La Justicia federal abrió una investigación a partir de las denuncias presentadas contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su Gobierno por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro y su familia de la Argentina a través de Puerto Iguazú.

Las presentaciones judiciales fueron impulsadas por el dirigente nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, y por el diputado nacional Esteban Paulon, de Provincias Unidas-Santa Fe.

Ambas denuncias quedaron unificadas en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, quien este jueves solicitó las primeras medidas de investigación.

El expediente busca establecer si existieron irregularidades en los controles migratorios y fronterizos, y si funcionarios nacionales pudieron haber intervenido para facilitar los desplazamientos de Bolsonaro por territorio argentino.

Por el momento, las acusaciones se encuentran bajo investigación y no constituyen hechos judicialmente acreditados.

La Justicia pidió cámaras de seguridad e informes oficiales

Con el aval de la jueza Capuchetti, la fiscal Ochoa dispuso una serie de pedidos de informes dirigidos a distintos organismos públicos para reconstruir los movimientos de Flávio Bolsonaro durante su permanencia en la Argentina.

La investigación apunta a determinar las circunstancias de su ingreso, sus desplazamientos por Puerto Iguazú y su posterior salida desde el aeropuerto de esa ciudad.

Entre las medidas ordenadas se encuentra el requerimiento de registros de cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina.

La documentación permitirá analizar los movimientos registrados y verificar si los procedimientos se desarrollaron conforme a las disposiciones correspondientes.

Los investigadores también buscan establecer si existió alguna intervención de funcionarios del Gobierno nacional en la organización o facilitación del viaje.

Qué denunciaron Gabriel Solano y Esteban Paulon

La primera de las presentaciones fue realizada por Gabriel Solano, quien acusó al presidente Milei por los presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El dirigente del Partido Obrero sostuvo que la investigación debe determinar si se utilizaron recursos o estructuras estatales para facilitar la salida de Bolsonaro del territorio argentino.

Solano acusó a Milei “por organizar un operativo para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro y evitar que rinda cuentas ante la Justicia de Brasil. El propio Gobierno terminó reconociendo que Bolsonaro y su familia estuvieron en la Argentina y salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada negara su presencia”.

En su presentación también hizo referencia a versiones sobre una supuesta presencia del asesor presidencial Santiago Caputo en Puerto Iguazú.

Según el dirigente, esa presencia habría tenido como finalidad “para dirigir personalmente la fuga”, una afirmación que forma parte de las acusaciones y cuya veracidad deberá determinar la investigación.

Solano manifestó: “Estamos ante hechos gravísimos que deben investigarse como el uso de la estructura del Estado para encubrir a una persona alcanzada por restricciones judiciales y el posible empleo de recursos públicos para garantizar su impunidad”.

Además, solicitó preservar registros migratorios, comunicaciones, planes de vuelo y órdenes de custodia que pudieran resultar relevantes para esclarecer los hechos.

El exlegislador porteño afirmó: “Esta maniobra compromete al país y sus relaciones internacionales. La Justicia debe investigar hasta el final y determinar las responsabilidades de quienes organizaron y ejecutaron este operativo clandestino”.

Solano también anticipó que el lunes realizará una ampliación de su denuncia.

Por su parte, el diputado Esteban Paulon presentó otra denuncia contra Javier Milei, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En su presentación, Paulon identificó a Monteoliva como responsable política del área de Migraciones y pidió investigar las circunstancias en las que se produjo el ingreso y la salida de Bolsonaro.

El legislador señaló que “no existe mención por parte del gobierno de la existencia de un pedido formal o informal de asilo político ante nuestro país o terceros, como tampoco salvoconducto diplomático”.

Las dos presentaciones quedaron reunidas en el expediente que investiga la Justicia federal en la Ciudad de Buenos Aires.

Una fiscalía de Puerto Iguazú descartó un delito en el cruce fronterizo

En paralelo a la investigación que tramita en Buenos Aires, una tercera denuncia vinculada con el ingreso de Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas fue analizada por la Justicia federal de Puerto Iguazú.

El expediente se había iniciado el miércoles a partir de presentaciones relacionadas con un supuesto ingreso ilegal al país, una posible evasión de controles migratorios y aduaneros, y la eventual violación de medidas cautelares extranjeras.

Sin embargo, el fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez desestimó la denuncia este jueves, al considerar que los hechos vinculados con el cruce fronterizo no configuraban un delito.

Uno de los elementos centrales de su dictamen fue la información suministrada por Interpol.

Según la respuesta recibida, al consultar sus bases de datos no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Flávio Bolsonaro al momento del informe.

A partir de esa información, el fiscal entendió que no correspondía continuar con las medidas de investigación solicitadas en ese expediente.

Entre los requerimientos que consideró inconducentes figuraban la obtención de cámaras de seguridad, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros y comunicaciones correspondientes a la aeronave identificada con la matrícula LV-JQW.

También se habían solicitado documentos vinculados con empresas privadas presuntamente relacionadas con los desplazamientos investigados.

La desestimación de esta denuncia no implica el cierre de la investigación que continúa en el Juzgado Federal N° 5, ya que se trata de actuaciones judiciales diferentes.

De hecho, la fiscalía de Puerto Iguazú informó que remitirá una copia de su resolución a la fiscalía federal que interviene en Buenos Aires, a cargo de Paloma Ochoa.

De esta manera, mientras la actuación iniciada en Puerto Iguazú quedó desestimada, la causa que reúne las denuncias de Solano y Paulon continúa con pedidos de informes y medidas destinadas a reconstruir el recorrido de Bolsonaro y determinar si existieron irregularidades o responsabilidades de funcionarios nacionales.