La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner presentó sus argumentos frente a las acusaciones formuladas en la causa unificada Los Sauces-Hotesur y sostuvo que las sociedades familiares investigadas realizaron operaciones comerciales lícitas, registradas y declaradas ante los organismos correspondientes.

El planteo fue elaborado por el equipo de abogados encabezado por Alberto Beraldi y expone la posición de los acusados respecto del origen de los bienes, el funcionamiento de las empresas y los contratos de alquiler examinados en el expediente.

Según la defensa, Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. son sociedades comerciales familiares dedicadas a la compra y al alquiler de propiedades, constituidas y registradas de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Los abogados señalaron que ambas firmas cuentan con libros societarios, estados contables y declaraciones juradas impositivas, documentación que consideran relevante para acreditar la regularidad de sus actividades.

El escrito fue entregado al periodista Horacio Verbitsky, director de El Cohete, y contiene los principales argumentos con los que la defensa cuestiona los cargos de la causa.

Qué sostiene la defensa sobre el origen del patrimonio

Uno de los ejes de la presentación se refiere a la adquisición de los inmuebles incorporados al patrimonio de las sociedades.

La defensa afirmó que las propiedades fueron compradas con fondos de origen lícito y que esa cuestión ya había sido examinada en investigaciones judiciales anteriores relacionadas con el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, recordó que ambos habían resultado sobreseídos en expedientes previos por enriquecimiento ilícito.

Los abogados consideran que esos antecedentes respaldan su posición sobre la legitimidad del origen de los recursos utilizados para adquirir los bienes.

Sin embargo, los sobreseimientos mencionados corresponden a investigaciones anteriores y su alcance respecto de las acusaciones actuales debe ser evaluado dentro del expediente Los Sauces-Hotesur.

La presentación también remarcó que el patrimonio de las sociedades fue declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción, conforme a las obligaciones vigentes durante el período investigado.

Para la defensa, la existencia de registros fiscales, contables y societarios constituye un elemento central para rechazar los cuestionamientos sobre las operaciones patrimoniales.

Los contratos de alquiler y la actividad hotelera

Otro de los puntos abordados por los abogados está relacionado con los contratos de alquiler investigados.

La defensa sostuvo que todos los contratos fueron genuinos y que los inmuebles destinados a vivienda fueron efectivamente utilizados por sus respectivos inquilinos.

Con ese argumento, buscó rechazar los cuestionamientos sobre la autenticidad de las operaciones comerciales realizadas por las sociedades.

Respecto de los hoteles, los abogados establecieron una distinción entre la titularidad de los inmuebles y la explotación comercial de los establecimientos.

Según su presentación, la familia Kirchner no administró ni explotó comercialmente los hoteles, sino que se limitó a percibir un canon por su arrendamiento.

La defensa sostiene, por lo tanto, que los ingresos percibidos por esa actividad correspondieron a contratos de alquiler y no a la gestión directa de los servicios hoteleros.

Esta diferenciación forma parte de los argumentos destinados a explicar la naturaleza de las operaciones económicas analizadas en la causa.

El planteo presentado por el equipo de Alberto Beraldi constituye la posición de la defensa frente a las acusaciones y no una resolución judicial sobre la totalidad de los hechos investigados.

La valoración de los contratos, los registros patrimoniales, las declaraciones fiscales y los antecedentes judiciales corresponde a los tribunales que intervienen en el expediente.