Los usuarios de las rutas nacionales 205 y 226, en la provincia de Buenos Aires, comenzaron a pagar peajes con aumentos superiores al 100% después de que la concesionaria Corresur aplicara un nuevo cuadro tarifario autorizado por la Dirección Nacional de Vialidad.
La actualización comenzó a regir este jueves en las estaciones de Hinojo, sobre la ruta nacional 226, y Uribelarrea, sobre la ruta nacional 205, poco más de tres meses después de la transferencia de los corredores a manos privadas.
Para los vehículos de categoría 1, que incluye autos y camionetas, la tarifa con TelePASE pasó de $1.787,10 a $3.608,24, lo que representa un incremento aproximado del 101,9% respecto del valor anterior.
Se trata del segundo ajuste aplicado desde el cambio de administración. En julio, apenas una semana después de asumir el control, la empresa ya había implementado una suba cercana al 20%.
El nuevo incremento se produjo bajo el esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional, con el ministro de Economía, Luis Caputo, como uno de los principales responsables de la política de privatización y transferencia de corredores viales.
Los peajes de las rutas 205 y 226 aumentaron más del 100%
El impacto del nuevo cuadro tarifario se observa especialmente en las estaciones de Hinojo y Uribelarrea, donde los automovilistas encontraron una modificación significativa en el costo de circulación.
Hasta la actualización, los vehículos de categoría 1 que utilizaban TelePASE abonaban $1.787,10 por pasada.
Con los nuevos valores, el importe ascendió a $3.608,24, una diferencia de $1.821,14 por cada cruce.
El incremento supera el 100% respecto de la tarifa que se encontraba vigente desde julio, cuando la concesionaria había aplicado un primer ajuste del 20%.
La empresa responsable del corredor es Corresur, un consorcio integrado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco.
El grupo obtuvo la concesión de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de la autopista Ricchieri, en el marco del proceso de transferencia de corredores viales al sector privado.
Antes de concretarse esa transferencia, la empresa estatal Corredores Viales había realizado despidos de trabajadores, en un contexto de reorganización de la administración de las rutas.
La concesionaria asegura que las subas estaban previstas en el contrato
Desde Corresur explicaron que la actualización tarifaria contó con la autorización del Gobierno nacional y responde a las condiciones establecidas en el contrato de concesión.
La empresa indicó que los nuevos valores comenzaron a aplicarse después de la finalización de las «obras iniciales de puesta en valor, cuya ejecución fue verificada y aprobada por Vialidad Nacional».
Según detalló la concesionaria, la Dirección Nacional de Vialidad habilitó las nuevas tarifas mediante resoluciones emitidas el 26 de octubre.
El esquema contractual contempla que determinados trabajos iniciales permitan avanzar con las actualizaciones tarifarias previstas para los corredores.
Sin embargo, el alcance de las intervenciones establecidas para el primer año de concesión genera interrogantes sobre la relación entre las tareas exigidas y la magnitud del incremento aplicado.
De acuerdo con el pliego, las «obras iniciales de puesta en valor» comprenden principalmente la reparación de algunas luminarias, el acondicionamiento de semáforos y tareas menores de mantenimiento.
Esas son las intervenciones previstas contractualmente para la etapa inicial de administración, mientras que otras obras de infraestructura aparecen contempladas dentro del proyecto de concesión.
Qué obras están previstas en los corredores concesionados
Entre las intervenciones mencionadas en el pliego para el corredor se encuentra la construcción de una «pasarela peatonal» en Sierra de los Padres.
También figura la ejecución de una colectora de un kilómetro sobre la ruta nacional 226.
Otra de las obras previstas es la «semaforización de la Travesía Urbana de Tandil», en el tramo comprendido entre los kilómetros 162,70 y 171,70 de la misma ruta.
Estas intervenciones forman parte de las obligaciones contempladas para la concesionaria, aunque el nuevo incremento tarifario fue habilitado, según la empresa, a partir de la aprobación de los trabajos iniciales.
La diferencia entre las obras de mantenimiento previstas para la primera etapa y el porcentaje de aumento aplicado constituye uno de los aspectos centrales del nuevo esquema de cobro.
