El Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar el ancla fiscal de la Argentina, aunque planteó que la próxima etapa del programa económico deberá modificar la composición de los impuestos y del gasto público para sostener la consolidación con menos trabas sobre la inversión, la producción y el crecimiento.

La definición fue realizada durante la presentación del Monitor Fiscal en Bangkok. Ante una consulta específica sobre Argentina, Era Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del organismo, sostuvo que “la disciplina fiscal ha continuado siendo un pilar del programa” y una pieza central del proceso de estabilización.

Hacia adelante, agregó, “se necesitan reformas fiscales estructurales” que permitan continuar con la consolidación y mejorar al mismo tiempo la eficiencia del sistema tributario y del gasto.

Las reformas que propone el FMI

Dabla-Norris detalló cuatro líneas de acción: reducir gastos tributarios, especialmente las exenciones del IVA; normalizar los impuestos a los combustibles; retirar gradualmente otros gravámenes distorsivos y reemplazarlos por fuentes de recaudación más robustas y sostenibles.

Del lado del gasto, el organismo recomendó continuar racionalizando los subsidios, focalizarlos en quienes más los necesitan y mejorar su eficiencia.

La intervención se produjo un día después de que el World Economic Outlook redujera del 3,5% al 2,1% la previsión de crecimiento para la Argentina en 2026.

El Fondo atribuyó parte de esa corrección a una actividad económica más débil, una menor demanda interna y condiciones financieras restrictivas.

“Cobrar mejor” y reducir distorsiones

La recomendación para Argentina se inscribe en la tesis central del Monitor Fiscal, que plantea que “cobrar mejor” puede favorecer el crecimiento sin reducir necesariamente la recaudación.

El informe sostiene que un IVA más neutral, un mejor diseño de los impuestos corporativos, incentivos al trabajo y una administración tributaria más eficiente pueden contribuir a elevar la inversión, el empleo y la productividad.

El organismo ya había desarrollado esta línea en un informe previo, donde describió al sistema tributario argentino como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, con más de 155 tributos.

Según ese análisis, los impuestos al comercio, las transacciones financieras y los provinciales sobre los ingresos brutos representan aproximadamente el 7% del PBI y más de una cuarta parte de la recaudación.

La propuesta consiste en ampliar bases tributarias y reducir gastos fiscales para generar espacio que permita disminuir gradualmente retenciones y el impuesto al Cheque.

El documento estimó que eliminar determinadas exenciones del IVA, acompañando la medida con compensaciones para hogares vulnerables, podría aportar alrededor de 0,4% del PBI, mientras que actualizar los impuestos específicos sobre combustibles sumaría otro 0,3%.

Subsidios, gasto e inteligencia artificial

La hoja de ruta ya forma parte de los compromisos incluidos en el programa con el Fondo. Para diciembre, el Gobierno asumió como meta estructural presentar una reforma tributaria que reduzca de manera gradual los gravámenes sobre el comercio y las transacciones financieras, simplifique el sistema y amplíe la base mediante una racionalización de exenciones y regímenes especiales.

La misma lógica se aplica al gasto público. Dabla-Norris insistió en la necesidad de contar con subsidios más focalizados y una utilización más eficiente de los recursos.

Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, sintetizó la recomendación general al plantear que los países deben mejorar la composición de impuestos y gastos para hacerlos “menos distorsivos y más favorables al crecimiento”.

El organismo también comenzó a incorporar el impacto de la inteligencia artificial dentro de esa discusión fiscal.

Dabla-Norris sostuvo que la IA puede fortalecer las finanzas públicas al incrementar la productividad y permitir que los gobiernos recauden de manera más eficaz y gasten con mayor eficiencia.

Al mismo tiempo, advirtió que si la tecnología desplaza empleo podría erosionar las bases tributarias y exigir mayores recursos destinados a protección social.

Por ese motivo, recomendó que los gobiernos preparen infraestructura digital, capacidades laborales y distintos escenarios fiscales ante los posibles efectos de la transformación tecnológica.

La recomendación no fue presentada como una nueva condición de la tercera revisión del programa, cuyas negociaciones continúan. Sin embargo, completa la señal que el organismo viene transmitiendo: después de respaldar la disciplina fiscal y reducir sus previsiones de crecimiento para la Argentina, considera que sostener el ancla requerirá revisar en profundidad cómo recauda y cómo gasta el Estado.