El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios nacionales por presuntas irregularidades en la administración de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH).

La presentación sostiene que fondos destinados específicamente a financiar obras de infraestructura hídrica habrían sido utilizados para adquirir instrumentos de deuda del Tesoro Nacional, mientras numerosos proyectos de prevención de inundaciones, saneamiento y provisión de agua permanecían paralizados.

Según la denuncia, estas operaciones habrían tenido como finalidad contribuir a “sostener la situación ficcional de déficit fiscal cero”, mediante la utilización de recursos afectados legalmente a obras públicas.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 1 de San Martín, a cargo del juez Emiliano Ramón Canicoba. Katopodis solicitó ser admitido como querellante y pidió la adopción de medidas de prueba para determinar el destino de los fondos y las eventuales responsabilidades penales.

La denuncia también alcanza al secretario de Finanzas, Federico Furiase; al secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y a directivos del Banco de la Nación Argentina, en su carácter de administradores fiduciarios.

Entre los presuntos delitos mencionados figuran la malversación de caudales públicos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la administración fraudulenta y el retardo injustificado de pagos.

Se trata de acusaciones formuladas en una presentación judicial, cuya existencia no implica que los funcionarios denunciados hayan cometido los delitos señalados.

El Fondo Hídrico y los $259.431 millones que quedaron sin ejecutar

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue creado en 2001 y ratificado por ley en 2006, con el objetivo de garantizar recursos para la planificación, construcción y mantenimiento de obras vinculadas con el agua y el saneamiento.

Su financiamiento proviene del 4,31% de la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, cuyos recursos poseen una afectación específica establecida por la normativa.

El dinero debe destinarse a proyectos de infraestructura hídrica, obras de saneamiento, redes cloacales, provisión de agua potable y otras intervenciones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos.

Según la documentación incorporada por Katopodis, la administración de estos fondos registró un cambio significativo desde 2024.

Durante 2022 y 2023, los pagos destinados a obras representaron el 229% y el 289% de la recaudación anual, respectivamente. Esos porcentajes superiores al 100% reflejan desembolsos que excedieron los ingresos registrados en cada período.

Sin embargo, la ejecución cayó al 12,3% en 2024 y al 23,5% en 2025, de acuerdo con las cifras presentadas en la denuncia.

Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fondo habría recaudado $375.422 millones, mientras que los pagos destinados a obras alcanzaron los $115.990 millones.

La diferencia dejó un remanente estimado de $259.431 millones, según los cálculos incorporados al expediente.

La presentación también sostiene que durante 2024 los gastos administrativos y operativos del propio fondo superaron los montos efectivamente invertidos en infraestructura.

La denuncia apunta a inversiones en Letras del Tesoro

Uno de los aspectos centrales de la acusación es el destino financiero de los recursos que no fueron aplicados a las obras previstas.

Según Katopodis, en lugar de mantener esos fondos disponibles para financiar proyectos hídricos, las autoridades nacionales los colocaron en Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (LECAP), instrumentos de deuda pública que generan rendimientos financieros.

La documentación presentada señala que, al 1 de junio de 2026, el 85,5% de los activos del fideicomiso estaba invertido en esos instrumentos.

Posteriormente, un informe oficial obtenido mediante un pedido de acceso a la información pública indicó que, en septiembre de 2026, las colocaciones en Letras del Tesoro ascendían a $303.370 millones.

En contraste, los recursos depositados en plazos fijos destinados a reserva de liquidez alcanzaban apenas $47,2 millones, según los datos citados en la presentación.

El ministro bonaerense sostiene que estas decisiones habrían permitido al Tesoro Nacional obtener financiamiento mediante recursos originalmente destinados a obras de infraestructura.

Desde esa perspectiva, la denuncia plantea que las inversiones financieras habrían contribuido a sostener las metas fiscales del Gobierno nacional, en perjuicio de la ejecución de proyectos hídricos.

La presentación también anticipa una controversia sobre la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 425/2025, que establece la obligación de invertir excedentes transitorios de liquidez de organismos públicos en Letras del Tesoro.

Katopodis argumentó que esa disposición no puede aplicarse retroactivamente a las operaciones realizadas antes de junio de 2025.

Además, cuestionó que los recursos puedan ser considerados excedentes cuando, según su planteo, permanecieron disponibles debido a la decisión de interrumpir o demorar la ejecución de las obras.

