de apellido De Conti, quien trabajaba como conductor en las plataformas de transporte Uber y DiDi.
De acuerdo con la pesquisa, el chofer mantenía conversaciones con los pasajeros durante los viajes y obtenía información relacionada con domicilios, rutinas, horarios y aspectos de la vida cotidiana. Esos datos luego habrían servido para identificar potenciales objetivos.
Cómo seleccionaban las viviendas
La investigación sostiene que, una vez obtenida la información, los hermanos Campillay avanzaban con la siguiente etapa del plan: ingresar a las viviendas previamente seleccionadas para sustraer dinero, objetos de valor y tarjetas bancarias.
Los hechos se habrían repetido en distintos departamentos de la provincia bajo una modalidad que combinaba la obtención previa de información con la posterior ejecución de los robos.
Sin embargo, uno de los elementos sustraídos terminó convirtiéndose en la principal pista para los investigadores. El seguimiento de los movimientos realizados con una tarjeta de crédito robada permitió reconstruir compras, rastrear operaciones y establecer una conexión directa con los sospechosos.
Las pruebas y la condena
A partir de esos indicios, los efectivos avanzaron con allanamientos en los que secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.
Según trascendió, las evidencias encontradas durante los procedimientos permitieron vincular de manera directa a los acusados con los robos investigados, fortaleciendo el expediente judicial.
Los hermanos llegaron detenidos a la audiencia de juicio abreviado y finalmente recibieron una condena de un año de prisión efectiva. El magistrado consideró la reincidencia de ambos al momento de definir la pena, por lo que deberán cumplirla en el Servicio Penitenciario Provincial.
Los hermanos Emanuel y Ezequiel Campillay fueron condenados a un año de prisión efectiva tras admitir su participación en una banda dedicada a robos domiciliarios en distintos departamentos de San Juan. La investigación determinó que seleccionaban potenciales víctimas a partir de información obtenida durante viajes realizados a través de aplicaciones de transporte, modalidad que permitió concretar diversos hechos delictivos hasta su detención.
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Durante años, la principal preocupación al subir a un vehículo solicitado por aplicación parecía limitarse a si el conductor seguiría el GPS o confiaría ciegamente en una intuición geográfica construida a fuerza de calles mal dobladas. Sin embargo, esta historia decidió explorar un terreno mucho más creativo: convertir una charla casual de viaje en una especie de estudio de mercado para futuros robos domiciliarios.
Según la investigación, el método tenía una lógica inquietantemente sencilla. Mientras algunos pasajeros comentan el clima, el precio del combustible o las eternas promesas de arreglar calles, otros podrían haber estado entregando información valiosa sin siquiera sospecharlo. Horarios, domicilios, rutinas y detalles cotidianos habrían terminado formando parte de una base de datos artesanal cuya finalidad estaba bastante lejos de mejorar la experiencia del usuario.
La mecánica funcionaba como una línea de producción del delito. Un conductor obtenía información durante los recorridos y, posteriormente, los supuestos objetivos quedaban identificados. Después entraban en escena los hermanos Campillay, quienes habrían asumido la tarea de irrumpir en las viviendas para llevarse dinero, objetos de valor y todo aquello que pudiera transformarse rápidamente en efectivo. Una estructura modesta, pero con una preocupante capacidad de aprovechar la confianza cotidiana.
Como suele ocurrir en numerosas investigaciones policiales, la caída no llegó por una persecución cinematográfica ni por una sofisticada operación internacional. Llegó gracias a algo mucho más terrenal: una tarjeta bancaria. Porque mientras los delincuentes suelen planificar el ingreso a una vivienda, rara vez consideran que el sistema financiero tiene una memoria bastante más larga que la propia. Los movimientos de una tarjeta utilizada después de un robo comenzaron a dibujar un camino que los investigadores siguieron hasta encontrar a los sospechosos.
Los allanamientos posteriores terminaron de cerrar el círculo. Las evidencias secuestradas permitieron vincular directamente a los acusados con los hechos investigados y consolidaron una causa que este lunes encontró su desenlace judicial mediante un juicio abreviado.
Así, una organización que habría utilizado conversaciones aparentemente inofensivas como punto de partida para seleccionar víctimas terminó dejando una enseñanza involuntaria: a veces los datos más valiosos no están guardados en una caja fuerte. Están escondidos entre comentarios casuales pronunciados durante un viaje que parecía uno más.
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