Con la actualización, los conductores que atraviesan las estaciones de Hinojo y Uribelarrea deben afrontar un costo superior al doble del que pagaban hasta ahora.
El nuevo cuadro tarifario se suma al incremento del 20% aplicado en julio y marca una nueva etapa en la administración privada de estos corredores nacionales.
La concesionaria sostiene que las modificaciones se encuentran respaldadas por el contrato y las autorizaciones de Vialidad Nacional, mientras que los usuarios ya enfrentan el impacto económico de los nuevos valores en sus desplazamientos por las rutas bonaerenses.
Los peajes de las rutas nacionales 205 y 226, en la provincia de Buenos Aires, registraron este jueves aumentos superiores al 100% en las estaciones de Uribelarrea e Hinojo. La tarifa para autos y camionetas con TelePASE pasó de $1.787,10 a $3.608,24. La concesionaria Corresur informó que las subas fueron autorizadas por Vialidad Nacional tras aprobarse trabajos iniciales de mantenimiento.
La privatización de las rutas nacionales acaba de presentar una innovación extraordinaria: el conductor paga el doble y, a cambio, recibe la emocionante noticia de que se repararon algunas luminarias, se atendieron semáforos y se realizaron tareas de mantenimiento. En las rutas 205 y 226, el peaje pasó de $1.787,10 a $3.608,24 para autos y camionetas con TelePASE. Un aumento que demuestra que, en la Argentina, hasta la barrera de un peaje puede desarrollar ambiciones de ascenso social.
El Gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo al frente de Economía, habilitó un esquema tarifario que permitió a la concesionaria Corresur aplicar una nueva suba después de haber incrementado los valores un 20% en julio. La empresa todavía no llevaba demasiado tiempo administrando los corredores cuando descubrió una verdad fundamental del negocio: las tarifas pueden avanzar a una velocidad que difícilmente autorizaría Vialidad Nacional para circular por una ruta.
La justificación contractual tiene una belleza burocrática difícil de superar. Las nuevas tarifas quedaron habilitadas tras la finalización de las «obras iniciales de puesta en valor, cuya ejecución fue verificada y aprobada por Vialidad Nacional». Una expresión que suena a reconstrucción integral de la infraestructura nacional, aunque el pliego menciona reparaciones de luminarias, semáforos y trabajos menores de mantenimiento durante el primer año. El verdadero monumento de ingeniería parece estar en la capacidad de transformar tareas iniciales en un aumento superior al 100%.
Para completar el panorama, el contrato contempla una pasarela peatonal en Sierra de los Padres, una colectora de un kilómetro sobre la ruta 226 y semaforización en la travesía urbana de Tandil. Son intervenciones concretas, pero el salto tarifario ya está haciendo su propia obra monumental: construir una distancia cada vez mayor entre el bolsillo del automovilista y el precio anterior.
La concesionaria asegura que todo está previsto en el contrato y aprobado por el organismo correspondiente. Jurídicamente, el procedimiento puede tener su explicación; económicamente, el usuario recibe una clase intensiva sobre el significado de la palabra actualización. No hace falta consultar un diccionario: alcanza con acercarse a la cabina de cobro y observar cómo una cifra conocida se convierte en otra que parece haber pasado por un tratamiento de crecimiento acelerado.
La situación resulta especialmente llamativa porque el incremento llega después de los despidos realizados por Corredores Viales antes de la transferencia de las rutas. Entre cambios de administración, ajustes de personal y nuevas tarifas, el sistema atraviesa una transformación profunda. Lo único que permanece rigurosamente constante es la obligación de pagar antes de seguir viaje.
Así, la experiencia de circular por las rutas 205 y 226 incorpora un nuevo atractivo: comprobar cuánto cuesta levantar una barrera. La empresa sostiene que las condiciones estaban escritas y el Gobierno dio su aval. Para los automovilistas, el debate contractual se resume en una operación matemática bastante menos sofisticada: ayer pagaban una cantidad, hoy pagan más del doble y la ruta sigue siendo el camino que necesitan recorrer.
