Entre los principales fondos de inversión comenzó a crecer la preocupación por las dificultades del Gobierno para conseguir nuevo financiamiento en dólares y refinanciar vencimientos en pesos más allá de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

El problema afecta directamente al programa financiero presentado por el Ministerio de Economía en julio, que contemplaba la posibilidad de conseguir nuevos recursos para reemplazar deuda próxima a vencer.

Según el analista financiero Alejandro López Mieres, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el Tesoro dejó de emitir instrumentos en pesos con vencimientos posteriores a octubre de 2027 debido al elevado costo financiero que debería afrontar.

«En las últimas cuatro emisiones de títulos de deuda en pesos, es decir desde fines de agosto (hay un llamado cada dos semanas), el Ministerio de Economía resolvió no lanzar títulos de deuda con vencimiento post octubre de 2027, porque hubiera necesitado pagar tasas equivalentes al 12 o 14 por ciento en dólares, si no los inversores privados no se lo iban a tomar», explicó.

Los vencimientos se concentran antes de las elecciones

La decisión llevó al Tesoro a concentrarse en instrumentos de corto plazo y acumular vencimientos antes de las elecciones presidenciales.

«En esa forma, el Tesoro logró renovar deuda lanzando únicamente títulos cortos (en plazo), acumulando deuda con vencimientos no más allá de octubre de 2027 con los acreedores privados. De este modo, la deuda con privados a menos de un año ya suma el equivalente a 100 mil millones de dólares», agregó López Mieres.

El especialista también se refirió a las declaraciones realizadas por Javier Milei sobre la capacidad financiera disponible para enfrentar una eventual corrida cambiaria.

«Por ahora, no estamos viendo elementos de una corrida cambiaria en el escenario financiero local, aunque se observa una lenta salida de capitales. Liquidaciones de activos en bonos y acciones que han producido una baja importante de cotizaciones en las últimas semanas. Por eso, es extraño que el presidente haya salido a poner la corrida cambiaria sobre la mesa, cuando nadie hablaba de eso», señaló.

Según su análisis, las cifras mencionadas por Milei generaron nuevas dudas respecto de la disponibilidad efectiva de esos recursos.

«Dice que tiene 125 mil millones de dólares para responder a una corrida, pero está sumando el swap con China (u$s 20.000 millones) que no son fondos disponibles para utilizar en el mercado cambiario, el swap con EE.UU. (otros 20.000 millones) que nunca se supo en rigor de qué se trata, porque hubo un anuncio antes de las elecciones legislativas del año pasado pero sólo llegaron 2000 millones. También sumó otra cifra importante que lograría con ventas de dólares en contratos a futuro, que es una fantasía».

El especialista agregó que los cálculos oficiales toman como referencia determinados componentes monetarios, pero dejan fuera otros activos financieros que también podrían generar presión sobre el mercado cambiario.

«Tanto Caputo (ministro) como Milei, cuando hablan de riesgo de corrida, estiman como cifra máxima posible el total de la base monetaria, es decir el efectivo en circulación, saldos de cuentas a la vista, plazos fijos y poco más, lo cual totaliza el equivalente a unos 85.000 millones de dólares, pero no toman en cuenta, por ejemplo, el equivalente a unos 100 mil millones de dólares en títulos de deuda en pesos en manos del sector privado. Con lo cual, ya sólo con eso, la cifra de riesgo de corrida se eleva a 185.000 millones, con lo cual ya ni alcanzan los 125.000 que dice tener Milei en cartera, que tampoco tiene».

El costo de refinanciar la deuda

Uno de los principales problemas que enfrenta el ministro de Economía, Luis Caputo, es el incremento de las tasas exigidas por los inversores para renovar deuda tanto en pesos como en dólares.

Desde julio, cuando Economía presentó su programa financiero para 2026 y 2027, el Gobierno no logró volver a colocar deuda en dólares en el mercado privado.

El objetivo de ese tipo de operaciones sería reemplazar vencimientos próximos por nueva deuda de mayor plazo, extendiendo el calendario de pagos.

La situación presenta similitudes con el escenario de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando Argentina perdió acceso al financiamiento privado internacional y posteriormente recurrió al Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo con el programa financiero presentado por Caputo, durante 2026 el Gobierno esperaba obtener US$5.000 millones mediante emisiones de bonos en dólares y otros US$2.000 millones mediante fuentes adicionales de financiamiento.

Hasta el momento, según el análisis presentado, no se concretaron avances significativos para conseguir esos US$7.000 millones entre inversores privados.

Los contactos mantenidos durante reuniones vinculadas con el Fondo Monetario Internacional tampoco habrían derivado en compromisos concretos de financiamiento.

Una de las principales razones aparece reflejada en el rendimiento exigido actualmente por los bonos argentinos.

Según López Mieres, si se toma como referencia el rendimiento efectivo del bono en dólares más corto mencionado, el Bonar 2038, la tasa se ubica cerca del 15% anual en dólares.

«Es un nivel de tasas de reestructuración de deuda», afirmó.

Ese nivel de rendimiento refleja una fuerte caída en el precio de mercado de los títulos y una elevada percepción de riesgo entre los inversores.

Las dudas del mercado continúan

Las declaraciones de Milei y Caputo no lograron, según el análisis, disipar completamente las dudas de los inversores respecto de la sostenibilidad financiera.

La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, expresó públicamente su confianza en que Argentina podría encontrarse en condiciones de cancelar sus obligaciones antes de los vencimientos previstos.

Sin embargo, esa declaración no produjo una recuperación inmediata en el precio de los títulos públicos argentinos.

Los bonos continuaron registrando bajas después de esas manifestaciones, mientras el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Gobierno para conseguir nuevo financiamiento, extender los vencimientos y reducir el costo de la deuda.