El Gobierno nacional confirmó que el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni continúa recibiendo custodia oficial pese a haber dejado el cargo. La confirmación fue realizada este martes por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien aseguró que la medida se mantiene por «motivos de seguridad».
Durante una conferencia de prensa, Ravier fue consultado sobre la continuidad del operativo de seguridad destinado al exfuncionario y respondió: «Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene».
El Gobierno descartó una auditoría interna
Además de confirmar la continuidad de la custodia, el portavoz presidencial rechazó que la Casa Rosada haya iniciado una investigación administrativa sobre Adorni.
«El tema está claramente en la Justicia. Esta persona tiene que declarar ante la Justicia, en Casa Rosada no tenemos ningún mecanismo aparte», sostuvo Ravier al ser consultado sobre la posibilidad de una auditoría interna.
Ante una nueva pregunta sobre el tema, reiteró la postura oficial: «Auditoría interna, no. El tema está en la Justicia y la persona tiene que declarar ante la Justicia».
Las denuncias y el cuestionamiento por el uso de recursos públicos
Adorni dejó el Gobierno hace diez días, en medio de cuestionamientos por presuntas inconsistencias entre sus ingresos y su declaración jurada patrimonial, situación que derivó en denuncias presentadas ante la Justicia.
La continuidad de la custodia oficial también fue cuestionada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien denunció que el exfuncionario seguiría utilizando personal de la Policía Federal y un vehículo oficial con chofer para su movilidad.

En su presentación, la legisladora sostuvo que «la custodia oficial y los vehículos del Estado no constituyen una prerrogativa personal ni vitalicia, sino un recurso público afectado al ejercicio de la función. Extinguida la función, desaparece la causa que justifica la erogación estatal».
Asimismo, planteó que, de confirmarse esos hechos, podrían existir delitos como peculado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, al considerar que la utilización de recursos estatales por parte de un particular carecería de respaldo administrativo y normativo. Esas acusaciones forman parte de la denuncia y deberán ser analizadas por la Justicia.
Con la confirmación realizada por el vocero presidencial, quedó oficializado que el Estado mantiene el esquema de custodia para Manuel Adorni luego de su salida del Gobierno, mientras las actuaciones judiciales vinculadas a su situación continúan su curso.
El Gobierno nacional confirmó que el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni continúa recibiendo custodia oficial tras dejar el cargo. La información fue ratificada por el vocero Adrián Ravier, quien atribuyó la medida a «motivos de seguridad» y descartó que la Casa Rosada haya iniciado una auditoría interna sobre el exfuncionario, cuyo caso permanece bajo investigación judicial.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
La casta era el problema. Hasta que dejó de serlo cuando le tocó a uno de los propios. El Gobierno que prometió terminar con los privilegios confirmó que un exfuncionario sigue contando con custodia oficial pagada por el Estado, aun después de haber abandonado el cargo.
Hay slogans que envejecen más rápido que un litro de helado al sol. «No hay plata» se convirtió en una de las frases más repetidas de la gestión. Pero para sostener un operativo de seguridad destinado a quien ya no ejerce funciones públicas, aparentemente sí apareció un margen en el presupuesto.
La confirmación no llegó por una filtración ni por un documento reservado. La dio el propio vocero presidencial. Una sola frase alcanzó para transformar un rumor en un hecho oficial: «Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene». A veces una oración dice más que una conferencia completa.
La explicación quedó ahí. No hubo precisiones sobre plazos, criterios técnicos, evaluaciones de riesgo ni fundamentos administrativos. Solo la confirmación de que el beneficio continúa mientras el exfuncionario ya no forma parte del Gobierno.
En paralelo, la Casa Rosada también descartó abrir una auditoría interna. La respuesta fue que el asunto está en manos de la Justicia y que será ese ámbito el encargado de determinar las responsabilidades que correspondan. La política decidió correrse de la escena justo cuando la escena empezó a incomodarla.
Mientras tanto, la discusión ya dejó de ser únicamente sobre una custodia. También expone el contraste entre un discurso construido alrededor de la eliminación de los privilegios estatales y una decisión que mantiene recursos públicos destinados a un exfuncionario. La diferencia entre el relato y la práctica, muchas veces, no necesita subtítulos.
