La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) trabaja en el lanzamiento de un curso de posgrado en derecho minero, destinado exclusivamente a abogados. La iniciativa fue confirmada por la directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, Romina López Galoviche, quien explicó que el objetivo es responder a la creciente demanda de profesionales especializados en los aspectos legales que requiere la actividad minera en la provincia.
Una propuesta para cubrir una necesidad del sector
De acuerdo con López Galoviche, el proyecto comenzó a desarrollarse hace poco más de un mes como respuesta al crecimiento que experimenta la minería en San Juan y al interés manifestado tanto por estudiantes avanzados de Abogacía como por profesionales ya graduados.
«Estamos trabajando en la elaboración de un curso de posgrado en derecho minero que va a estar dedicado pura y exclusivamente a los trámites legales que se requieren para llevar adelante la actividad minera», afirmó.
La directora precisó que todavía se analiza si la propuesta tendrá formato de diplomatura o de curso de posgrado, aunque confirmó que estará dirigida únicamente a abogados. «Va a ser pura y exclusivamente para abogados, porque la rama del derecho minero tiene sus particularidades y es necesario tener un conocimiento muy específico y muy técnico sobre cómo llevar adelante cada uno de los trámites», explicó.
Al tratarse de un curso de posgrado y no de una carrera de especialización, maestría o doctorado, no requerirá la acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos administrativos.
«No va a ser carrera por ahora, para justamente no tener la demora de todos los trámites que se requieren para la acreditación de Coneau. Vamos a sacar un curso de posgrado, que es un trámite mucho más rápido», detalló.
La funcionaria agregó que la iniciativa representa el primer paso de un proyecto de mayor alcance. «Está la idea de después ir sumando distintos módulos hasta poder conformar la carrera de una especialización en derecho minero».
Modalidad híbrida y proyección regional
La intención es que el curso pueda comenzar durante septiembre de este año, mientras que las inscripciones podrían abrirse con anterioridad. La formación no tendrá una duración extensa, aunque incluirá contenidos específicos sobre la normativa minera provincial y nacional, además de áreas vinculadas como el derecho ambiental.
Respecto de la modalidad, se evalúa implementar un sistema híbrido que combine clases presenciales y virtuales. Esto permitiría incorporar docentes de otras provincias y facilitar la participación de abogados de distintos puntos del país.
«Como la universidad tiene todos los recursos para poder hacerlo híbrido, algunos encuentros de manera presencial y algunos de manera virtual, eso le va a permitir a algunos estudiantes que no están dentro de la provincia, pero sí se encuentran en otras provincias mineras, poder participar de la formación», señaló, aunque aclaró que la modalidad aún no está definida.
Una disciplina que gana espacio
El derecho minero ya forma parte del plan de estudios de la carrera de Abogacía desde la actualización curricular implementada en 2019, a través de la materia Derecho de los Recursos Naturales, que se dicta en quinto año.
Según explicó López Galoviche, los contenidos fueron adaptándose al crecimiento sostenido de la actividad minera en la provincia. Además de la formación teórica, los estudiantes realizan prácticas en el Ministerio de Minería de San Juan mediante visitas y pasantías, con el objetivo de conocer el funcionamiento de los procedimientos administrativos del sector.
La facultad también recibe ofertas de pasantías rentadas provenientes de empresas mineras, las cuales son canalizadas a través de la institución académica.
Una matrícula en expansión
La carrera de Abogacía de la FACSO reúne actualmente alrededor de 2.500 estudiantes. Durante este año ingresaron 327 nuevos alumnos, mientras que el promedio anual de graduados se ubica entre 40 y 50 profesionales.
De acuerdo con la directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, esa cifra varía cada año debido a distintos factores, entre ellos las responsabilidades laborales y familiares que afrontan muchos estudiantes de la universidad pública.
