La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Gobierno de La Rioja, encabezado por Ricardo Quintela, por considerar inconstitucional el decreto provincial que dispuso el congelamiento de las tarifas eléctricas para los usuarios.

La medida del Ejecutivo riojano busca evitar que los aumentos definidos a nivel nacional se trasladen directamente a las facturas de los hogares. Según la administración provincial, el objetivo es absorber con recursos del Estado local el costo de los incrementos y reducir su impacto sobre los ingresos familiares.

El conflicto judicial también involucra una deuda de 8.000 millones de pesos reclamada por CAMMESA, mientras las autoridades riojanas sostienen que existen fondos nacionales pendientes de transferencia que deberían contemplarse en la discusión.

Quintela cuestionó la demanda y defendió el congelamiento

El gobernador Ricardo Quintela rechazó públicamente la presentación judicial y cuestionó la intervención de organismos nacionales en una decisión que, según su postura, busca proteger a los consumidores de La Rioja.

En sus redes sociales, el mandatario expresó:

«La alianza del ajuste nacional entre la Secretaria de Energía de la Nación y CAMMESA, cuentan ahora con un nuevo actor, la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a través de una demanda judicial amañada buscan poner en duda la constitucionalidad de un Decreto de la Función Ejecutiva Provincial, que decidió no trasladar los excesivos costos de los cuadros tarifarios impuestos por la nación a los usuarios de la provincia».

Quintela sostuvo que la política tarifaria provincial responde a derechos reconocidos en la Constitución local y ratificó su rechazo a trasladar los incrementos a los hogares.

En ese sentido, afirmó:

«El ajuste salvaje al pueblo tiene un limite en La Rioja, y ese limite esta fijado por la Constitución Provincial, el derecho al agua, a la energía y a la conectividad son superiores a cualquier política de crueldad y ajuste definido por el gobierno nacional».

La posición del Gobierno provincial es que la suspensión de los aumentos para los usuarios no implica desconocer los valores establecidos por las autoridades nacionales, sino asumir desde el presupuesto riojano la diferencia correspondiente.

Advierten que las facturas podrían superar el 300% de aumento

El asesor del Gobierno de La Rioja, Pedro Goyochea, explicó que la provincia reconoce los cuadros tarifarios oficiales, pero resolvió intervenir para impedir que el incremento se refleje directamente en las boletas de los consumidores.

El funcionario advirtió que, sin ese mecanismo, los usuarios deberían afrontar subas considerablemente superiores a las que actualmente pagan.

“Si el usuario tuviera que pagar las boletas con el aumento, al día de la fecha tendrían que estar afrontando facturas con aumentos de más del 300% en relación a diciembre 2023”, sostuvo.

Goyochea vinculó la decisión con la situación económica de las familias y el impacto de los servicios públicos sobre sus presupuestos.

“El ajuste está centrado exclusivamente en las familias, en la clase trabajadora, y esto hace que cualquier tipo de presupuesto se vea afectado. Por eso la Provincia interviene en las tarifas de los servicios”, afirmó.

Desde el Ejecutivo riojano argumentan que el Estado provincial debe adoptar medidas para acompañar a los ciudadanos cuando el costo de los servicios compromete la capacidad de afrontar otros gastos esenciales.

El decreto cuestionado por CAMMESA

El origen de la controversia se remonta a enero de 2024, cuando la provincia impulsó la Resolución Ministerial N.º 133/2024, que avaló la suspensión de los aumentos tarifarios para los usuarios.

De acuerdo con la interpretación del Gobierno riojano, CAMMESA busca que los costos establecidos por la política energética nacional sean trasladados directamente a las facturas, sin la intervención económica de la provincia.

Goyochea describió así el planteo:

“La acción que inicia CAMESA se sustenta exclusivamente en exigir que el costo de los cuadros tarifarios sea transferido directamente a los usuarios y que no esté mediado por ninguna acción del Estado provincial, quieren la nulidad del decreto”.

El funcionario remarcó que La Rioja no pretende desconocer las decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación, organismo competente para definir los cuadros tarifarios, sino implementar una alternativa para que las subas no recaigan directamente sobre los consumidores.

La demanda coloca ahora bajo análisis judicial el alcance de las atribuciones provinciales para aplicar este mecanismo de compensación.

La Rioja podría extender el congelamiento de las tarifas

La última prórroga del congelamiento tarifario finalizó el 31 de octubre. Sin embargo, Goyochea anticipó que existe la posibilidad de que el Ejecutivo provincial disponga una nueva extensión.

La continuidad de la medida permitiría mantener por más tiempo el esquema mediante el cual la provincia absorbe los incrementos del costo eléctrico que, de otro modo, podrían trasladarse a los hogares.

Por el momento, la eventual prórroga permanece como una posibilidad planteada por las autoridades, sin que en la información difundida se confirme una nueva disposición.

La deuda de 8.000 millones de pesos y el reclamo por fondos nacionales

Otro punto central del conflicto es el reclamo de CAMMESA por una deuda de 8.000 millones de pesos atribuida al Gobierno de La Rioja.

Desde la administración provincial vincularon la cancelación de esa obligación con recursos que consideran pendientes de transferencia por parte del Estado nacional.

En particular, mencionaron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros fondos que, según su postura, fueron retenidos a la provincia en relación con los presupuestos de 2024 y 2025.

Goyochea sostuvo:

“Está determinado que esos fondos por parte de la provincia se aplican a CAMMESA cuando el Estado Nacional le reintegre a La Rioja los ATN, como así también los fondos que le fueron retenidos a la provincia de los presupuestos reconocidos del año 2024 y 2025”.

De esta manera, la controversia reúne dos discusiones vinculadas: la constitucionalidad del congelamiento tarifario y las obligaciones económicas entre la provincia, CAMMESA y el Estado nacional.

La Corte Suprema deberá intervenir sobre el planteo judicial presentado contra la medida provincial, mientras el Gobierno de La Rioja mantiene su postura de evitar que los incrementos eléctricos nacionales se trasladen directamente a las facturas de los usuarios.