El Gobierno del Reino Unido incorporó a Chile a su régimen de licencias generales de exportación de material militar, una modificación que permitirá agilizar el suministro de determinados equipos, programas informáticos y tecnologías de defensa destinados al Estado chileno.
La medida quedó establecida mediante una actualización de la Open General Export Licence (OGEL), fechada el 14 de octubre de 2026, que entró en vigor ese mismo día y reemplazó la versión anterior, vigente desde el 9 de mayo de 2025.
La decisión fue anunciada formalmente en el sitio del Gobierno británico el 20 de octubre e incorporó a Chile a una lista ampliada de destinos autorizados, junto con Brunéi, Jordania, Kuwait, Montenegro, Macedonia del Norte y Omán.
El nuevo régimen permite que exportadores británicos previamente registrados suministren bienes militares controlados, software y tecnología al Gobierno chileno o a contratistas que acrediten que el material tendrá un uso final gubernamental.
La principal consecuencia es la reducción de trámites administrativos, ya que determinadas operaciones podrán realizarse bajo una licencia general sin necesidad de gestionar una autorización individual para cada envío.
Qué material militar podrá recibir Chile bajo el nuevo régimen
La autorización comprende distintas categorías de productos contempladas en el Anexo 2 del Export Control Order 2008, entre ellas las identificadas como ML4, ML5, ML6, ML10, ML11 y ML13, además de otras sujetas a condiciones específicas.
Dentro del alcance de la licencia se encuentran determinados componentes militares, tecnologías de sensores, sistemas de comunicaciones, programas informáticos y repuestos utilizados por las Fuerzas Armadas.
Para la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de Chile, el cambio abre la posibilidad de acceder con mayor agilidad a suministros británicos destinados al mantenimiento, la actualización y el funcionamiento de sus sistemas actuales.
La medida también contempla ciertas reexportaciones entre destinos autorizados y el apoyo a fuerzas armadas desplegadas fuera de su territorio, siempre que se cumplan los requisitos previstos.
Sin embargo, la licencia no habilita cualquier exportación militar. Existen exclusiones específicas, entre ellas minas antipersonal, sistemas portátiles completos de defensa antiaérea conocidos como MANPADS y tecnología vinculada con la propulsión nuclear naval.
También permanecen restricciones sobre determinadas tecnologías de misiles de largo alcance y otros materiales sensibles.
La documentación británica incluye expresamente a Chile entre los destinos habilitados para este régimen de exportación, sujeto a sus correspondientes controles.
Un acercamiento estratégico entre Chile y el Reino Unido
La incorporación de Chile a la OGEL se produjo en un contexto de intensificación de los contactos diplomáticos y de defensa entre Santiago y Londres.
El 23 de octubre de 2026, el presidente chileno José Antonio Kast y el primer ministro británico Andy Burnham mantuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de avanzar en la modernización de las capacidades de defensa.
Días antes, los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Ed Miliband habían acordado en Londres trabajar para elevar el nivel de la asociación estratégica entre ambos países.
El vínculo también tiene una dimensión comercial. Durante 2025, el intercambio bilateral alcanzó los 1.196 millones de dólares, según las cifras consignadas en la información sobre la relación entre ambas naciones.
La actualización de las licencias militares se suma así a una cooperación que abarca equipamiento, mantenimiento, formación técnica y proyectos industriales vinculados con la defensa.
Fragatas británicas y una propuesta para construir buques en Chile
El área naval constituye uno de los principales antecedentes de la cooperación militar entre ambos países.
La Armada chilena opera la fragata Type 22 FF-19 «Almirante Williams» y tres unidades Type 23: Almirante Cochrane, Condell y Lynch.
Estas últimas fueron modernizadas en ASMAR Talcahuano entre 2018 y 2021, con la incorporación de sistemas de gestión de combate CMS 330, radares TRS-4D, misiles CAMM y enlaces de datos Link 16.
El sostenimiento de estas plataformas requiere acceso a componentes, actualizaciones de software, documentación técnica y equipamiento compatible con sus sistemas de origen.
En ese contexto, la nueva licencia general podría facilitar determinadas operaciones de suministro destinadas al mantenimiento y la modernización de las unidades navales chilenas.
A comienzos de octubre, el exvicealmirante de la Royal Navy y ejecutivo de Babcock International, sir Nick Hine, visitó Valparaíso y presentó una propuesta de cooperación para construir en Chile fragatas Arrowhead 140.
El diseño corresponde a una variante de exportación de las fragatas británicas Type 31 y la iniciativa contempla la participación de ASMAR y posibles mecanismos de transferencia tecnológica.
Hine explicó que las conversaciones se encuentran en una fase inicial y sintetizó el enfoque de la propuesta con la expresión «construir en Chile, con chilenos y para Chile».
El proyecto se vincula con los objetivos de la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040, aunque la propuesta industrial todavía no representa un contrato definitivo de construcción.
Los aviones de alerta temprana, otro antecedente de cooperación
La relación militar entre Chile y el Reino Unido también incluye la transferencia de aeronaves de vigilancia y control aéreo.
En 2022, la Fuerza Aérea de Chile incorporó dos Boeing E-3D Sentry AEW.Mk1 operativos, además de un tercer fuselaje destinado a repuestos, procedentes de la flota de la Royal Air Force.
La operación tuvo un valor informado de 50 millones de dólares e incluyó un período de capacitación para tripulaciones y personal técnico chileno en territorio británico.
Las aeronaves reemplazaron al Boeing EB-707 Cóndor, que se encontraba al final de su vida útil.
La recepción oficial se realizó el 19 de agosto de 2022 en la Base Aérea Pudahuel, en Santiago.
