El Gobierno nacional analiza las alternativas disponibles para revertir una modificación introducida por el Senado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ante las dificultades para reunir en Diputados la mayoría necesaria para restablecer la versión original impulsada por Javier Milei.
La discusión comenzó a tomar fuerza en el Congreso antes de la fallida sesión opositora destinada a modificar el DNU 70/2023 y mientras todavía se esperaba la definición del cronograma para volver a tratar el proyecto del Banco Central.
La iniciativa regresó a la Cámara de Diputados luego de las modificaciones acordadas durante su tratamiento en el Senado.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo pretende comenzar el análisis en comisión después de avanzar con la denominada ley de Defensa de Soberanía o ley Malvinas, cuyo dictamen La Libertad Avanza busca obtener antes de llevarla al recinto.
La disputa por la remoción de las autoridades del Central
El principal punto de conflicto está concentrado en el mecanismo previsto para remover al presidente y a los directores del Banco Central.
La versión original enviada por la Casa Rosada establecía que para desplazar a esas autoridades sería necesario reunir los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
La normativa actualmente vigente permite que el Poder Ejecutivo disponga la remoción, aunque previamente debe expedirse una comisión legislativa integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Economía de Diputados y del Senado.
Durante el tratamiento en la Cámara alta, Patricia Bullrich acordó con sectores aliados modificar el artículo 3 para reducir la exigencia prevista inicialmente.
En lugar de requerir los dos tercios de ambas cámaras, el Senado dispuso que la remoción de las autoridades del Central pudiera resolverse mediante mayoría absoluta del Senado.
El cambio consiguió además votos del peronismo, pese a que ese espacio había rechazado el proyecto en la votación general.
En la votación particular del artículo 3, realizada durante la sesión de septiembre, el resultado fue de 66 votos afirmativos y 2 negativos.
Con esa mayoría, el Senado consolidó su intervención en la designación y eventual remoción de las autoridades del Banco Central.
Diputados no tendría los votos para insistir
La magnitud de la votación en el Senado también dificulta que Diputados pueda recuperar el texto aprobado originalmente.
Para insistir con su primera versión, la Cámara baja necesitaría alcanzar una mayoría equivalente a los dos tercios, un número que aparece lejano.
Cuando el proyecto fue aprobado inicialmente en Diputados, en agosto, obtuvo 144 votos a favor y 102 en contra, una cifra insuficiente para alcanzar esa mayoría especial.
Fuentes del oficialismo señalaron que el Gobierno pretende que Diputados también tenga participación en la eventual remoción de las autoridades del Central.
Una alternativa política sería reducir la exigencia original y establecer que la salida de los funcionarios requiera mayoría absoluta tanto en Diputados como en el Senado.
Sin embargo, la Cámara baja no puede introducir ahora una tercera redacción. Como cámara revisora, deberá optar entre aceptar las modificaciones realizadas por el Senado o insistir con el texto que había aprobado anteriormente.
Las alternativas que analiza Milei
Ante esa limitación parlamentaria, el Poder Ejecutivo evalúa distintas opciones una vez que el Congreso complete la sanción de la reforma.
Una posibilidad es promulgar la ley tal como sea aprobada. Otra alternativa sería rechazarla, mientras que una tercera opción contempla un veto parcial sobre el artículo que regula el mecanismo de remoción.
Si optara por vetar específicamente ese punto, el Gobierno podría posteriormente enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar el sistema.
También podría intentar establecer un mecanismo diferente mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.
En ese escenario, sin embargo, el Ejecutivo volvería a depender del Congreso, ya que el DNU necesitaría conservar respaldo parlamentario y evitar su rechazo por ambas cámaras.
De esta manera, la controversia sobre la Carta Orgánica del Banco Central podría continuar incluso después de que el proyecto complete su recorrido legislativo.
El eje de la disputa seguirá siendo qué poder tendrán Diputados y el Senado para intervenir en la remoción del presidente y los directores de la autoridad monetaria, una cuestión que el oficialismo todavía busca redefinir.
El Gobierno analiza alternativas para revertir un cambio introducido por el Senado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, referido al mecanismo de remoción de sus autoridades. Como Diputados no tendría los votos necesarios para insistir con la versión original, Javier Milei podría promulgar la ley, vetar parcialmente el artículo cuestionado o impulsar una nueva modificación por ley o DNU.
La reforma del Banco Central entró en esa fase tan característica de la política argentina en la que una ley todavía no terminó de aprobarse y ya todos están estudiando cómo modificarla después. El problema está concentrado en un artículo, pero alcanzó para abrir un pequeño universo paralelo de mayorías especiales, vetos parciales, nuevas leyes y decretos de necesidad y urgencia.
La Casa Rosada quería que remover al presidente y a los directores del Central requiriera dos tercios de ambas cámaras. El Senado, para conseguir votos y evitar que la reforma naufragara, decidió otra cosa: mayoría absoluta de la Cámara alta. El cambio terminó aprobado por 66 votos contra 2, una mayoría tan contundente que ahora el oficialismo descubre el pequeño inconveniente de que necesita prácticamente la misma montaña de votos para deshacerla.
Diputados, además, tiene las manos bastante atadas. Como cámara revisora, puede aceptar lo que hizo el Senado o insistir con su texto anterior, pero no inventar una tercera versión que deje satisfechos a todos. Y como conseguir dos tercios parece una misión más cercana a la ingeniería aeroespacial que a la aritmética parlamentaria, el Gobierno empezó a revisar el menú constitucional.
Las opciones van desde promulgar la ley tal como está hasta vetar parcialmente el artículo sobre las remociones. Después podría enviarse un nuevo proyecto o, eventualmente, recurrir a un DNU. Claro que hasta ese decreto necesitaría respaldo legislativo. Es decir, el Ejecutivo podría intentar escapar del Congreso únicamente para descubrir, unas cuadras más adelante, que el Congreso lo estaba esperando.
El trasfondo no es menor: se discute quién tendrá poder real para remover a las autoridades del Banco Central. En una institución donde la palabra “independencia” suele pronunciarse con solemnidad, oficialismo y oposición están dedicando una notable cantidad de energía a decidir exactamente quién podrá mostrarle la puerta de salida a sus máximos funcionarios
