Las autoridades de Bolivia deportaron este lunes a una misión internacional integrada por legisladores, dirigentes políticos, sindicales y referentes de derechos humanos de la Argentina que había viajado al país para relevar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas que desde hace más de 40 días exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Entre los integrantes de la delegación se encontraba el diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, quien había sido invitado oficialmente por la Asamblea Plurinacional. El episodio generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición argentina, que reclamaron la intervención inmediata de las autoridades consulares para garantizar la seguridad de los afectados.
La misión buscaba relevar denuncias por las protestas
El objetivo del viaje era realizar un relevamiento técnico sobre las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos registradas durante las movilizaciones sociales que se desarrollan en Bolivia desde hace más de 40 días. Las protestas reclaman la salida del mandatario y cuestionan el plan de ajuste económico impulsado por su administración.
La delegación estaba integrada por 17 personas. Según relataron sus miembros, tras ingresar al país y completar los controles migratorios en Santa Cruz, fueron trasladados a La Paz, donde comenzaron las restricciones impuestas por las autoridades locales que culminaron con la expulsión del grupo.
Denuncias de retenciones y presiones durante el operativo
Uno de los casos que despertó mayor preocupación fue el del diputado Juan Marino. El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, denunció públicamente que el legislador permanecía retenido en el Aeropuerto Internacional de La Paz pese a haber cumplido previamente con todos los requisitos de ingreso al país.
«El diputado nacional Juan Marino viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional. Está retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz», expresó Martínez.
Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alexandrina Barry, difundió un video grabado desde el interior de un avión en el que denunció presiones para firmar documentación destinada a justificar la retención y posterior deportación de la misión.
«Nos quieren hacer firmar una cosa falsa para justificar lo que están haciendo, que es una cosa absolutamente ilegal salvo que en Bolivia se haya declarado una dictadura; esto es un secuestro para que no denunciemos las violaciones a los derechos humanos», afirmó.
En la misma línea, la legisladora Vanina Biasi denunció que las autoridades bolivianas confiscaron pasaportes y exhibió imágenes de forcejeos con personal de control migratorio. Además, sostuvo que un integrante de la delegación identificado como César fue separado del resto del grupo y retenido durante varias horas antes de ser trasladado nuevamente junto a sus compañeros.
La expulsión y el regreso a la Argentina
Los integrantes de la misión también cuestionaron la actuación del consulado argentino. Aunque desde la representación diplomática indicaron que se había enviado asistencia al aeropuerto, los afectados aseguraron que nunca tuvieron contacto con funcionarios consulares durante el procedimiento.
Finalmente, las autoridades bolivianas formalizaron la deportación de la delegación invocando el artículo 26 de la Ley N° 370 de Migración. Tras recibir la notificación oficial, los integrantes del grupo fueron obligados a abordar un vuelo con destino a la Argentina.
La delegación tenía previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la tarde del lunes y posteriormente ofrecer una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los hechos ocurridos durante su permanencia en territorio boliviano.