El primer avión había llegado a Chile el 27 de julio de ese año y correspondía a la aeronave identificada anteriormente en la RAF con la matrícula ZH103. El segundo aparato procedía de la unidad ZH106.
El proceso de incorporación incluyó entrenamiento para integrantes de la Fuerza Aérea de Chile, ENAER y su filial DTS, con actividades desarrolladas en instalaciones británicas, entre ellas RAF Waddington.
Los E-3D están equipados con el radar rotatorio AN/APY-2 y motores CFM56-2, que les permiten realizar tareas de detección, identificación y seguimiento de objetivos aéreos a grandes distancias.
Además, cumplen funciones de control y gestión de operaciones aéreas, lo que amplía las capacidades de vigilancia y coordinación de la Fuerza Aérea chilena.
Durante septiembre y octubre de 2026, estas aeronaves fueron desplegadas reiteradamente sobre la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en actividades de interoperabilidad con aviones F-16C/D Block 50 y F-5E/F Tigre III del Grupo de Aviación N.º 12.
La incorporación de estos sistemas constituye un antecedente concreto de transferencia de equipamiento militar británico y de cooperación técnica entre las fuerzas armadas de ambos países.
Las condiciones y restricciones de la licencia británica
Aunque la actualización de la OGEL simplifica determinadas exportaciones, el nuevo régimen mantiene requisitos de control y seguimiento.
Los exportadores deben realizar un registro previo en el sistema SPIRE y conservar la documentación correspondiente a las operaciones durante un período de tres años.
También se prohíbe la reexportación hacia destinos que no estén contemplados en la licencia y se mantienen exigencias adicionales para el manejo de materiales clasificados.
En los casos que corresponda, los operadores deberán contar con aprobaciones de seguridad específicas, como los formularios Form 680 o F1686.
La incorporación de Chile se inscribe en una revisión más amplia de los controles de exportación británicos.
En junio de 2026, el país sudamericano ya había sido incorporado a una licencia general consolidada para bienes de doble uso, es decir, productos y tecnologías que pueden tener aplicaciones civiles y militares.
Con la actualización de octubre, el Reino Unido amplió las facilidades administrativas para determinadas exportaciones militares destinadas al Estado chileno, sin eliminar los controles sobre el uso final del material.
El efecto concreto dependerá de las operaciones que realicen las empresas exportadoras y las instituciones chilenas, así como de los proyectos de adquisición, mantenimiento o modernización que avancen bajo este marco.
La nueva licencia ya se encuentra vigente y establece un canal más ágil para el suministro de tecnología y equipamiento militar británico, en un período de fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de defensa.
El Reino Unido incorporó a Chile a una licencia general de exportación que facilita el suministro de equipamiento, software y tecnología militar destinados al Gobierno chileno. La actualización entró en vigor el 14 de octubre de 2026 y reduce los trámites para exportadores registrados. La medida se produce en un contexto de mayor cooperación bilateral en defensa, especialmente en los ámbitos naval y aeronáutico.
El Reino Unido decidió facilitarle a Chile la compra de tecnología y equipamiento militar, una noticia que demuestra que la diplomacia internacional también tiene su versión de cliente preferencial. La novedad no consiste en regalar fragatas ni en entregar aviones con una tarjeta de agradecimiento: Londres incorporó a su socio sudamericano a una licencia general que permite agilizar determinadas exportaciones militares. En otras palabras, menos expedientes individuales para operaciones que cumplan las condiciones establecidas. La burocracia británica, célebre por su disciplina, acaba de descubrir que algunos trámites pueden simplificarse sin provocar el colapso del Imperio.
La medida tiene un nombre que parece diseñado para desalentar cualquier conversación de sobremesa: Open General Export Licence. Detrás de esa denominación se encuentra una decisión concreta. Los exportadores británicos registrados podrán suministrar determinados bienes, programas informáticos y tecnologías de uso militar al Estado chileno o a contratistas acreditados, sin solicitar una licencia individual para cada operación cubierta por el régimen.
Naturalmente, la autorización no equivale a abrir las puertas de un supermercado militar. Persisten controles, auditorías, restricciones sobre materiales sensibles y obligaciones de registro. No se trata de elegir un sistema de combate, incorporarlo al carrito y esperar que llegue por correo. Incluso cuando se flexibilizan los procedimientos, el comercio internacional de defensa conserva una afición considerable por los formularios.
El contexto bilateral ayuda a entender la decisión. Chile utiliza fragatas de origen británico, incorporó aviones de alerta temprana procedentes de la Royal Air Force y mantiene conversaciones vinculadas con posibles proyectos de construcción naval. Es una relación en la que los repuestos, el mantenimiento, el software y la transferencia tecnológica tienen tanta importancia como las fotografías oficiales de los encuentros diplomáticos.
También aparece en escena una propuesta para construir fragatas Arrowhead 140 en Chile. La iniciativa todavía se encuentra en una etapa inicial, por lo que conviene evitar la costumbre de inaugurar barcos antes de que exista un acuerdo definitivo. Por ahora hay conversaciones, una propuesta industrial y una licencia que podría facilitar futuras operaciones. Nada de eso equivale automáticamente a una compra concretada.
El resultado es una señal de acercamiento entre Londres y Santiago en materia de defensa. Chile obtiene un canal administrativo más ágil para acceder a determinados suministros británicos y el Reino Unido fortalece su vínculo con un país que ya opera parte de su tecnología militar. La geopolítica, una vez más, demuestra que detrás de las grandes declaraciones estratégicas suele haber algo mucho menos cinematográfico, pero decisivo: quién vende los repuestos, quién actualiza el software y cuántas firmas hacen falta para que todo funcione.
