Organizaciones de excombatientes de Malvinas impulsan un proyecto de ley que propone sanciones económicas y penales contra empresas y personas que exploten recursos naturales en las islas y el Atlántico Sur sin autorización del Estado argentino. La iniciativa contempla el decomiso de bienes, inhabilitaciones comerciales y penas de hasta 20 años de prisión.
La propuesta fue elaborada e impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y el Centro de Veteranos Ex Combatientes Islas Malvinas (CEVECIM) de Berisso, con el objetivo de establecer un régimen específico de protección de los recursos naturales en los territorios cuya soberanía reclama Argentina.
El texto, denominado Ley de Políticas Soberanas, fue presentado ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Aldo Leiva.
La iniciativa busca establecer consecuencias jurídicas para las actividades pesqueras, hidrocarburíferas y comerciales desarrolladas bajo autorizaciones de la administración británica en Malvinas y otros espacios del Atlántico Sur.
El proyecto busca declarar nulas las licencias británicas en Malvinas
Uno de los principales puntos del proyecto establece que Argentina declare nulos los actos administrativos, concesiones, permisos y licencias otorgados por la administración británica para operar en territorios y espacios marítimos cuya soberanía reclama el país.
La propuesta comprende las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las áreas marítimas e insulares correspondientes.
Según los fundamentos de las organizaciones impulsoras, las actividades de extracción y comercialización de recursos naturales representan una fuente de sostenimiento económico para la administración británica de las islas.
El proyecto establece la prohibición de desarrollar actividades comerciales, industriales, extractivas, financieras o turísticas en esos espacios sin autorización expresa del Gobierno argentino.
De aprobarse, el régimen buscaría establecer responsabilidades por operaciones realizadas bajo permisos que Argentina no reconoce como válidos en virtud de su reclamo territorial.
La declaración de nulidad prevista en el proyecto tendría efectos dentro del ordenamiento jurídico argentino, mientras que su aplicación frente a empresas y operadores extranjeros dependería de las herramientas legales y jurisdiccionales disponibles.
Decomiso de barcos, aeronaves y bienes utilizados en actividades extractivas
La iniciativa también incorpora medidas de decomiso sobre embarcaciones, aeronaves, instalaciones, equipamiento y otros bienes utilizados en actividades consideradas contrarias a las disposiciones propuestas.
El objetivo es establecer consecuencias patrimoniales para quienes participen en la explotación de recursos naturales sin la autorización exigida por el Estado argentino.
Entre los bienes alcanzados podrían encontrarse embarcaciones pesqueras, equipos asociados con actividades hidrocarburíferas y otros recursos materiales empleados para sostener las operaciones.
El proyecto no se limita a las compañías que realizan directamente la extracción, sino que también contempla las estructuras económicas y operativas vinculadas con esas actividades.
Las medidas propuestas requerirían los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes para determinar la existencia de una infracción y la eventual procedencia de sanciones.
Un registro de infractores con inhabilitaciones de 20 años
Otro de los componentes centrales de la Ley de Políticas Soberanas es la creación de un Registro Público de Infractores, destinado a identificar a las personas físicas y jurídicas comprendidas en las conductas sancionadas.
El proyecto contempla una inhabilitación de 20 años para quienes operen en Malvinas mediante licencias británicas, con consecuencias sobre sus posibilidades de desarrollar actividades económicas en el territorio continental argentino.
Durante ese período, los infractores quedarían impedidos de operar, participar en licitaciones, celebrar contratos o mantener activos en el país, según los términos establecidos en la iniciativa.
La medida busca extender las consecuencias económicas de las operaciones cuestionadas más allá del área específica donde se realizan las actividades extractivas.
Para los impulsores, el mecanismo permitiría vincular el reclamo de soberanía con decisiones concretas sobre la participación de empresas en el mercado argentino.
Hasta 20 años de prisión para directivos, accionistas y financistas
El proyecto también contempla sanciones penales para quienes intervengan en actividades de explotación de recursos naturales consideradas ilegales bajo el régimen propuesto.
Las penas previstas alcanzan hasta 20 años de prisión y podrían aplicarse a directivos, accionistas y financistas de empresas que exploten, almacenen o transporten recursos naturales renovables o no renovables en los espacios comprendidos por la iniciativa.
La propuesta incluye actividades vinculadas con la pesca, la explotación hidrocarburífera y otras formas de aprovechamiento económico de los recursos naturales.
También contempla posibles responsabilidades para quienes proporcionen servicios de logística, transporte o soporte operativo que faciliten directa o indirectamente la continuidad de las actividades alcanzadas.
El alcance de las responsabilidades penales dependería de las conductas concretas atribuidas a cada persona y de los elementos necesarios para acreditar su participación conforme a la legislación aplicable.
La iniciativa busca establecer un régimen que no se limite a las empresas operadoras, sino que también contemple a quienes intervienen en su financiamiento y funcionamiento.
Proponen habilitar juicios en ausencia para responsables extranjeros
Entre las medidas incluidas se encuentra la posibilidad de habilitar el juicio en ausencia contra responsables de empresas extranjeras que permanezcan fuera del territorio nacional y eviten comparecer ante la Justicia argentina.
La disposición apunta a situaciones en las que los investigados no se encuentren bajo jurisdicción territorial efectiva de las autoridades argentinas.
La propuesta representa uno de los aspectos jurídicamente más complejos del proyecto, debido a las garantías procesales y a las condiciones legales que deben cumplirse para desarrollar un procedimiento penal sin la presencia del acusado.
La eventual aplicación de ese mecanismo requeriría compatibilidad con las normas constitucionales, procesales y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
El tratamiento legislativo deberá determinar el alcance de las disposiciones propuestas y su articulación con el sistema penal vigente.
También buscan dejar sin efecto el acuerdo bilateral de 2024
La Ley de Políticas Soberanas incorpora otro planteo relacionado con la política exterior argentina hacia el Reino Unido.
Los impulsores proponen dejar sin efecto el entendimiento anunciado en septiembre de 2024 entre la entonces canciller argentina Diana Mondino y el entonces secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy.
Ese acercamiento diplomático incluyó cuestiones vinculadas con la agenda bilateral sobre el Atlántico Sur, en un contexto marcado por la persistencia de la disputa de soberanía.
Las organizaciones de excombatientes consideran necesario revisar ese entendimiento como parte de una estrategia orientada a reforzar la posición argentina respecto de los recursos naturales de Malvinas.
El planteo incorpora al debate legislativo las decisiones diplomáticas adoptadas en relación con las islas y su eventual impacto sobre las actividades económicas de la región.
El Congreso deberá analizar la propuesta de los excombatientes
La iniciativa fue presentada ante la comisión parlamentaria presidida por Aldo Leiva y, de acuerdo con el cronograma anunciado por sus impulsores, su ingreso a la Cámara de Diputados está previsto para el martes 13 de octubre de 2026.
El proyecto deberá atravesar las instancias legislativas correspondientes antes de una eventual aprobación.
Su presentación no modifica por sí misma el régimen jurídico vigente ni habilita automáticamente la aplicación de las sanciones económicas y penales contempladas.
La propuesta se relaciona con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, incorporado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Los centros de excombatientes buscan que ese reclamo tenga una expresión legislativa específica en materia de explotación de recursos naturales, actividad económica y responsabilidades de las empresas involucradas.
El debate parlamentario deberá definir la viabilidad y el alcance de las medidas propuestas, que incluyen la nulidad de autorizaciones británicas, restricciones comerciales, decomisos y penas de prisión de hasta 20 años.
