Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid provocó una fuerte movilización social en defensa del derecho a la vivienda, murió este miércoles 7 de octubre después de permanecer alrededor de 15 días hospitalizada.

La mujer había sido desalojada el pasado 23 de septiembre de la vivienda ubicada en el barrio de Ibiza, en Madrid, donde había residido durante aproximadamente 70 años.

Su fallecimiento fue comunicado por el Sindicato de Inquilinas. Maricarmen permanecía internada en el Hospital Gregorio Marañón desde los días posteriores al desahucio.

Un desahucio que generó una fuerte reacción social

El caso de Maricarmen adquirió repercusión nacional después de que fuera desalojada de su vivienda y trasladada en camilla durante el procedimiento.

La situación provocó protestas y movilizaciones vinculadas con la crisis habitacional y el reclamo por una mayor protección para las personas en situación de vulnerabilidad frente a los desahucios.

Las protestas derivaron además en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que reunió a personas afectadas por problemas de vivienda y a organizaciones que reclamaron medidas para frenar desalojos y mejorar las condiciones de acceso al alquiler.

Tras conocerse la muerte de Maricarmen, participantes de la movilización realizaron un minuto de silencio en su memoria.

Había un acuerdo para que pudiera regresar

Después del desahucio y de la presión generada por las protestas, se alcanzó una solución que contemplaba la posibilidad de que Maricarmen regresara a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

Sin embargo, la mujer continuaba hospitalizada y finalmente murió antes de poder regresar a su casa.

Su situación llegó a convertirse en una referencia dentro del debate sobre los desalojos en España y fue mencionada incluso en otros procesos judiciales vinculados con personas vulnerables que enfrentaban la pérdida de sus viviendas.

Un símbolo del reclamo por la vivienda

Maricarmen había vivido durante aproximadamente siete décadas en el inmueble antes de ser desalojada. Su caso adquirió especial notoriedad por su edad, las circunstancias del procedimiento y la posterior reacción de organizaciones sociales y ciudadanos.

La muerte de la mujer se produjo mientras en España continúa abierto el debate político y judicial sobre los desahucios, el precio de los alquileres y las herramientas de protección para inquilinos vulnerables.

Las movilizaciones iniciadas después de su desalojo continuaron durante los días posteriores y su historia quedó asociada al reclamo por el acceso a una vivienda digna y por mayores garantías para quienes enfrentan procesos de desahucio.