El Gobierno nacional volvió a colocar a los extranjeros en el centro de la discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas. El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que el 39% de los alumnos regulares de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros y sostuvo que estudian gratuitamente con recursos aportados por los contribuyentes argentinos.
La afirmación abrió una polémica no sólo por el porcentaje difundido, sino especialmente por los criterios utilizados para construir esa cifra.
Según explicó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Gobierno consideró dentro de la categoría de extranjeros a estudiantes que cumplieran al menos una de tres condiciones: haberse inscripto con pasaporte, contar con un DNI superior a 90 millones o haber finalizado la escuela secundaria fuera de la Argentina.
Esos parámetros, sin embargo, no permiten determinar si una persona llegó al país exclusivamente para estudiar, cuánto tiempo lleva residiendo en Argentina ni si permanecerá aquí una vez graduada.
Residentes permanentes dentro del mismo cálculo
Uno de los puntos centrales de la controversia está en que la metodología agrupa situaciones migratorias y educativas diferentes. Una persona con DNI superior a 90 millones puede ser extranjera, pero también tener residencia permanente y llevar años o incluso décadas viviendo, trabajando, consumiendo y pagando impuestos en la Argentina.
La misma situación alcanza a quienes utilizaron un pasaporte al momento de inscribirse. La UBA exige posteriormente la obtención de un DNI argentino para continuar los estudios y recibir el título, por lo que el documento presentado durante la inscripción inicial no necesariamente refleja la situación migratoria posterior del alumno.
El tercer parámetro utilizado fue haber completado la escuela secundaria fuera del país. Ese antecedente tampoco determina por sí mismo la nacionalidad: un ciudadano argentino que haya vivido con su familia en el exterior y luego regresado para estudiar puede quedar comprendido dentro de ese cálculo.
De esta manera, la cifra oficial combina nacionalidad, documentación, residencia y trayectoria educativa dentro de una misma categoría.
El 39% no corresponde a toda la Facultad de Medicina
Otra diferencia surgió respecto del universo sobre el cual fue calculado el porcentaje. Ravier aseguró inicialmente que el dato correspondía a estudiantes de la Facultad de Medicina, pero posteriormente Álvarez precisó que el 39% se refiere exclusivamente a la carrera de Medicina, sin contemplar las restantes carreras de grado, pregrado y posgrado que funcionan en esa facultad.
Los registros publicados por la UBA para 2024 muestran que los estudiantes extranjeros representaban el 28% de la matrícula total de la Facultad de Medicina, once puntos porcentuales por debajo del número difundido por el vocero.
La proporción disminuye considerablemente cuando se observa el conjunto del sistema universitario nacional. De acuerdo con el anuario estadístico de la Secretaría de Educación, en 2024 había 84.110 estudiantes extranjeros sobre un total de 2.066.151 alumnos de carreras de grado y pregrado de universidades nacionales. La proporción equivale al 4,1%.
La diferencia con el decreto firmado por Milei
La metodología también presenta una diferencia con los criterios establecidos por el Decreto 366/2025 firmado por Javier Milei. La norma habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los extranjeros que no posean residencia permanente, mientras mantuvo la gratuidad para argentinos y extranjeros con residencia permanente.
El cálculo del 39%, en cambio, incluye dentro de la categoría difundida públicamente como extranjeros a personas que pueden contar con residencia permanente, pese a que el propio decreto les reconoce la posibilidad de continuar accediendo a la educación universitaria sin pagar aranceles.
También existe otra variable en la discusión sobre el financiamiento. Los migrantes que residen en Argentina participan del sistema tributario mediante el pago de IVA y otros impuestos asociados al consumo, además de afrontar alquileres, servicios y distintas obligaciones tributarias según cada situación.
La cifra difundida tampoco permite establecer cuántos estudiantes extranjeros llegaron exclusivamente para cursar una carrera, cuántos poseen residencia permanente, cuántos viven en Argentina desde su infancia ni cuántos permanecerán en el país trabajando, incluso dentro del sistema sanitario, después de graduarse.
Así, el 39% constituye un dato construido a partir de criterios más amplios que la nacionalidad o la condición migratoria. La controversia sobre el financiamiento universitario quedó atravesada, de ese modo, por otra discusión: qué variables deben utilizarse para identificar a los estudiantes extranjeros y hasta qué punto una cifra oficial puede representar realidades migratorias profundamente diferentes.