La determinación sobre la legalidad de estas operaciones y su eventual relevancia penal deberá surgir de la investigación judicial.

El fenómeno de El Niño y las obras paralizadas en Buenos Aires

La denuncia también vincula la administración de los fondos con el riesgo de inundaciones asociado al fenómeno climático de El Niño.

Según la información incorporada al expediente, la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense identificó un riesgo alto de saturación e inundaciones en 48 municipios.

El organismo provincial también estimó una probabilidad del 81% de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte”, de acuerdo con los antecedentes citados por el denunciante.

En ese contexto, Katopodis advirtió sobre las consecuencias que podría tener la falta de financiamiento de las obras destinadas a mitigar inundaciones.

“La inmovilización de los fondos y el abandono de las obras habrán de tener consecuencias fácticas ruinosas para la provincia y su población, ante la inminente ocurrencia del escenario hidrológico más exigente en décadas”, sostuvo el ministro en su presentación.

La denuncia cuestiona especialmente que, ante ese escenario de riesgo, más de $340.000 millones del Fondo Hídrico permanecieran colocados en instrumentos de deuda pública, según las cifras expuestas en el escrito.

Katopodis atribuyó a la interrupción del financiamiento nacional la paralización de numerosos proyectos de infraestructura hídrica.

De acuerdo con los datos presentados, 32 de las 59 obras registradas bajo la órbita del fondo a nivel nacional estaban neutralizadas o tenían sus convenios rescindidos.

En la provincia de Buenos Aires, la situación alcanzaba a 17 de los 27 proyectos previstos, equivalentes al 63% del total, con un monto contractual paralizado de $37.158 millones.

Entre los trabajos afectados se mencionaron intervenciones que ya presentaban importantes niveles de avance físico.

Uno de los casos señalados fue el saneamiento del arroyo Bedoya, en Escobar, que registraba un 96% de ejecución al momento de su interrupción.

También se incluyeron las obras de captación del arroyo Torres, en Merlo, con un 87% de avance, y los desagües de la cuenca Alto Perú, en San Isidro, que alcanzaban el 78,2%.

En Colón, los trabajos correspondientes a los desagües de la zona noroeste presentaban un avance del 68%, según la documentación incorporada a la denuncia.

La presentación también menciona obras de canalización, estaciones de bombeo y sistemas de drenaje en municipios como Lomas de Zamora, La Matanza, Florencio Varela y San Martín.

Estas intervenciones tenían como finalidad mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las inundaciones en zonas urbanas.

Otro proyecto destacado es la ampliación del río Salado, Tramo IV, considerada la obra de mayor envergadura financiada por el fondo en territorio bonaerense.

Según Katopodis, esa intervención sufrió importantes demoras y paralizaciones desde comienzos de 2025 debido a la interrupción de las partidas nacionales.

El cierre de organismos y las medidas solicitadas a la Justicia

El ministro bonaerense vinculó la situación del Fondo Hídrico con las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en la estructura de ejecución de la obra pública.

En ese marco, mencionó la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la cancelación o rescisión de 1.683 obras públicas sobre un universo de 2.339 proyectos nacionales, de acuerdo con las cifras citadas en la presentación.

Para avanzar con la investigación, Katopodis solicitó al juez Canicoba que disponga medidas urgentes destinadas a preservar la documentación vinculada con el fideicomiso.

Entre los requerimientos se encuentra la conservación de los registros contables, los movimientos bancarios del Banco Nación y los expedientes administrativos relacionados con la suspensión o rescisión de obras.

También pidió la realización de peritajes contables e hidráulicos para determinar el eventual perjuicio patrimonial y evaluar los riesgos derivados de la interrupción de los proyectos.

La investigación deberá establecer si la administración de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica respetó las obligaciones legales correspondientes y si las operaciones financieras denunciadas constituyen irregularidades administrativas o conductas penalmente relevantes.

El expediente se suma a otras controversias judiciales sobre la utilización de fondos afectados a infraestructura, entre ellas la causa vinculada con los recursos viales conocida como SISVIAL, impulsada por la diputada Victoria Tolosa Paz y el gobernador riojano Ricardo Quintela.

La denuncia presentada por Katopodis abre así un nuevo frente judicial relacionado con el destino de los recursos públicos, la ejecución de obras hídricas y las responsabilidades de los funcionarios nacionales, mientras persisten las preocupaciones provinciales por el riesgo de inundaciones.