La Justicia de San Juan ordenó restablecer el servicio de colectivos en toda la provincia y estableció multas de $1.000.000 por cada día de incumplimiento para quienes desobedezcan la resolución. La medida busca garantizar la normalización del transporte público tras las medidas de fuerza que afectaron la circulación de las unidades.

La decisión fue adoptada este jueves 8 de octubre de 2026 por el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, luego de una presentación realizada por la Fiscalía de Estado de San Juan para poner fin a las interrupciones del servicio.

La resolución alcanza a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y las empresas concesionarias del transporte público provincial.

De acuerdo con lo dispuesto por el magistrado, las organizaciones y compañías involucradas deberán reanudar la prestación del servicio una vez que reciban la notificación formal de la orden judicial.

Multas de $1 millón por día para quienes incumplan la orden

Uno de los puntos centrales de la resolución establece sanciones económicas de $1.000.000 diarios frente al incumplimiento de las obligaciones fijadas por la Justicia.

En particular, el fallo determina que los trabajadores que continúen con las medidas de fuerza después de ser notificados quedarán sujetos a una multa de ese monto por cada jornada de incumplimiento.

La decisión judicial también comprende a las entidades sindicales, sus autoridades y las empresas vinculadas con la prestación del servicio, que deberán ajustarse a las disposiciones establecidas.

Además de exigir el restablecimiento de los recorridos, el juez ordenó que las empresas concesionarias pongan a disposición las unidades y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del transporte público en la provincia.

La obligación de normalizar la prestación comenzará a regir para las partes involucradas a partir de sus respectivas notificaciones formales.

La Justicia advirtió sobre posibles consecuencias penales

La resolución firmada por Rollán también contempla consecuencias adicionales si las organizaciones, empresas o personas alcanzadas por la medida no cumplen con lo establecido.

En ese supuesto, el magistrado dispuso que las actuaciones sean remitidas a la Fiscalía General para evaluar la posible comisión de infracciones previstas en los artículos 239 y 106 del Código Penal argentino.

El artículo 239 contempla conductas vinculadas con la resistencia o desobediencia a la autoridad, mientras que el artículo 106 se refiere a supuestos de abandono de persona o situaciones de peligro para su vida o salud.

La eventual intervención de la Fiscalía General tendrá como finalidad analizar si las conductas registradas configuran alguna de las infracciones mencionadas en el fallo.

De esta manera, el incumplimiento de la orden podría derivar no solamente en sanciones económicas, sino también en una evaluación de posibles responsabilidades penales.

Fiscalía de Estado busca garantizar el derecho al transporte

La presentación que dio origen a la resolución judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado de San Juan, con el objetivo de evitar que la interrupción del servicio siguiera perjudicando a los usuarios del transporte público.

Desde el organismo señalaron que la medida buscó proteger especialmente a las personas que dependen de los colectivos para trasladarse a sus trabajos, asistir a establecimientos educativos o concurrir a centros de salud.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó durante una entrevista con 0264 Radio que la intervención tuvo como finalidad conseguir el restablecimiento del servicio y resguardar otros derechos constitucionales afectados por la interrupción del transporte.

La presentación judicial apuntó a garantizar que la prestación vuelva a desarrollarse con normalidad y que las empresas dispongan de los medios necesarios para cumplir con los recorridos.

La resolución establece así una obligación concreta para los sectores involucrados en el conflicto, con sanciones económicas previstas para quienes persistan en el incumplimiento después de recibir la notificación judicial.

La normalización del servicio dependerá ahora del cumplimiento efectivo de la orden por parte de los sindicatos, los trabajadores y las empresas concesionarias, mientras que las eventuales sanciones quedarán sujetas a la verificación de los incumplimientos establecidos en el fallo.