El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió en la Cámara de Diputados el presupuesto destinado a las universidades nacionales para 2027 y reclamó que las casas de estudio mantengan una gestión “responsable y transparente”. La exposición se desarrolló en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda marcada por fuertes cruces entre legisladores.
Torrendell participó junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la comisión presidida por Bertie Benegas Lynch, donde ambos funcionarios defendieron la política educativa del Gobierno.
Una discusión atravesada por el financiamiento universitario
La presentación se realizó en medio de la disputa con las autoridades de las universidades nacionales, que reclaman la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario y solicitan 11 billones de pesos para el sector, mientras que la propuesta oficial contempla 7,3 billones de pesos.
Durante la reunión se produjeron varios cruces de alta tensión. Uno de los episodios involucró a los diputados Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, y Andrés Leone, de La Libertad Avanza, quienes debieron ser separados por otros legisladores.
»Te voy a cagar a trompadas» dispara Castagneto, mientras Leone se defendía y le decía que nunca lo insultó, y Benegas Lynch buscaba poner orden en la reunión.
El incidente se produjo cuando estaba terminando de hablar el diputado socialista Esteban Paulón.
Otro contrapunto ocurrió cuando el diputado Alejandro Finocchiaro sostuvo: «acá hay un diputado que me llamó mentiroso y para mí mentiroso es un insulto muy grave. Y el diputado que me llamó mentiroso en ese momento se hace el sonso. Y yo le voy a decir una cosa… En el barrio en el que yo me crié, a los sonsos como usted, diputado, se les da un chirlo».
Paulón respondió: «diga que fui yo» y, en ese contexto, Finocchiaro agregó: «Diputado, estoy hablando de un chirlo. A ver, usted se merece un chirlo porque es un sonso».
La defensa del Gobierno
El clima de la comisión comenzó a endurecerse luego de la exposición de Alejandro Álvarez, quien defendió la posición oficial y cuestionó a los legisladores opositores.
»Yo quiero destacar algo, que el gobierno siempre ha estado derecho y los funcionarios estamos siempre a tiro de denuncia, ¿no? Y hay muchos dirigentes opositores que tienen la denuncia fácil. Todavía no ha habido ninguna denuncia sobre nuestro incumplimiento respecto a esta ley. Yo los estoy esperando, que no tengo ninguna notificación, señor Paulon, de la vigencia de esta ley», disparó.
Álvarez agregó: «los voy a escuchar todas las horas que quieran, a insultarme y agraviarme en este lugar, no tenemos ningún problema, porque prefiero eso antes que lleven a los estudiantes a tirar piedras y tomar edificios».
También afirmó: «El peor ejemplo es ver a un diputado de nuestra república tomar un edificio o llamar a la plaza de insurrección.»
Torrendell puso el foco en la eficiencia
Torrendell sostuvo que los recursos destinados a las universidades representarán en 2027 el 3,88% de los recursos generales, mientras que en 2025 habían alcanzado el 3,52%.
El funcionario señaló que “dentro del presupuesto, las universidades no perdieron lugar, sino que «lo ganaron” y el costo fiscal consolidado por cada profesional graduado se estima aproximadamente en 80 millones de pesos”.
“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparente”, agregó.
En ese sentido, Torrendell planteó que «el problema no es cuánto se invierte, sino cuánto rinde esa inversión en términos de eficiencia y equidad” y que «son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer”.
Además, aseguró que de cada «10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”.
Los reclamos de la oposición
En la apertura de la reunión, el diputado Itaí Hagman solicitó a Benegas Lynch que convoque a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles para participar del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027.
»Ante el grave incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente, la voz de la comunidad universitaria no puede estar ausente», dijo el legislador.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó la propuesta oficial: «Este presupuesto lo que hace es tratar de sostener un dibujo, que claramente está ocultando un recorte, un ajuste y una sub-ejecución de muchísimas partidas del 2026, queriéndonos vender acá en la Cámara de Diputados una promesa camino al 2027 que resulta imposible de creer cuando uno observa los números de algunos de esos programas».
»No sólo imposible de creer por los datos, sino porque también hay que tener en cuenta lo que han hecho durante estos años de gestión de manera sistemática», siguió.
La discusión continuará en Diputados en medio de una fuerte disputa por el financiamiento universitario, las partidas previstas para 2027 y el alcance de la ley reclamada por las casas de estudio.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió en Diputados el presupuesto universitario para 2027 y reclamó una gestión “responsable y transparente” de las casas de estudio. La exposición se dio en una reunión cargada de tensión, con fuertes cruces entre legisladores, mientras persiste la disputa por los fondos destinados a las universidades nacionales
La discusión por el presupuesto universitario empezó con números y terminó rozando una clase práctica de educación física parlamentaria. Carlos Torrendell llegó a Diputados para defender las partidas previstas para las universidades nacionales y terminó exponiendo en una comisión donde, por momentos, la palabra “financiamiento” quedó desplazada por conceptos mucho más concretos como “trompadas”, “chirlos” y la ancestral disciplina legislativa de gritar mientras otro habla.
El conflicto de fondo es serio: las universidades reclaman 11 billones de pesos y el Gobierno propone 7,3 billones. Pero la sesión encontró una manera muy argentina de traducir esa brecha fiscal al lenguaje corporal. Carlos Castagneto y Andrés Leone quedaron al borde de irse a las manos, mientras Alejandro Finocchiaro desarrolló una teoría jurídica alternativa según la cual ciertos desacuerdos podrían resolverse con un “chirlo”. Montesquieu no llegó a prever esta rama del derecho.
En medio del clima inflamable, Alejandro Álvarez decidió subir todavía más la temperatura al desafiar a la oposición y reivindicar la posición del Gobierno frente a la ley de Financiamiento Universitario. Torrendell, mientras tanto, sostuvo que las universidades ganaron participación dentro del presupuesto y puso el foco en la eficiencia, los costos por graduado y la tasa de egreso. Es decir, intentó discutir productividad educativa en una sala donde varios adultos todavía estaban negociando la conveniencia de resolver sus diferencias como alumnos expulsados del recreo.
La reunión dejó una postal bastante precisa del problema: el Gobierno habla de eficiencia y transparencia, la oposición denuncia ajuste y subejecución, las universidades reclaman más fondos y algunos diputados parecen convencidos de que el debate público mejora si se acompaña con amenazas de contacto físico. La educación superior argentina atraviesa una discusión compleja. El Congreso, por ahora, decidió ilustrarla con métodos pedagógicos propios de otro nivel
