La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó el martes 20 de octubre una apelación del Gobierno nacional en la causa por el financiamiento universitario. El recurso cuestiona la decisión de continuar con la ejecución de una medida cautelar vinculada con la actualización de salarios docentes y no docentes y los fondos para becas.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y con asistencia de la Procuración del Tesoro, acudió a la Cámara después de que el juzgado de primera instancia rechazara su apelación. Los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán aceptaron la queja y ordenaron tramitar el recurso.
El tribunal consideró que impedir la revisión, mientras corría una orden de cumplimiento con posibles sanciones, podía provocar un perjuicio irreparable al Estado. La evaluación sobre el cumplimiento de la cautelar quedó para una decisión posterior.
Qué cuestiona el Gobierno
El Ejecutivo sostiene que la cautelar fue dictada con un límite temporal que ya venció. Desde esa posición, cuestiona que el juzgado mantenga su ejecución mientras se tramita la apelación de la sentencia dictada en la causa principal.
Capital Humano también afirmó que cumplió las obligaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionadas con salarios y becas. Argumentó que los aumentos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la variación de precios y reclamó precisiones sobre los aspectos pendientes.
La cartera cuestionó además la falta de una liquidación que establezca cuánto debe pagar. Respecto de las becas, sostuvo que las obligaciones discutidas alcanzan al Programa 26, que incluye las Manuel Belgrano, y excluyen a Progresar.
La discusión sobre los efectos de la apelación
La revisión también comprende una intimación que fijaba cinco días para cumplir la cautelar, bajo apercibimiento de multas diarias, conocidas como astreintes. Las sanciones forman parte de otro tramo del litigio, que tuvo como antecedente la revisión de la multa diaria por el financiamiento universitario.
En el Gobierno interpretan que la admisión del recurso suspende la aplicación de la orden cuestionada. La determinación precisa de ese efecto requiere considerar la parte resolutiva del fallo y las reglas aplicables al expediente.
El conflicto se originó en el amparo del Consejo Interuniversitario Nacional y otras instituciones contra el Decreto 759/2025. Esa norma promulgó la ley y condicionó su ejecución a la incorporación de las partidas presupuestarias correspondientes.
La aplicación de la ley y la recomposición salarial estuvieron entre los reclamos de la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria en San Juan. Ahora, el juzgado de primera instancia deberá dar trámite a la apelación habilitada por la Cámara.
