La Justicia de La Plata condenó a un comercio de telefonía a devolver USD 1.330 y pagar otros $2 millones por daño punitivo después de que un joven comprara un iPhone 15 Pro Max que dejó de funcionar pocas horas después de su adquisición. El fallo también ordenó abonar intereses y hacerse cargo de las costas judiciales.
El conflicto comenzó el 7 de agosto de 2024, cuando un comprador de 24 años adquirió el teléfono de alta gama para regalárselo a su madre. Según relató en la demanda, el dispositivo fue revisado y encendido en el establecimiento antes de concretar la entrega.
Sin embargo, después de transferir los datos personales y configurar las aplicaciones, el celular se quedó sin batería y no volvió a encenderse, pese a que fue conectado a la corriente eléctrica.
El comprador acudió nuevamente al comercio para reclamar una solución, pero aseguró que no obtuvo una respuesta satisfactoria. El conflicto terminó en una demanda judicial que fue analizada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 23 de La Plata.
Compró el iPhone para su madre y dejó de funcionar el mismo día
De acuerdo con la presentación judicial, el joven pagó USD 1.330 en efectivo por un iPhone 15 Pro Max, un dispositivo de alta gama que había adquirido como regalo para su madre.
Antes de retirarse del local, el teléfono fue encendido y revisado, sin que en ese momento se advirtieran problemas de funcionamiento.
Una vez realizada la compra, el comprador y su madre comenzaron a configurar el equipo, transferir información e instalar las aplicaciones necesarias para utilizarlo.
El inconveniente apareció cuando el dispositivo agotó su batería. Al intentar recargarlo, el teléfono no volvió a encenderse, lo que motivó un reclamo inmediato ante el comercio.
Según el relato incorporado a la causa, ambos regresaron al establecimiento y los vendedores les solicitaron dejar el aparato para revisarlo y volver aproximadamente tres horas después.
Cuando regresaron, les comunicaron que no habían conseguido solucionar la falla y que el equipo debía ser enviado al servicio de garantía.
Ante esa situación, el joven solicitó la devolución del dinero, pero sostuvo que el comercio rechazó su pedido.
También cuestionó que no se le hubiera entregado una factura o un comprobante con información suficiente para realizar un reclamo formal ante Defensa del Consumidor.
La garantía del fabricante había vencido un día antes de la compra
Uno de los elementos centrales de la controversia fue la información que el comprador encontró al consultar el número de serie del dispositivo en la página oficial del fabricante.
Según expuso en su demanda, el iPhone figuraba como activado con anterioridad y su garantía aparecía vencida desde el 6 de agosto de 2024.
Ese dato resultó especialmente relevante porque la adquisición se había concretado el 7 de agosto, es decir, al día siguiente del vencimiento indicado en el sistema.
La circunstancia generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que el equipo había sido comercializado y la información proporcionada al cliente al momento de la operación.
Durante las comunicaciones posteriores, el negocio habría ofrecido distintas alternativas de reparación e incluso la posibilidad de entregar otro teléfono nuevo, aunque de un color diferente.
El comprador rechazó esa última propuesta porque pretendía recibir un dispositivo con las mismas características que el adquirido originalmente.
El desacuerdo continuó y finalmente derivó en la intervención judicial.
El comercio negó la venta, pero un peritaje informático fue decisivo
Durante el proceso, la empresa demandada negó diversos aspectos de la presentación del comprador.
Entre otras cuestiones, desconoció la existencia de la operación comercial, la falla denunciada y la autenticidad de los correos electrónicos que el joven había presentado para respaldar su reclamo.
También cuestionó los daños económicos cuya reparación solicitaba el demandante.
Frente a esas posiciones contrapuestas, la jueza del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 23 de La Plata analizó las pruebas bajo las disposiciones de protección de los derechos de los consumidores.
Una de las medidas más importantes fue la realización de un peritaje informático sobre los correos electrónicos intercambiados entre las partes.
El especialista examinó los mensajes y concluyó que coincidían con la documentación digital presentada por el comprador, además de identificar elementos suficientes para respaldar su autenticidad e integridad.
La pericia permitió verificar la correspondencia de las comunicaciones incorporadas al expediente y constituyó una prueba relevante para resolver el conflicto.
A partir del conjunto de elementos analizados, el juzgado consideró acreditadas la relación comercial, la compra del dispositivo, el pago en efectivo y la condición de consumidor del demandante.
De esta manera, la magistrada tuvo por demostrados los aspectos necesarios para avanzar con el análisis de la responsabilidad del comercio frente al reclamo.
La Justicia ordenó devolver USD 1.330 y pagar $2 millones adicionales
Después de evaluar las circunstancias del caso, la jueza resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda presentada por el comprador.
La sentencia dispuso que el comercio deberá restituir los USD 1.330 abonados por el iPhone 15 Pro Max, con los intereses correspondientes calculados desde el 7 de agosto de 2024, fecha de la adquisición.
Además, estableció una sanción de $2 millones en concepto de daño punitivo.
El daño punitivo es una sanción civil contemplada en la legislación de defensa del consumidor para determinados incumplimientos de los proveedores, cuya aplicación requiere una evaluación judicial de las circunstancias del caso.
En esta oportunidad, la magistrada consideró que el comercio había demostrado una disposición insuficiente para ofrecer una solución adecuada frente a la falla denunciada.
La respuesta recibida por el cliente y la necesidad de acudir a la Justicia para reclamar sus derechos fueron aspectos considerados en la resolución.
La sanción económica se sumó a la restitución del precio abonado por el dispositivo.
Por qué rechazaron el reclamo por daño moral y otros gastos
Aunque la sentencia resultó favorable al comprador en los principales aspectos de su demanda, la Justicia no admitió todos los pedidos indemnizatorios que había formulado.
Entre los rubros rechazados se encontraban gastos de telefonía, traslados y otros perjuicios económicos que el demandante atribuyó al inconveniente con el celular.
También fue desestimada la pretensión vinculada con una supuesta pérdida de valor de un teléfono anterior.
La magistrada entendió que no se habían presentado pruebas específicas suficientes para acreditar esos daños, por lo que no correspondía reconocer una compensación económica por esos conceptos.
El pedido de indemnización por daño moral tampoco prosperó.
En ese punto, la jueza consideró que no se había demostrado una afectación personal de entidad suficiente para justificar una reparación adicional.
De esta manera, el fallo distinguió entre los perjuicios y conductas que consideró acreditados y aquellos reclamos que no reunieron el respaldo probatorio necesario.
Cuándo deberá pagar el comercio y qué establece la sentencia
La resolución judicial estableció que el comercio condenado tendrá que devolver el importe de la compra y cumplir con la sanción económica una vez que la sentencia adquiera firmeza.
Concretamente, deberá abonar USD 1.330 más intereses desde el 7 de agosto de 2024 y otros $2 millones por daño punitivo.
El plazo fijado para cumplir con esas obligaciones es de diez días posteriores a que el fallo quede firme.
Además, las costas del proceso judicial quedaron a cargo de la empresa demandada.
La decisión se fundamentó en las pruebas que permitieron establecer la relación de consumo, las circunstancias de la operación y la insuficiente respuesta del proveedor frente al problema planteado.
El caso también puso de relieve la importancia de conservar las comunicaciones y los elementos documentales relacionados con una compra, especialmente cuando existe una controversia sobre la operación o las condiciones de garantía.
La condena aún está sujeta a que la sentencia quede firme, momento a partir del cual comenzará a correr el plazo establecido para que el comercio cumpla con las obligaciones económicas impuestas por el juzgado.
