La Fiscalía española dio un giro en su posición y avaló que pueda abrirse una investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a dos exempleadas. La decisión se conoció casi nueve meses después de que una denuncia anterior fuera archivada por cuestiones de competencia territorial.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en las Bahamas y en República Dominicana, y no en territorio español. Esa circunstancia había sido uno de los argumentos centrales utilizados inicialmente para rechazar la intervención de la Justicia de España.
La Audiencia Nacional podría investigar el caso
El Ministerio Público emitió ahora un informe favorable a que la Audiencia Nacional estudie los hechos denunciados. Ese tribunal, con sede en Madrid, interviene en causas complejas y en determinados delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero.
La decisión definitiva quedará en manos de un juez, que deberá resolver si corresponde abrir formalmente una investigación.
Las fuentes del Ministerio Público no explicaron públicamente las razones del cambio de criterio respecto de la primera denuncia.
Cuando las dos exempleadas acudieron inicialmente a la Justicia en enero, la Fiscalía había considerado que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían en el extranjero.
Como consecuencia de esa interpretación, la causa fue archivada en aquella primera instancia.
Una nueva denuncia presentada en septiembre
Tras ese revés, las dos mujeres presentaron una nueva denuncia en septiembre. Allí sostienen que habrían sufrido agresiones sexuales y malos tratos mientras trabajaban en propiedades de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana durante 2021.
El cantante, de 83 años y con más de 300 millones de discos vendidos, rechazó las acusaciones y las calificó de «absolutamente falsas». También negó «haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer».
En una carta abierta difundida en septiembre, las denunciantes reclamaron que la Justicia española les «reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia».
El argumento sobre la competencia de España
La organización Women’s Link Worldwide, que representa a las dos mujeres, sostuvo que los tribunales españoles tienen competencia para intervenir en virtud de una normativa que «permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España».
Según los testimonios recogidos por Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, las denunciantes afirman que Iglesias «las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato».
La apertura efectiva de una investigación todavía no fue resuelta. El próximo paso será la decisión judicial sobre si la Audiencia Nacional puede asumir el caso y avanzar con las pesquisas.
