El **Ministerio de Seguridad** informó que durante **2025** destinó **2.087 millones de pesos** a los operativos realizados en las inmediaciones del Congreso durante las movilizaciones semanales de jubilados y jubiladas. La información fue entregada en respuesta a **dos pedidos de acceso a la información pública** realizados por el **Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)**.
Según los datos oficiales, el monto corresponde a **43 operativos**, lo que representa un costo promedio cercano a **50 millones de pesos por cada jornada** de protesta. Desde el CELS señalaron que el cálculo entregado por la cartera de Seguridad sería parcial y estimaron que el gasto total podría ser superior.
El costo de los operativos
El organismo también destacó que, aun tomando únicamente las cifras informadas por el Gobierno, el desembolso equivale a **5.578 jubilaciones mínimas con el bono incluido**, una comparación que puso en el centro del debate el destino de los recursos públicos.
Las movilizaciones se realizaron todos los miércoles frente al Congreso, donde jubilados y jubiladas reclamaron por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes, las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos de salud, el aumento del costo de vida y el deterioro de sus condiciones económicas.
Los reclamos y la respuesta oficial
De acuerdo con el CELS, el Gobierno optó por reforzar los operativos de seguridad en lugar de destinar esos recursos a atender las demandas del sector. El organismo cuestionó además la magnitud de los despliegues realizados durante las manifestaciones y sostuvo que las protestas constituyen el ejercicio de un derecho.
La información oficial difundida por el Ministerio de Seguridad se limita a los gastos correspondientes a los operativos realizados durante **2025**, sin incluir otros posibles costos asociados que, según el CELS, también deberían formar parte del cálculo total.
El Ministerio de Seguridad informó que destinó **2.087 millones de pesos** a los operativos desplegados durante las movilizaciones de jubilados frente al Congreso en 2025. La cifra surge de una respuesta a pedidos de acceso a la información pública realizados por el CELS y corresponde a **43 operativos**, con un costo promedio cercano a los **50 millones de pesos** por jornada.
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Dos mil ochenta y siete millones de pesos para 43 operativos. Cincuenta millones por miércoles. A esa velocidad, cada protesta terminó costando más que varias cuadras de asfalto y bastante más que cualquier promesa de austeridad con la que se llenan los discursos.
La escena se volvió una costumbre nacional: jubilados con carteles, un Congreso vallado y un despliegue de fuerzas que parecía esperar la llegada de un ejército en lugar de personas reclamando por sus ingresos. Como sacar un matafuegos industrial para apagar una vela de cumpleaños. El operativo terminaba teniendo más protagonistas uniformados que manifestantes.
Los números aparecieron por un pedido de acceso a la información pública y dejaron una postal incómoda. Mientras una parte del Estado insiste en la necesidad de ajustar el gasto, otra destina decenas de millones para custodiar cada miércoles alrededor del Palacio Legislativo. La calculadora oficial parece tener un botón especial para algunos rubros.
El CELS sostiene que el monto informado incluso sería parcial y que el costo real podría ser superior. Aun así, con las cifras reconocidas por el propio Ministerio de Seguridad, el gasto equivale a **5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido**, una comparación que inevitablemente instala el debate sobre las prioridades presupuestarias.
Los jubilados continúan reclamando por la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a medicamentos y el incremento del costo de vida. La respuesta oficial fue sostener un esquema de operativos permanentes alrededor del Congreso. En un país donde siempre falta plata para explicar los ajustes, los vallados parecen haber encontrado financiamiento eterno. Hay presupuestos que envejecen mejor que los jubilados.
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