Según informaron medios, el borrador permite pedir el bloqueo del lanzamiento o del uso solo si hay un riesgo previsible e inminente de causar más de US$1.000 millones en daños, o de matar o provocar lesiones graves a más de 50 personas. Son riesgos proyectados, no daños ya ocurridos.
Solo el Departamento de Comercio puede solicitar la suspensión ante un juez, según el borrador. Las demás agencias y los funcionarios federales no pueden frenar por su cuenta el desarrollo, el despliegue o el uso interno de un modelo.
Quién evalúa el riesgo y quién decide
El proyecto prevé evaluadores independientes registrados ante el Departamento de Comercio, que revisan de forma periódica a los laboratorios y a sus modelos. Las empresas pueden pagarles, pero el pago no puede depender del resultado de la evaluación.
Si un evaluador detecta un riesgo inminente de los previstos, debe avisar al Departamento de Comercio dentro de las 72 horas posteriores a completar la evaluación. La orden de suspensión la dicta un juez federal del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia.
Qué dice el marco público de junio
El marco oficial de Anthropic de junio propone obligaciones para modelos entrenados con más de 10 a la 25 operaciones de punto flotante y para desarrolladores que superen los US$500 millones de ingresos anuales de IA o gasten más de US$1.000 millones al año en investigación y desarrollo. Ahí los US$1.000 millones miden gasto anual; en el borrador, miden un riesgo de daños.
El mismo marco enumera cuatro categorías de riesgo: armas biológicas, operaciones cibernéticas ofensivas, pérdida de control de sistemas de IA e investigación y desarrollo automatizados que puedan amplificar esos riesgos.
Recomienda informes de riesgo públicos al menos cada seis meses. También recomienda reportar incidentes críticos de seguridad al organismo designado dentro de los 15 días desde que el desarrollador los detecta o tiene motivos razonables para creer que ocurrieron.
La vía de un juez federal para bloquear un modelo de IA sigue siendo una propuesta, no una ley. Anthropic no publicó el texto íntegro de este borrador.
Anthropic presentó a legisladores de Estados Unidos un borrador para que el Gobierno pueda pedir el freno de un modelo de IA. Según informaron medios, eso solo cabría ante un riesgo previsible e inminente de más de US$1.000 millones en daños, o de matar o lesionar gravemente a más de 50 personas. Esos daños son un escenario previsto, no un hecho ya ocurrido. La orden la dicta un juez federal, y el texto todavía no es ley.
Un freno con número: más de US$1.000 millones o más de 50 personas. Anthropic les acercó a legisladores de Estados Unidos un borrador para que el Gobierno pida el bloqueo de un modelo de inteligencia artificial solo ante un riesgo previsto e inminente. No es ley. Es la costumbre de ponerle un precio al incendio antes de que haya humo.
El examen lo harían evaluadores independientes, registrados en el Departamento de Comercio, sobre los laboratorios y sobre los modelos. La empresa puede pagar. El pago no puede depender del resultado: el equivalente criollo sería un mecánico que cobra lo mismo aunque el auto no arranque. Si el evaluador ve un riesgo inminente de los que marca el borrador, tiene 72 horas para avisar.
Después la llave es una sola. Solo Comercio puede pedirle a un juez federal del Distrito de Columbia que suspenda el lanzamiento o el uso. El resto de las agencias no puede frenar por su cuenta el desarrollo, el despliegue ni el uso interno. Como si en un trámite municipal alcanzara una ventanilla y el resto no pudiera inventar un sello.
Hay otro US$1.000 millones dando vueltas y no mide lo mismo. El marco público de junio habla de quien gasta más de US$1.000 millones al año en investigación de IA, o supera US$500 millones de ingresos, y de modelos entrenados con más de 10 a la 25 operaciones. Armas biológicas, ciberataques ofensivos, pérdida de control y una investigación automática capaz de agrandar esos riesgos: eso está en el PDF. Mismo cartel de mil millones, dos etiquetas: una es la factura del laboratorio y la otra es el tamaño del susto.
Ese marco pide informes públicos de riesgo al menos cada seis meses y avisar incidentes críticos dentro de los 15 días. El texto legislativo no está publicado entero. Mientras tanto, el mil millones del susto y el mil millones del gasto anual siguen sin saludarse.
En inteligencia artificial, hasta el freno de emergencia llegó con manual de uso y con un juez en el Distrito de Columbia.
