La Justicia federal avanzó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia. El juez Ariel Lijo autorizó 20 medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita con el objetivo de reconstruir los bienes, ingresos y movimientos económicos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
El expediente analiza la evolución patrimonial de Tapia entre 2017 y 2024, período durante el cual también desempeñó funciones dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La denuncia que dio origen a la investigación sostiene que durante esos años se habría registrado un incremento patrimonial del 1.000%. Las medidas autorizadas buscarán determinar si esa evolución encuentra respaldo en los ingresos declarados y en las distintas actividades desarrolladas por el dirigente.
La causa se inició a partir de una presentación realizada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su denuncia cuestionó la evolución de los bienes del titular de la AFA y puso especial atención sobre los años en los que ejerció funciones dentro de la CEAMSE.
Las diferencias que aparecen en las declaraciones patrimoniales
Los registros incorporados al expediente muestran diferencias entre las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2017 y 2024.
En 2017, Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal conjunto de $17 millones, además de un vehículo y aproximadamente $1,5 millones en efectivo.
Para 2024, la documentación consignó más de $1.002 millones depositados en distintas cuentas bancarias. También declaró más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La existencia de esas diferencias no implica por sí misma la comisión de un delito. La investigación judicial apunta precisamente a establecer el origen de los fondos y determinar si la evolución patrimonial puede justificarse a partir de los ingresos legítimamente declarados.
Dentro del análisis también aparecen los ingresos atribuidos a Tapia por sus distintas funciones. Entre ellos figuran $100.233.144 correspondientes a su actividad como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 vinculados con su cargo como vicepresidente de la CONMEBOL.
Los investigadores también tendrán en cuenta su trayectoria dentro de la CEAMSE, organismo al que ingresó en 2014 como vicepresidente y en el que posteriormente asumió la presidencia.
Las 20 medidas que autorizó Ariel Lijo
Las diligencias habilitadas por el juez buscan realizar una reconstrucción amplia de la situación económica del presidente de la AFA durante el período investigado.
La Justicia solicitará información sobre propiedades, cuentas bancarias, sociedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves que puedan estar relacionadas con Tapia.
Además, los investigadores requerirán datos sobre sus movimientos migratorios, antecedentes laborales, remuneraciones y posibles reportes vinculados con operaciones sospechosas.
Otro de los puntos bajo análisis serán los vínculos de Tapia con la CONMEBOL, incluidos los cargos que desempeñó dentro de la organización y los pagos recibidos por esas funciones.
El objetivo de la Fiscalía es reunir toda esa documentación para elaborar un informe integral sobre la evolución económica y patrimonial del dirigente.
Ese estudio permitirá contrastar los bienes, movimientos bancarios e inversiones registrados durante los años investigados con los ingresos que Tapia declaró oficialmente.
La autorización de las medidas de prueba representa un avance dentro del expediente, pero no supone una declaración de culpabilidad ni una conclusión sobre la existencia de enriquecimiento ilícito.
La investigación deberá determinar ahora si el crecimiento patrimonial señalado en la denuncia cuenta con una explicación compatible con los ingresos declarados por el presidente de la AFA durante el período bajo análisis.
