La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener las prestaciones del programa Volver al Trabajo y dejó al Gobierno nacional en condiciones de discontinuar el pago del complemento salarial que perciben más de 900 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Si no existe una nueva resolución judicial o administrativa, el beneficio dejará de abonarse desde agosto.
La cautelar quedó sin efecto
La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso de transformación del ex Potenciar Trabajo, el principal programa de transferencia de ingresos destinado a trabajadores informales y de la economía popular durante los últimos años.
El Gobierno sostuvo desde la creación del programa Volver al Trabajo que su vigencia era transitoria y con un plazo de 24 meses. En sentido contrario, organizaciones sociales y sindicales argumentaron que el ingreso posee un carácter alimentario y constituye un complemento indispensable para sostener actividades productivas de subsistencia.
El nuevo esquema previsto por el Gobierno
En su resolución, la Cámara aceptó el planteo presentado por el Ministerio de Capital Humano y dejó sin efecto la medida cautelar que impedía modificar el esquema de prestaciones.
De esta manera, el Ejecutivo queda habilitado para reemplazar el ingreso mensual por otras herramientas incluidas dentro del programa Formando Capital Humano, basado principalmente en instancias de capacitación y certificación laboral.
En caso de que no se dicte una nueva resolución judicial o administrativa que modifique el escenario actual, el complemento salarial dejará de abonarse desde agosto, lo que impactará sobre más de 900 mil beneficiarios del programa.
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que impedía modificar las prestaciones del programa Volver al Trabajo y habilitó al Gobierno nacional a discontinuar el pago del complemento salarial que reciben más de 900 mil trabajadores de la economía popular. Si no se dicta una nueva resolución judicial o administrativa, el beneficio dejará de abonarse desde agosto.
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Más de 900 mil personas quedaron con el calendario mirando agosto como quien espera que el cajero automático tenga efectivo un domingo a la noche. La Justicia levantó la cautelar y el Gobierno quedó habilitado para dejar de pagar el complemento salarial del programa Volver al Trabajo.
El plan nació con fecha de vencimiento según la versión oficial, pero para quienes lo cobran esa fecha se parece bastante a cuando el mecánico dice que «aguanta un tiempo más»: nadie sabe exactamente cuánto dura hasta que deja de funcionar. En el medio aparecen capacitaciones, certificaciones y nuevas promesas de inserción laboral, mientras el ingreso mensual queda al borde de convertirse en un recuerdo administrativo.
La discusión nunca fue solamente jurídica. De un lado, el Ejecutivo sostiene que el programa era transitorio y que su reemplazo forma parte de un nuevo esquema de políticas laborales. Del otro, organizaciones sociales y sindicales sostienen que ese dinero tiene un carácter alimentario y permite sostener actividades productivas de quienes trabajan en la economía popular sin acceso a empleos formales.
La resolución judicial no crea un nuevo programa ni garantiza uno distinto: simplemente elimina el freno que impedía modificar el esquema vigente. Si no aparece otra decisión judicial o administrativa, agosto marcará el final del complemento salarial para cientos de miles de beneficiarios. La burocracia tiene esa habilidad: puede cambiar la vida de casi un millón de personas con menos ruido que una impresora de oficina.
En un país donde cada expediente promete ordenar el futuro, el bolsillo suele enterarse primero que el Boletín Oficial. El papel cambia de carpeta. La realidad cambia de fila.
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