El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Cobre San Romeleo, una iniciativa minera de pequeña escala ubicada en Malargüe y orientada a generar materia prima para la producción de sulfato de cobre utilizado en actividades agrícolas.
La propuesta impulsada por la administración del gobernador Alfredo Cornejo llegó a la Casa de las Leyes luego de que la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente, completaran la instancia administrativa correspondiente a la evaluación ambiental.
El tratamiento legislativo constituye una etapa obligatoria para este tipo de emprendimientos. El artículo 3 de la Ley 7722 establece que las Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes a proyectos de minería metalífera deben ser ratificadas por ley. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó en 2015 la validez constitucional de esa norma.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que el proyecto Cobre San Romeleo “completó las distintas instancias previstas en el procedimiento de evaluación ambiental, con la intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales, y atravesó además una audiencia pública con una amplia participación ciudadana y más del 90% de las expresiones a favor del proyecto”.
La audiencia pública se realizó en diciembre de 2025 y, según el balance difundido por el Gobierno mendocino, más del 90% de quienes tomaron la palabra expresaron posiciones favorables a la iniciativa.
Latorre remarcó además que la DIA establece una serie de condiciones y obligaciones que deberán ser cumplidas durante las distintas etapas del emprendimiento.
La funcionaria indicó que se trata de “un proyecto de pequeña escala que además presenta una vinculación concreta con otra actividad productiva estratégica para Mendoza: busca generar en la provincia la materia prima necesaria para producir sulfato de cobre utilizado en la agricultura, particularmente en la vitivinicultura”.
Un proyecto de US$3 millones y 20 años de explotación
El titular y proponente de Cobre San Romeleo es LABSA SA, mientras que la operación estará a cargo de AREX MINING S.A. El emprendimiento está localizado en Puesto Aguas de Isaac, en la Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, aproximadamente 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
La iniciativa contempla una explotación metalífera de pequeña escala con una capacidad prevista de procesamiento de 40 toneladas de mineral por día. De acuerdo con la documentación técnica, el yacimiento cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas y una ley media de 1,29% de cobre.
Con esos parámetros, el horizonte previsto de explotación ronda los 20 años, mientras que la inversión estimada para poner en funcionamiento el emprendimiento asciende a US$3 millones.
El proyecto contempla la extracción y procesamiento del mineral para obtener óxido de cobre, que posteriormente podrá utilizarse como materia prima para elaborar sulfato de cobre y otros fungicidas destinados a la actividad agrícola, incluidos productos utilizados en cultivos orgánicos.
El procesamiento propuesto incluye un sistema de disolución amoniacal en circuito cerrado. Según la documentación presentada por la empresa, el esquema permitirá recuperar y reutilizar reactivos empleados durante el proceso, mientras que los gases generados serán capturados, condensados y recirculados para regenerar la solución utilizada.
“Cobre San Romeleo demuestra que un proyecto minero de pequeña escala puede integrarse directamente con otras cadenas productivas de Mendoza. En este caso, se busca producir localmente la materia prima para la elaboración de sulfato de cobre utilizado por la vitivinicultura y otros cultivos, agregando valor a un recurso mineral provincial y generando actividad económica y contratación de servicios en Malargüe”, destacó el director de Minería, Jerónimo Shantal.
Las condiciones ambientales que deberá cumplir la empresa
La Declaración de Impacto Ambiental establece distintas obligaciones para el desarrollo del proyecto. Entre ellas figura la presentación de una Línea de Base Ambiental, que deberá incorporar protocolos específicos destinados a la protección de la fauna.
La empresa también tendrá que contar con un Plan de Monitoreo Ambiental sobre agua, suelo, aire, flora y fauna, además de implementar un Plan de Monitoreo Social y un Plan de Contingencias.
Entre las condiciones previstas figura además la constitución de una garantía suficiente destinada a afrontar la recomposición de eventuales daños ambientales.
La protección del recurso hídrico ocupa un lugar central dentro de las exigencias. Antes de iniciar la construcción, la empresa deberá obtener el correspondiente permiso de uso de agua ante el Departamento General de Irrigación.
También deberá entregar información técnica y de ingeniería sobre las instalaciones, los sistemas de impermeabilización, el manejo de efluentes, el transporte de fluidos, el consumo de agua, su eventual reutilización y las medidas destinadas a prevenir derrames.
Monitoreos durante la construcción y explotación
La DIA exige además la presentación de la ingeniería correspondiente a las principales instalaciones del emprendimiento, entre ellas el dique de colas, las escombreras y la pileta de mineral agotado, junto con sus respectivos sistemas de impermeabilización, drenaje y contención.
También deberán realizarse estudios específicos sobre el potencial de lixiviación y movilidad de metales, así como su posible incidencia sobre el recurso hídrico.
Durante las etapas de construcción y explotación tendrán que ejecutarse los programas de monitoreo previstos para aguas superficiales y subterráneas, calidad del aire, suelos, flora y fauna, además de controles sobre ruido y otros componentes ambientales incorporados en los planes aprobados.
La empresa deberá mantener además registros de consumo de agua, cumplir con los planes de manejo de efluentes y sostener los mecanismos previstos para actuar ante posibles contingencias.
Con el ingreso de la DIA a la Legislatura, Cobre San Romeleo queda ahora sujeto al tratamiento de diputados y senadores. La ratificación legislativa es necesaria antes de completar el procedimiento ambiental requerido para avanzar con la explotación metalífera en Mendoza.
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Cobre San Romeleo, una explotación minera de pequeña escala prevista en Malargüe. La iniciativa contempla una inversión de US$3 millones, procesamiento de 40 toneladas diarias y una vida útil estimada en 20 años, con producción destinada a insumos agrícolas.
La minería mendocina sumó un proyecto que, al menos en dimensiones, llega bastante lejos de las imágenes de excavadoras infinitas y montañas desapareciendo detrás de un balance corporativo. Cobre San Romeleo proyecta procesar 40 toneladas de mineral por día y ahora aterrizó en la Legislatura con su Declaración de Impacto Ambiental bajo el brazo, porque en Mendoza hasta una mina pequeña debe atravesar un recorrido institucional capaz de hacer parecer sencilla la inscripción de un automóvil usado.
El emprendimiento tiene además una particularidad digna de la economía circular con tonada cuyana: pretende sacar cobre en Malargüe para terminar colaborando con la agricultura. El mineral será procesado para obtener materia prima destinada a fabricar sulfato de cobre y otros fungicidas utilizados en cultivos, incluida la vitivinicultura. En otras palabras, minería y viñedos aparecen compartiendo expediente después de décadas en las que buena parte del debate público provincial se encargó de ubicarlos en extremos opuestos de la mesa.
El proyecto promete una inversión de US$3 millones, reservas estimadas en 257.000 toneladas y aproximadamente dos décadas de actividad. Antes de que alguien coloque la cinta inaugural, sin embargo, deberá atravesar la Legislatura, cumplir condiciones ambientales, presentar estudios adicionales y conseguir permisos relacionados con el agua. Porque extraer cobre podrá requerir maquinaria pesada, pero conseguir todas las autorizaciones sigue dependiendo de esa tecnología todavía más poderosa conocida como documentación correctamente presentada.
La audiencia pública dejó más del 90% de las exposiciones favorables, según informó oficialmente el Gobierno provincial. Ahora serán diputados y senadores quienes intervengan en la siguiente estación de un procedimiento exigido por la legislación mendocina. El cobre todavía permanece bajo tierra; el proyecto, mientras tanto, ya comenzó una explotación intensiva de comisiones, expedientes y firmas.