La casta prometía terminarse. Al final, parece que algunos beneficios también tienen cláusula de renovación automática.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
El Gobierno nacional confirmó que el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni continúa recibiendo custodia oficial pese a haber dejado el cargo. La confirmación fue realizada este martes por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien aseguró que la medida se mantiene por «motivos de seguridad».
Durante una conferencia de prensa, Ravier fue consultado sobre la continuidad del operativo de seguridad destinado al exfuncionario y respondió: «Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene».
El Gobierno descartó una auditoría interna
Además de confirmar la continuidad de la custodia, el portavoz presidencial rechazó que la Casa Rosada haya iniciado una investigación administrativa sobre Adorni.
«El tema está claramente en la Justicia. Esta persona tiene que declarar ante la Justicia, en Casa Rosada no tenemos ningún mecanismo aparte», sostuvo Ravier al ser consultado sobre la posibilidad de una auditoría interna.
Ante una nueva pregunta sobre el tema, reiteró la postura oficial: «Auditoría interna, no. El tema está en la Justicia y la persona tiene que declarar ante la Justicia».
Las denuncias y el cuestionamiento por el uso de recursos públicos
Adorni dejó el Gobierno hace diez días, en medio de cuestionamientos por presuntas inconsistencias entre sus ingresos y su declaración jurada patrimonial, situación que derivó en denuncias presentadas ante la Justicia.
La continuidad de la custodia oficial también fue cuestionada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien denunció que el exfuncionario seguiría utilizando personal de la Policía Federal y un vehículo oficial con chofer para su movilidad.

En su presentación, la legisladora sostuvo que «la custodia oficial y los vehículos del Estado no constituyen una prerrogativa personal ni vitalicia, sino un recurso público afectado al ejercicio de la función. Extinguida la función, desaparece la causa que justifica la erogación estatal».
Asimismo, planteó que, de confirmarse esos hechos, podrían existir delitos como peculado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, al considerar que la utilización de recursos estatales por parte de un particular carecería de respaldo administrativo y normativo. Esas acusaciones forman parte de la denuncia y deberán ser analizadas por la Justicia.
Con la confirmación realizada por el vocero presidencial, quedó oficializado que el Estado mantiene el esquema de custodia para Manuel Adorni luego de su salida del Gobierno, mientras las actuaciones judiciales vinculadas a su situación continúan su curso.
El Gobierno nacional confirmó que el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni continúa recibiendo custodia oficial tras dejar el cargo. La información fue ratificada por el vocero Adrián Ravier, quien atribuyó la medida a «motivos de seguridad» y descartó que la Casa Rosada haya iniciado una auditoría interna sobre el exfuncionario, cuyo caso permanece bajo investigación judicial.
La casta era el problema. Hasta que dejó de serlo cuando le tocó a uno de los propios. El Gobierno que prometió terminar con los privilegios confirmó que un exfuncionario sigue contando con custodia oficial pagada por el Estado, aun después de haber abandonado el cargo.
Hay slogans que envejecen más rápido que un litro de helado al sol. «No hay plata» se convirtió en una de las frases más repetidas de la gestión. Pero para sostener un operativo de seguridad destinado a quien ya no ejerce funciones públicas, aparentemente sí apareció un margen en el presupuesto.
La confirmación no llegó por una filtración ni por un documento reservado. La dio el propio vocero presidencial. Una sola frase alcanzó para transformar un rumor en un hecho oficial: «Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene». A veces una oración dice más que una conferencia completa.
La explicación quedó ahí. No hubo precisiones sobre plazos, criterios técnicos, evaluaciones de riesgo ni fundamentos administrativos. Solo la confirmación de que el beneficio continúa mientras el exfuncionario ya no forma parte del Gobierno.
En paralelo, la Casa Rosada también descartó abrir una auditoría interna. La respuesta fue que el asunto está en manos de la Justicia y que será ese ámbito el encargado de determinar las responsabilidades que correspondan. La política decidió correrse de la escena justo cuando la escena empezó a incomodarla.
Mientras tanto, la discusión ya dejó de ser únicamente sobre una custodia. También expone el contraste entre un discurso construido alrededor de la eliminación de los privilegios estatales y una decisión que mantiene recursos públicos destinados a un exfuncionario. La diferencia entre el relato y la práctica, muchas veces, no necesita subtítulos.
La casta prometía terminarse. Al final, parece que algunos beneficios también tienen cláusula de renovación automática.