El 30 de mayo de 1431, los ingleses montaron en la plaza de Ruan un cadalso con un propósito quirúrgico: no bastaba con matar a Juana de Arco, era indispensable calcinar su credibilidad moral ante los ojos del pueblo. Disfrazaron una disputa de poder territorial bajo cargos de herejía y transgresión religiosa. La quemaron tres veces consecutivas y arrojaron sus cenizas al Sena para asegurarse de que de ella no quedara rastro. Veinticinco años más tarde, la Iglesia revisó el expediente, anuló los cargos y la declaró inocente: la acusación original era una farsa política.
En la escena política actual, la metáfora de la hoguera reaparece, pero con los roles invertidos. Tras confirmarse su sobreseimiento en la causa judicial vinculada a la presunta estafa de la criptomoneda $Libra, Javier Milei no se limitó a exhibir el fallo judicial como vindicación personal; utilizó la sentencia como antorcha para encender una pira simbólica contra los periodistas y medios que impulsaron las denuncias.
La absolución como combustible
En el relato histórico tradicional, la víctima arde primero y la inocencia llega tarde. En el escenario contemporáneo, el sobreseimiento judicial funciona como el punto de ignición de una contraofensiva:
- El tiempo del suplicio: Milei midió el costo de la imputación con precisión quirúrgica: “Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”. En su interpretación, la causa judicial y la comisión investigadora en el Congreso fueron equivalentes al tribunal eclesiástico pro-inglés: instancias armadas no para buscar la verdad material, sino para desgastar la legitimidad presidencial.
- La sentencia absolutoria como veredicto moral: Con el fallo judicial en mano que desestimó los cargos, el mandatario asumió el papel de quien sobrevivió al cadalso y ahora exige cuentas a los acusadores.
- La señalización pública: Al apuntar con nombre y apellido a directivos de medios (Fernando Saguier) y cronistas de investigación (Hugo Alconada Mon), la figura presidencial traslada la condena de la sede penal al escrutinio público, tildándolos de “periodistas delincuentes” que buscaron “esmerilar con mentiras la figura presidencial”.
La pira simbólica: ¿escrutinio o linchamiento?
La comparación con el proceso de Juana de Arco adquiere aquí una dimensión particular sobre cómo operan los relatos de inocencia y castigo:
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Fase del proceso
El martirio de Juana de Arco (1431)
La ofensiva contra la prensa (Caso $Libra)
La acusación inicial
Se inventan cargos doctrinales (herejía, vestimenta) para frenar su avance militar y político.
Se publicitan imputaciones de fraude financiero que, según el mandatario, buscaban desgastar su imagen.
El tribunal instrumental
Jueces eclesiásticos alineados a la corona inglesa ejecutan la condena secular.
Cobertura periodística intensiva y creación de una comisión investigadora en el Congreso.
El giro de inocencia
Anulación papal 25 años después: la víctima es declarada inocente de manera póstuma.
La justicia ordinaria sobresee a Milei y desestima su vinculación penal con la estafa.
El destino de la hoguera
Juana arde en la plaza pública; sus restos son dispersados para borrar el mito.
El sobreseído utiliza la inocencia judicial para colocar en el banquillo público a los periodistas que lo investigaron.
De los tribunales a la plaza pública
Cuando un proceso penal cae por falta de mérito o sobreseimiento definitivo, se abre un debate inevitable sobre los límites del periodismo de investigación y la responsabilidad ulterior. Sin embargo, cuando la respuesta al sobreseimiento adquiere el tono de una represalia sistemática contra la prensa, el rito punitivo cambia de manos:
- La criminalización de la cobertura: Calificar el ejercicio periodístico de “operación delictiva” amenaza con borrar la distinción entre una investigación fallida o sesgada y un delito penal.
- El escarmiento ejemplar: El anuncio de acciones legales y la condena verbal reiterada buscan que el costo reputacional recaiga sobre quienes publicaron las denuncias, desarmando su legitimidad del mismo modo en que antes se buscaba desarmar la del investigado.
En 1431, los operadores del poder usaron la religión para quemar a una líder militar; hoy, el poder político utiliza la confirmación de su inocencia penal como argumento para incinerar la reputación de sus críticos. La constante histórica no reside en los ropajes de los jueces ni en los artículos de los códigos, sino en la tentación permanente de sustituir la verdad de los hechos por el espectáculo purificador del castigo público.
