La dirigente albertista y ex jefa comunal de Fraga debía comparecer ante la Justicia en el marco de una investigación por presuntas irregularidades detectadas en rendiciones de cuentas de su gestión al frente de la Municipalidad.
La causa es instruida por la fiscal N°6, Linda Maluf Martínez, a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado presentada el 1° de noviembre de 2024. La presentación se originó tras una auditoría sobre las rendiciones de cuentas del ejercicio 2022, que detectó una serie de inconsistencias en la documentación respaldatoria de gastos realizados con fondos públicos.
Según la denuncia, las facturas cuestionadas alcanzan un monto total de $15.997.310. Además, la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022 fue presentada en forma extemporánea, puntualmente el 8 de mayo de 2023.
La investigación se centra en las rendiciones correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2022. La ex jefa comunal finalizó su mandato el 10 de diciembre de 2023.
La audiencia fue suspendida
La suspensión de la audiencia fue solicitada por el abogado defensor Gustavo Reviglio, quien argumentó que tenía otras actividades judiciales previamente fijadas para la misma fecha.
El planteo fue aceptado por la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, quien dispuso una nueva fecha para el tratamiento del caso.
Las observaciones de la auditoría
Según la denuncia, las observaciones surgieron de un informe elaborado por el contador Marcos Liendo durante la auditoría del tercer y cuarto trimestre de 2022. El trabajo incluyó consultas directas a proveedores cuyos comprobantes habían sido presentados por el municipio para justificar gastos.
Varias empresas negaron haber emitido las facturas y tickets incorporados en las rendiciones de cuentas. Entre ellas figuran Ferretería Signos, Top Garden SRL, Electricidad Alsina SA, Jofer, Luis A. Carrizo y Cía SRL e Hierros La Quiaca SRL.
En el caso de Ferretería Signos, la firma informó que los comprobantes exhibían inconsistencias vinculadas al domicilio y al punto de venta. Top Garden SRL respondió que los documentos no fueron emitidos por la empresa y que la Municipalidad de Fraga no figuraba como cliente.
La situación se repitió con Electricidad Alsina SA, que indicó que una factura presentada con su membrete no correspondía a sus registros contables ni a la numeración utilizada por la compañía. Según la denuncia, respuestas similares fueron remitidas por otros proveedores consultados durante la auditoría.
Las observaciones alcanzaron a otra compañía durante el cuarto trimestre de 2022. Oxígeno Unión SA negó la existencia de operaciones con el municipio y señaló que la empresa no comercializa productos de corralón, a pesar de que esos artículos figuraban en los comprobantes presentados. Además, precisó que emite exclusivamente facturación electrónica.
Imperio Piedra Revestimiento «Pablo Demergasso» calificó los comprobantes consultados como fraudulentos y aseguró no haber mantenido operaciones comerciales con la Municipalidad de Fraga. En igual sentido se expresó Suplex SAS, que desconoció cualquier vínculo comercial con el municipio y rechazó la autenticidad de la documentación.
Otro de los casos corresponde a Jofer Sociedad de Hecho, que indicó que los tickets exhibidos fueron emitidos por un controlador fiscal que no estaba asignado a la empresa y que, además, desde agosto de 2022 operaba bajo el régimen de factura electrónica.
Otros puntos cuestionados
La auditoría también detectó otras irregularidades. Entre ellas, la presentación de facturas por compras realizadas en distintas provincias sin los correspondientes remitos de entrega de materiales.
Además, se observó la ausencia de registro en el Libro Caja de un ingreso en efectivo de $2,3 millones proveniente del cobro de un cheque cuyo beneficiario era la Municipalidad de Fraga.
Asimismo, los auditores cuestionaron documentación vinculada a compras de indumentaria deportiva realizadas en el comercio Armando Sport. Según consta en la denuncia, para justificar esos hechos Gil presentó una resolución administrativa cuyo número ya había sido utilizado anteriormente para otro evento relacionado con un agasajo por el Día de los Jubilados.
Para la Fiscalía de Estado, las pruebas reunidas permiten sostener que durante el tercer y cuarto trimestre de 2022 se habrían presentado facturas apócrifas ante el Tribunal de Cuentas provincial para respaldar gastos públicos y rendiciones oficiales.
En la denuncia se afirma que esa maniobra habría permitido «la utilización irregular de fondos bajo administración municipal». Por ese motivo, solicitó la investigación penal de la ex jefa comunal.
La presentación fue acompañada por documentación respaldatoria, respuestas de proveedores y pruebas testimoniales, entre ellas la del contador que realizó la auditoría.
Según la calificación legal propuesta por la Fiscalía de Estado, los hechos podrían encuadrarse provisoriamente en los delitos de peculado y uso de documento falso, en concurso ideal entre ambas figuras y en concurso real por 40 hechos presuntamente cometidos.
