Bolivia atraviesa uno de los momentos más críticos desde la asunción del presidente Rodrigo Paz, en medio de una crisis social que ya ingresa en su cuarta semana, con bloqueos de carreteras, escasez de alimentos y combustibles, y un reclamo que dejó de ser exclusivamente económico para convertirse en político: la renuncia del mandatario.
Este lunes 25 de mayo, acorralado por la presión social, Paz anunció desde Sucre la reducción del 50% de su salario y el de sus ministros. La medida fue presentada como una muestra de «esfuerzo y compromiso con el país», aunque no logró desactivar el malestar en las calles.
El efecto multiplicador en la canasta básica
El principal motivo del enojo popular es que la quita del subsidio al transporte y al combustible no queda contenida en el surtidor. Su impacto se traslada rápidamente al precio de los alimentos, los fletes y los productos básicos.
Al encarecerse el diésel, los productores agrícolas pagan más por operar sus maquinarias y los camiones cobran fletes más caros para trasladar mercadería hacia las ciudades. Ese aumento termina golpeando directamente sobre los mercados populares y el bolsillo de las familias.
En apenas tres semanas, productos esenciales como arroz, fideo y pollo duplicaron su valor en distintos mercados, en un contexto donde el salario real ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas hasta fin de mes.
Transportistas y gremiales, bajo presión
La crisis golpea con especial fuerza a transportistas y gremiales, dos sectores clave en una economía atravesada por la informalidad, el comercio y el movimiento cotidiano de mercadería.
Los choferes de colectivos, camiones y «trufis» quedaron atrapados entre costos crecientes y tarifas congeladas. El Gobierno les prohibió aumentar el precio del pasaje para evitar una nueva escalada inflacionaria, pero al mismo tiempo les trasladó el combustible a precio internacional.
Los gremiales, en tanto, enfrentan una situación crítica por el desabastecimiento de los mercados. Sin combustible suficiente y con rutas bloqueadas, miles de comerciantes quedaron sin productos para vender y sin ingresos diarios para sostener a sus familias.
Las medidas de contención del Gobierno
Además de la rebaja salarial, que dejaría el sueldo presidencial en torno a US$ 1.200 o 12.000 bolivianos, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas para intentar recuperar la iniciativa institucional.
Entre ellas se encuentra un «Perdonazo» tributario, una amnistía destinada a condonar multas impositivas acumuladas desde 2017, con el objetivo de dar oxígeno económico a comerciantes, emprendedores y sectores afectados por la crisis.
Paz también prometió una reestructuración del Gabinete, con la conformación de un equipo «más ágil y con capacidad de escucha», aunque no precisó fechas para los cambios.
El Gobierno además propuso la creación de un Consejo Económico y Social, concebido como un espacio de debate directo con organizaciones sociales para intentar encauzar futuras decisiones.
El tono del presidente combinó disculpas por la falta de atención temprana a los reclamos con una advertencia hacia los sectores más radicalizados: «El diálogo no es miedo […]. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución».
De la economía a la exigencia de renuncia
Lo que comenzó hace casi un mes como una serie de reclamos sindicales fragmentados por salarios, combustible y costos terminó convirtiéndose en un movimiento antigubernamental más amplio.
Uno de los puntos de inflexión fue el rechazo a la Ley 1720, una polémica reforma agraria que facilitaba la conversión de pequeñas propiedades para obtener créditos y que el Gobierno se vio obligado a derogar.
Hoy, el país se encuentra paralizado por varios frentes. Los bloqueos dificultan el abastecimiento de ciudades como La Paz, complican el traslado de pacientes y agravan la falta de carne, pollo, combustibles y energía.
Los intentos oficiales por abrir corredores humanitarios fracasaron sistemáticamente, mientras el cerco sobre las principales ciudades profundiza el desgaste social y político del Gobierno.
Entre los actores en la calle aparece la poderosa Federación de Campesinos Túpac Katari, que lidera el cerco a la sede de Gobierno y exige directamente la salida de Paz. A ellos se suman sectores de la Central Obrera Boliviana y bases del magisterio que rechazan los acuerdos recientes.
La falta de dólares y el fantasma del Gasolinazo
El trasfondo económico de la crisis está asociado a la falta de dólares. La quita de subsidios no fue presentada como una decisión ideológica del Gobierno, sino como una medida desesperada frente al deterioro de las reservas.
El Banco Central de Bolivia se quedó sin dólares suficientes para seguir importando combustible barato del exterior. Al quitar el subsidio, el Ejecutivo intentó frenar la sangría de divisas, pero la población interpretó la medida como una señal de crisis económica profunda.
Ese temor alimentó el pánico financiero, con personas que buscaron retirar ahorros o comprar dólares en el mercado informal, lo que provocó una devaluación de hecho de la moneda local.
En Bolivia, además, el combustible carga con una memoria política especialmente sensible. Cada intento de retirar subsidios, como ocurrió con el recordado «Gasolinazo» de Evo Morales en 2010, reactivó protestas masivas y obligó a los gobiernos a retroceder.
Evo Morales, tensión internacional y futuro incierto
El expresidente Evo Morales respaldó abiertamente las movilizaciones y advirtió que «la sublevación no se frenará mientras no se atiendan las demandas estructurales». Además, elevó la presión al exigir que el Gobierno convoque a elecciones anticipadas en 90 días.
La crisis interna también abrió un frente diplomático. El Gobierno boliviano expulsó a la embajadora de Colombia, luego de que el presidente colombiano calificara las movilizaciones contra Paz como una «insurrección popular» y respaldara el cerco a La Paz como una lucha por la dignidad.
El gobierno de Rodrigo Paz, que llegó al poder con la promesa de una «tercera vía» y un pragmatismo de centro, enfrenta ahora el desafío de sobrevivir a una crisis que combina inflación, desabastecimiento, bloqueos, falta de dólares y pérdida acelerada de legitimidad.
Con el diálogo debilitado y la presión social en aumento, el recorte salarial aparece como una señal simbólica frente a un movimiento que ya no reclama sólo correcciones económicas, sino un cambio profundo en el rumbo político del país.
