Julie Kozack, directora de Comunicaciones del organismo, las presentó el jueves 29 de octubre durante una conferencia de prensa en Washington. Los ejes abarcan el crédito, la flexibilidad laboral, las concesiones de infraestructura y las inversiones del RIGI.

Qué incluyen los cuatro ejes

La primera línea busca profundizar los mercados de capitales y el crédito hipotecario. Kozack vinculó ese objetivo con ampliar el acceso al financiamiento, promover la inversión privada y respaldar la demanda interna. No detalló instrumentos, plazos ni cambios concretos para quienes soliciten crédito.

El segundo eje propone aumentar la flexibilidad del mercado laboral para favorecer la contratación privada y que el crecimiento se traduzca en puestos de trabajo. Kozack no anunció una nueva reforma laboral ni especificó cambios normativos.

La tercera línea apunta a avanzar con la ejecución de concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente. Kozack no identificó los proyectos incluidos ni presentó un calendario.

Qué está en marcha y qué falta

El cuarto eje busca facilitar la ejecución de inversiones estratégicas incluidas en el RIGI. Kozack mencionó proyectos aprobados por más de US$76.000 millones; la cifra corresponde a aprobaciones, no a inversiones ya ejecutadas.

Los cuatro puntos fueron presentados como prioridades o líneas de trabajo, no como políticas nuevas ya implementadas ni como requisitos específicos antes de que el Directorio del FMI considere el acuerdo. Kozack aclaró que la referencia a «medidas restantes acordadas» aludía al proceso habitual de completar y elevar documentación.

El acuerdo técnico anunciado el 27 de octubre ya incluía profundizar los mercados de capitales, ampliar el financiamiento de largo plazo, facilitar inversiones del RIGI y avanzar con concesiones de infraestructura. La intervención del 29 detalló el crédito hipotecario y presentó la flexibilidad laboral como una vía para impulsar el empleo, sin anunciar cuatro políticas nuevas.

El FMI ya había consignado en su comunicado sobre la segunda revisión, del 15 de abril, la aprobación legislativa de reformas orientadas a aumentar la flexibilidad laboral.

El acuerdo técnico de la tercera revisión todavía requiere aprobación del Directorio Ejecutivo. Su tratamiento fue situado a principios de diciembre y, si recibe el visto bueno, habilitaría un desembolso de alrededor de US$900 millones.