Una investigación judicial busca determinar si durante varios años funcionó una presunta maniobra irregular dentro de la Armada Argentina relacionada con el pago de haberes, suplementos salariales y viáticos, con un perjuicio económico estimado en hasta $1.600 millones. Las actuaciones alcanzan a oficiales, personal civil y otras personas que habrían recibido acreditaciones bajo análisis.
La operatoria investigada se habría desarrollado desde 2022 y contemplaría distintas modalidades para alterar liquidaciones, entre ellas acreditaciones de conceptos que no correspondían, pagos a personas desvinculadas de la fuerza y maniobras asociadas con viáticos destinados a personal que realizaba misiones en el exterior.
Una investigación interna reconstruyó cientos de acreditaciones consideradas indebidas. Documentación judicial relevada públicamente identificó 645 pagos por más de $981 millones entre julio de 2022 y enero de 2026, mientras que otras estimaciones incluidas alrededor del caso elevaron el perjuicio potencial por encima de esa cifra.
Cómo funcionaban las presuntas maniobras
Uno de los mecanismos bajo investigación habría consistido en asignar suplementos adicionales a determinados integrantes de la fuerza. Según la denuncia, en algunos casos una parte del dinero posteriormente debía ser devuelta y habría terminado en manos de quienes intervenían en el circuito administrativo.
Los investigadores también detectaron diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos remitidos para realizar las acreditaciones bancarias. Entre las irregularidades analizadas aparecen conceptos que no figuraban en los recibos, duplicaciones y transferencias dirigidas a beneficiarios cuya relación con la Armada no pudo establecerse inicialmente.
Otra modalidad señalada fue la generación de “cobros fantasma” mediante datos correspondientes a personas retiradas o dadas de baja de la fuerza, a quienes se les habrían asignado pagos pese a que ya no prestaban funciones.
La investigación también puso el foco sobre los viáticos correspondientes a misiones internacionales. Se habrían liquidado sumas en moneda extranjera por comisiones que no se concretaron y, en otros casos, habrían continuado efectuándose pagos después de finalizadas las tareas que los justificaban.
El expediente además incluyó casos de personal destinado en el extranjero que habría recibido simultáneamente determinados pagos locales, pese a que los sistemas administrativos debían impedir esas acreditaciones de manera automática.
La denuncia llegó a la Justicia Federal
Las irregularidades comenzaron a ser investigadas internamente luego de que integrantes de la fuerza advirtieran inconsistencias en las liquidaciones. A partir de esas alertas, la Armada amplió los controles administrativos sobre períodos anteriores y posteriormente llevó el caso a la Justicia Federal.
El Ministerio de Defensa confirmó oficialmente la existencia de las actuaciones y señaló que «se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos».
El organismo agregó que «constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal Número 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación».
La investigación judicial deberá ahora establecer cuál fue el monto total involucrado, quiénes participaron de las maniobras y qué responsabilidad penal puede corresponder a cada una de las personas investigadas.
Defensa prometió medidas ante las irregularidades
Desde el Ministerio de Defensa señalaron que el manejo de los fondos públicos será uno de los puntos centrales de la investigación administrativa y judicial.
«La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley», concluyó la comunicación oficial.
El expediente continúa en etapa de investigación y, por el momento, las maniobras descriptas permanecen bajo análisis judicial. Será la Justicia la encargada de determinar la existencia de delitos, precisar el perjuicio económico definitivo y establecer las eventuales responsabilidades individuales.
