El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°5 de San Martín comenzó a juzgar al comandante de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Juan Alberto López Torales, acusado de haber simulado ser atropellado durante una protesta de trabajadores de la firma LEAR sobre la autopista Panamericana, el 30 de julio de 2014.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 31,5 y fue presenciado por distintos testigos, además de quedar registrado por cámaras de canales de noticias y otros medios de comunicación que cubrían la protesta.

El Ministerio Público Fiscal está representado por el subrogante de la Fiscalía General N°5 ante los TOCF de esa jurisdicción, Carlos Cearras.

La maniobra que terminó con un manifestante detenido

De acuerdo con la acusación, López Torales corrió hacia un Chevrolet Corsa que circulaba a baja velocidad y se arrojó deliberadamente sobre el capot del vehículo, simulando haber sido embestido.

Tras el episodio y bajo la orden del excoordinador de Fuerzas de Seguridad Roberto Ángel Galeano, otros efectivos retiraron por la fuerza al conductor y lo detuvieron.

El hombre permaneció privado de su libertad durante varias horas y se le inició una causa por lesiones culposas y resistencia a la autoridad agravada, que tramitó ante la Unidad Funcional de Instrucción Distrito El Talar del Departamento Judicial de San Isidro.

Finalmente, fue sobreseído el 20 de mayo de 2016.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Fernando Domínguez sostuvo que fueron falsos los motivos utilizados para justificar la detención y señaló que el gendarme no fue atropellado por el manifestante “sino que se arrojó deliberadamente sobre el vehículo”.

“La intervención de López Torales (simular un atropellamiento y afirmación falsa de dicho evento, en un acta de procedimiento y en dos declaraciones testimoniales prestadas bajo juramento de ley los días 30 y 31 de julio de 2014) resultó esencial para la invención –a sabiendas de su falsedad– de una causal de detención –volcada en las actuaciones cuestionadas– destinada a simular una privación de libertad (que se determinó ilegal, cometida mediando abuso funcional y violencia)”, indicó.

Videos, fotografías y la acusación por falso testimonio

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló además que los testimonios, las filmaciones y las fotografías obtenidas por los medios de comunicación evidenciaban que el imputado se había arrojado deliberadamente sobre el vehículo.

En ese contexto, sostuvo que “tal fue la ‘alevosía’ de su inconducta que el periodismo bautizó al procesado, parafraseando una película nacional, como el ‘gendarme carancho’”.

Sobre la base de la prueba reunida, el fiscal Domínguez concluyó que López Torales “mintió bajo juramento” y que la detención del manifestante “se intentó legitimar en la ‘actuación’ de López Torales y de sus falsas declaraciones, natural refuerzo de lo falsamente afirmado en el acta de procedimiento”.

Durante la primera jornada del juicio se leyeron los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y la querella.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Gasset Maisonave, Esteban Rodríguez Eguers y Javier Arzubi Calvo, le preguntó a López Torales, de 64 años, si iba a declarar en indagatoria. El acusado respondió que no.

Cómo seguirá el juicio

La próxima audiencia se desarrollará la semana siguiente y está previsto que declaren la víctima de la presunta maniobra y sus acompañantes.

El debate continuará durante los miércoles de octubre y noviembre.

López Torales llegó a juicio acusado como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio, contemplados en los artículos 142 inciso 1°, 144 bis inciso 1° y último párrafo, y 275 del Código Penal de la Nación.

La escala penal prevista para estos delitos va de uno a cinco años de prisión e incluye la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

La causa recayó en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, y se inició a partir de una denuncia del abogado Manuel Garrido, a la que posteriormente se sumó una presentación de la entonces diputada nacional Miryam Bregman.

Los hechos investigados ocurrieron el 30 de julio de 2014 sobre la autopista Ingeniero Pascual Palazzo, conocida como Panamericana.

Aquel día, pasadas las 9 de la mañana, trabajadores de la autopartista LEAR realizaban una protesta en inmediaciones del kilómetro 31,5, en la localidad de El Talar de Pacheco, partido bonaerense de Tigre.

Mientras personal de Gendarmería rodeaba a los manifestantes, el imputado corrió hacia un Chevrolet Corsa conducido a baja velocidad por uno de ellos y “se arrojó deliberadamente contra el capot del vehículo, simulando haber sido atropellado”, de acuerdo con la denuncia que dio origen a la investigación.