El diputado nacional por Mendoza Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, presentó una reforma penitenciaria para prohibir las comunicaciones mediante celulares, establecer uniformes y crear un arancel para personas condenadas. El proyecto 5365-D-2026 ingresó el miércoles 7 de octubre y fue girado a las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa modifica la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el Código Penal. También incorpora un régimen de trabajo remunerado en el Servicio Penitenciario Federal e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir.
Cómo funcionarían las comunicaciones
El texto propone prohibir las comunicaciones por equipos móviles e instalar inhibidores selectivos en los pabellones. Prevé llamadas a números previamente autorizados y acceso gradual a internet en espacios educativos, además de canales confidenciales para comunicarse con abogados.
La propuesta se suma a la discusión sobre el bloqueo de celulares en establecimientos penitenciarios de Mendoza. Martínez sostiene que las restricciones buscan impedir delitos organizados desde las cárceles.
A quiénes alcanzaría el arancel
El Arancel Único Carcelario contribuiría parcialmente a gastos de alimentación, servicios, atención médica y uniforme. Tendría un límite del 15% del salario mínimo y comenzaría a generarse seis meses después de que la condena quede firme.
Las personas en prisión preventiva quedarían exentas. Quienes acrediten simultáneamente estudio y trabajo tendrían una reducción del 50%. Ante la falta de recursos se acumularía deuda, manteniendo el acceso a alimentos, agua, salud e higiene.
Uniformes y trabajo penitenciario
La vestimenta sería beige o marrón claro, con líneas que identificarían niveles de peligrosidad. La clasificación tendría revisión judicial anual y podría ser impugnada. Quienes estén próximos a la libertad asistida o condicional usarían uniforme liso.
El régimen laboral propuesto incluye remuneración, capacitación y preparación para el egreso. El expediente permanece en trámite parlamentario, con intervención de las dos comisiones asignadas.
Álvaro Martínez presentó un proyecto para prohibir celulares en cárceles, imponer uniformes y crear un arancel para personas condenadas. La iniciativa del diputado mendocino de La Libertad Avanza ingresó el 7 de octubre. Prevé excepciones al cobro, protege las prestaciones esenciales ante deudas y garantiza comunicaciones confidenciales con abogados. Fue girada a dos comisiones de Diputados.
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La reforma carcelaria de Álvaro Martínez viene con inhibidores, uniformes y un arancel. El diputado mendocino de La Libertad Avanza presentó un proyecto que combina restricciones a las comunicaciones con nuevas obligaciones económicas. La iniciativa tiene bastante más letra chica que la consigna de cobrarles los gastos a los presos: para entender quién paga, cuánto y desde cuándo, hace falta pasar del anuncio al articulado.
El Arancel Único Carcelario alcanzaría a personas con condena firme y tendría un tope del 15% del salario mínimo. Quienes estén en prisión preventiva quedarían exentos y quienes estudien y trabajen tendrían una reducción del 50%. El cobro viene acompañado de categorías, plazos y descuentos: hasta la promesa de simplificar responsabilidades necesita su propio mostrador administrativo.
Si una persona condenada carece de recursos, el proyecto prevé que acumule deuda, aunque debe conservar el acceso a comida, agua, atención médica e higiene. También incorpora un régimen de trabajo remunerado para el sistema federal. La cuenta tiene prevista una casilla para la mora; conseguir oportunidades laborales exige algo más que abrir una cuenta a nombre del interno.
En comunicaciones, propone prohibir los teléfonos móviles e instalar inhibidores, pero mantener canales autorizados y contacto confidencial con defensores. La diferencia importa: controlar comunicaciones y garantizar la defensa aparecen dentro del mismo texto. El desafío operativo será bastante más complejo que desenchufar un aparato y anunciar que el problema quedó sin señal.
Los uniformes serían beige o marrón claro, con marcas según la clasificación de peligrosidad, sujeta a revisión judicial. El expediente fue enviado a Legislación Penal y a Presupuesto y Hacienda. Antes de llegar a los pabellones, el proyecto tendrá que atravesar las comisiones: el primer control de acceso de cualquier reforma que quiera convertirse en ley.
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