Nucleoeléctrica Argentina modificó su estatuto para avanzar con el proceso de privatización parcial impulsado por el Gobierno nacional. Los cambios societarios, difundidos este miércoles 21 de octubre, fijaron un capital social de $6,69 billones.
La empresa opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La reforma prepara su estructura para incorporar inversores privados bajo un esquema que conserva la participación mayoritaria del Estado.
Cómo se distribuirán las acciones
El plan contempla vender el 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. El mecanismo está establecido en el Decreto 695/2025, que encuadra la operación dentro de la autorización otorgada por la Ley Bases.
El Estado conservará el 51% del capital y el control accionario. Además, el esquema prevé un programa de propiedad participada de hasta el 5%, destinado a incorporar a los trabajadores como accionistas.
El Gobierno anunció esta modalidad en septiembre de 2025. Posteriormente, el Ministerio de Economía dispuso el inicio del proceso mediante la Resolución 1751/2025, con instrucciones para preparar la documentación necesaria para la venta.
Qué proyectos busca financiar el Gobierno
Según la Secretaría de Energía, la incorporación de inversores permitirá ampliar el acceso al financiamiento y diversificar riesgos. Entre los destinos previstos figuran la extensión de vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II.
Atucha I permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024 por las obras para prolongar su funcionamiento. El anuncio oficial del esquema de privatización ubicó su regreso al mercado eléctrico en 2027.
Nucleoeléctrica modificó su estatuto para avanzar con la privatización parcial este miércoles 21 de octubre. El Gobierno prevé vender el 44% de la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. El esquema reserva el 51% al Estado y hasta el 5% a los trabajadores. La incorporación de capital privado apunta a financiar proyectos nucleares.
El Gobierno quiere vender el 44% de Nucleoeléctrica y conservar el 51%. La apertura al capital privado viene con una calculadora bastante precisa: entra un socio, pero el Estado se queda con la mayoría. Es como invitar a alguien a poner plata para el asado y aclararle, antes de que llegue, que la parrilla sigue teniendo dueño.
La empresa modificó su estatuto y fijó un capital social de $6,69 billones para avanzar con el proceso. En la administración pública, hasta abrirle la puerta a un inversor requiere primero una asamblea y una reforma de papeles. La energía será nuclear, pero el mecanismo de apertura sigue funcionando a expediente.
La venta del paquete está prevista mediante una licitación nacional e internacional, mientras que hasta el 5% quedaría destinado a un programa para incorporar a los trabajadores como accionistas. El reparto tiene algo de consorcio: un propietario conserva la mayoría, otro entra con una porción importante y los trabajadores también tendrán lugar en la reunión. El ascensor, en este caso, mueve bastante más que vecinos.
La explicación oficial es que el ingreso de capital privado ayudará a financiar proyectos como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados. Conseguir recursos para esas obras tiene un objetivo concreto; la presentación institucional, en cambio, lo envuelve como si cada peso llegara con casco, diploma y vocación de servicio.
Atucha I está fuera de servicio desde septiembre de 2024 por las tareas para prolongar su funcionamiento, y su regreso al mercado está previsto para 2027. Mientras esa central atraviesa su renovación técnica, la empresa prepara la societaria: una necesita obras y la otra, inversores. El estatuto ya cambió; ahora falta que la búsqueda de capital produzca algo más que voltaje en los anuncios.
